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Carlos Rico podría dejar su cargo si aprueban ley en el Congreso
Se trata de una iniciativa que busca impedir que funcionarios de la dictadura ejerzan cargos públicos en democracia. El proyecto es de la diputada nacional Victoria Donda Pérez y tendría su repercusión en Mendoza por las denuncias que pesan sobre el subscretario de Seguridad, Carlos Rico, y su posible participación en el aparato represivo de la última dictaduda.
El caso del subsecretario de Seguridad de Mendoza, Carlos Rico, denunciado por organismos de Derechos Humanos por su participación en la dictadura, se ha conocido a nivel nacional en varias oportunidades.
Ahora, la posibilidad de continuar en sus funciones podría verse interrumpida a partir de un proyecto de ley que hoy presentará la diputada Victoria Donda Pérez en el Congreso de la Nación, y que impediría a funcionarios políticos vinculados con gobiernos de facto, asumir cargos dirigenciales en gobierno democráticos.
Donda –hija de desaparecidos y nacida en cautiverio en la ESMA- no sólo se ha basado en el caso del actual funcionario del Ministerio de Seguridad de Mendoza. Por estas horas, la Corte de Justicia ha avalado al Luis Patti -actualmente en prisión-, para que pueda asumir su banca como diputado, mientras legisladores kirchneristas han pedido al Gobierno nacional elevar el reclamo a la Corte Interamericana, como última posibilidad para impedir que el ex subcomisario asuma su banca en la Cámara baja.
El proyecto de la diputada por el Movimiento Libre del Sur busca impedir que se postulen a candidaturas políticas todas aquellas personas que estén condenadas, imputadas o involucradas mediante pruebas suficientes en delitos de lesa humanidad.
Lo significativo es que una vez que la ley sea promulgada, y la idea es que entre en vigencia en el lapso de un mes, afectará a quienes hayan sido designados por el Poder Ejecutivo. Tal es el caso de Carlos Rico en Mendoza, nombrado como responsable de la seguridad por el ministro Juan Carlos Aguinaga y ratificado en el cargo, a pesar de las denuncias, por Celso Jaque hasta que la justicia dictamine si estuvo involucrado en delitos de lesa humanidad.
Otro funcionario que debería dejar el cargo si se aprueba esta nueva legislación, sería Franklin José Moyano, ministro de salud de Santiago del Estero, quien ocupara cargos dirigenciales en la misma cartera pero en 1980.
Sin embargo, lo llamativo del proyecto es que exceptuará a aquellos funcionaros que fueron elegidos por el voto popular, por lo que Luis Patti no sería tocado por esta nueva figura legal. Patti actualmente está imputado por delitos de violación a los derechos humanos, pero consiguió su banca en la cámara baja gracias al voto democrático en 2005, aunque nunca pudo asumir por diversas impugnaciones y su actual prisión.
Fuente: Crítica de la Argentina
Otro funcionario que debería dejar el cargo si se aprueba esta nueva legislación, sería Franklin José Moyano, ministro de salud de Santiago del Estero, quien ocupara cargos dirigenciales en la misma cartera pero en 1980.
Sin embargo, lo llamativo del proyecto es que exceptuará a aquellos funcionaros que fueron elegidos por el voto popular, por lo que Luis Patti no sería tocado por esta nueva figura legal. Patti actualmente está imputado por delitos de violación a los derechos humanos, pero consiguió su banca en la cámara baja gracias al voto democrático en 2005, aunque nunca pudo asumir por diversas impugnaciones y su actual prisión.
Fuente: Crítica de la Argentina