El gobernador se equivocó: las retenciones sí afectan a Mendoza
O bien erró la estrategia o el gobernador se equivocó de plano. Esas pueden ser las explicaciones de la movida de Celso Jaque que, en medio de la profunda crisis que atraviesa el país, buscó poner a la provincia fuera del conflicto.
¿Cómo se planta Jaque ante esto? Sus últimas declaraciones y las de su entorno pueden ayudar a develar el plan. “El problema es de los productores de soja. En todo caso, Jaque presentó a la presidenta una carta para buscar soluciones a los problemas de los productores mendocinos”, dijeron voceros oficiales el domingo, al informar que el gobernador no se sentaría con los legisladores nacionales por Mendoza para armar una estrategia común.
“No tengo nada que opinar. Es una decisión que él ha tomado para reunirse con los gobernadores de la soja y Mendoza no es una provincia sojera”, dijo el propio Jaque, para dejar en off side a Julio Cobos y su convocatoria a los gobernadores. Convocatoria que el vicepresidente le hizo de manera personal al mandatario mendocino.
Por lo que se supo desde el Congreso Nacional y por lo que está a la vista, el gobernador y los diputados del Justicialismo kirchnerista harán lo siguiente: tratarán de negociar beneficios para el agro local, a cambio de votar afirmativamente el proyecto de ley del oficialismo que apunta a no modificar el régimen de retenciones.
En ese sentido sobre la mesa están beneficios específicos para la compra de fertilizantes, un plan para contratar mano de obra o un aporte mayor del Estado nacional para la Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina).
Si algo de esto se concreta para Mendoza, los votos de los legisladores oficialistas mendocinos quedarán garantizados y el plan canje concretado. Aunque suene más a una salida política elegante de Jaque y los diputados, quienes de esta manera no enfrentarán a Cristina en el Congreso y le levantarán la mano, sin discutir, a las retenciones que el gobernador mendocino se empeña en calificar como inocuas para la provincia.
Jaque estará en la Capital Federal mañana para hablar este tema en la Casa Rosada. Por las dudas, la diputada jaquista Patricia Fadel, salió a despistar: “Esto no es la cajita feliz, no es un voto a cambio de una ley”, disparó, en el caótico inicio de las deliberaciones del plenario de diputados oficialistas para decidir qué hacer con la resolución 125, que habilita las retenciones móviles al agro.
Jaque deberá ponerse a la cola del resto de los gobernadores que están buscando una salida similar a la suya. El diario Crítica de la Argentina reveló que “para aprobar el proyecto oficial, los Kirchner deberán negociar con sus diputados, que ahora reclaman recursos para sus provincias” y se habla de un “plan canje” que le costaría al Estado nacional unos $450 millones y que, además de beneficios para Mendoza, traería aparejados “incentivos para la producción de olivares, tabaco, frutas y otras yerbas” para otros distritos.
El reclamo de San Luis que Mendoza no mira
El ministerio de Hacienda de la provincia podrá discutir el monto de afectación de la coparticipación como consecuencia de la aplicación de las retenciones móviles. Pero no podrá negar que los ingresos federales caerán este año por esta medida.
Sin ir más lejos el ministro Adrián Cerroni admitió, el pasado jueves, que ya se había registrado una baja en la coparticipación. Aunque la atribuyó a los piquetes, los cortes de ruta y al desabastecimiento. Nada habló de la aplicación de las retenciones.
“Se está notando el impacto del conflicto nacional en los ingresos de coparticipación y en la recaudación de Ingresos Brutos provincial, porque hay un menor nivel de actividad”, reconoció.
Quien sí reaccionó fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. El 25 de abril pasado solicitó ante la Suprema Corte de Justicia que se declare la inconstitucionalidad de todos los Derechos de Exportación (DE) que hayan sido establecidos por el Estado Nacional a partir del 1 de enero de 2002. También hizo lo propio con las leyes de prórroga de la emergencia económica. La Corte aceptó el caso.
El argumento de los puntanos es simple. Entienden que una medida que modifica la coparticipación federal de impuestos a las provincias debe formalizarse a través de una Ley Convenio. Es decir, que sea firmada por todos los gobernadores, aprobada en el Congreso por mayoría especial y luego ratificada por las Legislaturas provinciales.
Y en ese sentido, que son inconstitucionales aquellas que se resuelven a través de decretos o resoluciones. En el caso de las retenciones móviles de la discordia, fue firmada por el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau.
El gobierno mendocino nada habla de esto. Y llama la atención el silencio: Mendoza fue la punta de lanza de un reclamo judicial casi idéntico que se comenzó a realizar en 1998 por los perjuicios de la promoción industrial, que se sostuvo en el argumento de que esa medida tomada por decreto por el entonces presidente Carlos Menem, había afectado los ingresos coparticipables de la provincia.
El caso se terminó resolviendo de manera favorable a Mendoza y desembocó en un arreglo extrajudicial que Julio Cobos y Néstor Kirchner alcanzaron en 2006 por más de $1.000 millones.
Pero la negación de Jaque es sorprendente si se toma en cuenta las declaraciones que hace pocos días hizo el ministro de la Corte Suprema y docente uiversitario de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, quien indicó a MDZ que "en principio, las retenciones son inconstitucionales".
Pero el silencio se hace más notorio aún, si se recuerda quién inició el reclamo de 1998 que luego la provincia ganó. Fue Arturo Lafalla, entonces gobernador y ¿ex? referente político del malargüino.