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"De yuyos y otras yerbas", la crisis del campo vista por Pepe Eliaschev
El periodista hace un profundo análisis sobra la situación del campo y el gobierno argentino. "Tras la apariencia de tremebundos combates por la renta agraria, presentados por un Gobierno empachado de ideologismo setentista en cruzada contra un campo supuestamente antinacional, retardatario y antidemocrático por naturaleza, lo que termina por desnudarse es un conflicto más profundo y más brutal aún".
Si la crisis nacional importante, que acaba de alcanzar cotas de fenomenal exaltación, algo deja de conclusión inicial, es que se han puesto sobre la mesa un puñado de cuestiones decisivas. Finalmente, los empujones y con escasa sutileza, se están debatiendo ideas.
Es cierto que para el Gobierno siempre se trata de defender lo que llaman "el modelo" y en ofrenda a ese paquete de nociones más o menos elementales, parten presurosos a todo combate.
La Argentina padece un estrangulamiento muy fuerte, derivado de una normativa teóricamente federal castrada por una realidad política de imponente concentración unitaria del poder.
Tras la apariencia de tremebundos combates por la renta agraria, presentados por un Gobierno empachado de ideologismo setentista en cruzada contra un campo supuestamente antinacional, retardatario y antidemocrático por naturaleza, lo que termina por desnudarse es un conflicto más profundo y más brutal aún.
Cabe preguntar quiénes son hoy "la" Argentina. ¿Quiénes financian al país? ¿Quiénes lo administran? ¿De dónde provienen los recursos? ¿Cómo se gastan? ¿A quién y cómo se rinden cuentas de ese dinero?
Como modelo de manejo de país, la retención a los beneficios del negocio agropecuario es un método primitivo y muy deficiente.
Como razona con impecable precisión el economista Alieto Aldo Guadagni, "las retenciones son atractivas, ya que impiden el alza del costo de los alimentos en el mercado interno, evitando así presiones inflacionarias, pero son pocos los países que gravan sus exportaciones. Argentina lidera este reducido grupo, ya que aplica no sólo impuestos a sus exportaciones, sino que, además, impone restricciones cuantitativas".
Guadagni demuestra que "el daño que causan al crecimiento agroindustrial estas medidas es superior al costo que venimos soportando por los subsidios y el proteccionismo que los países ricos inventaron después de la Segunda Guerra Mundial, contra el cual hemos bregado por décadas. La abolición de las retenciones tendría un efecto positivo sobre la inversión y la incorporación de más tecnología, lo cual redundaría en más producción y más empleo en la cadena agroindustrial, contribuyendo así a un fuerte crecimiento regional".
Hay que decirlo: la retención es a la economía lo mismo que los decretos de necesidad y urgencia con que se maneja la política en la Argentina desde 2002/2003.
Reemplaza lo esencial, plasmado en la Constitución como derivación de la idea de Argentina como país, una república configurada en 1853 a partir de unas "provincias unidas" que supuestamente se coaligan de manera voluntaria para crear un poder federal representativo, defensor del concepto de nación, pero interesado en proteger los intereses, las preocupaciones y las necesidades de cada uno de los actores del gran escenario nacional.
El dinero que facturan los productores de Córdoba, La Pampa, Santa Fe o Buenos Aires ¿debe ser incautado por una administración política que blande la idea intimidatoria de la "redistribución de la riqueza" como frase tótem y abre puertas mágico? ¿Qué pasaría si el progresismo chatarra que se usa para castigar al campo fuera reemplazado por una auténtica transformación de la retardataria política fiscal que preserva y defiende el kirchnerismo desde hace cinco años?
Si las retenciones fuesen reemplazadas por una progresista aplicación del impuesto a las ganancias, razona Guadagni, "alrededor del 70 por ciento sería cubierto por los mayores ingresos del Impuesto a las Ganancias y otros tributos (hay que tener en cuenta que la producción de toda la cadena aumentaría).
Para cubrir el faltante, las provincias deberían actualizar el impuesto inmobiliario rural; en Buenos Aires hay buenos campos a 90 kilómetros del Congreso que apenas pagan anualmente 7 dólares por hectárea y el promedio de toda la provincia es de 4 dólares. Pero como el Tesoro se lleva nada menos que 100 veces más con las retenciones no se puede tocar el inmobiliario, empobreciendo así al fisco provincial y también al municipal".
El oficialismo, además de rotular despectivamente de "yuyo" a la soja, se afana en un sistemático desprecio por sus bestias negras: los pools de siembra.
Está empachado de frases hechas y estériles, equivalentes a las que hace un cuarto de siglo reiteraban parecidas simplificaciones y ridículas abstracciones.
Como en los panfletos del siglo XX, la concentración de la tierra es descripta como un mal en sí mismo, sin analizar su eficiencia y productividad.
Abominable perfume de regresiva nostalgia ideológica: los cruzados de la "redistribución de la riqueza" no aceptan razones y no entienden por qué el campo argentino ha sido tan colosalmente exitoso en estos últimos diez años.
De 1996 a 2006 la producción argentina de soja pasó de 15 a 47 millones de toneladas, recaudando 20.000 millones de dólares. Los hechos son testarudos.
Para Víctor Trucco, el presidente honorario de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aaapresid), la producción de soja se incrementó 1000 veces en la Argentina, en poco más de 30 años.
Advierte que junto con la soja, creció el polo aceitero más competitivo del mundo y se transformaron los puertos argentinos. "Hay que darse cuenta que es con la venta de la soja y sus derivados que se pagan las investigaciones científicas y la innovación tecnológica. La soja es un negocio de 25.000 millones de dólares" puntualiza.
Este es el "yuyo" del que habla, con su capacidad para ser hiriente, la señora de Kirchner.
Las economías de escala, justamente, permitieron esa evolución tan pronunciada de las áreas sembradas y de los rindes obtenidos.
Es pura demagogia y oportunismo calificar a la soja como una plaga argentina, como si fuese coca u opio, y no una recia oleaginosa, blindada por la ingeniería genética y puesta al servicio de alimentar a los animales que luego nutren a decenas de millones de seres humanos.
Desde luego, una economía como la argentina, bendecida por ventajas naturales, geográficas y humanas excepcionales, no debe hipotecarse en la obsesión por un solo cultivo exitoso, pero si el Gobierno tuviera un compromiso real con criterios de diversificación de la base agropecuaria y un firme convencimiento en torno de la necesidad de propiciar la rotación de cultivos, ¿por qué castiga la producción de trigo, carne y leche, tornando cada vez menos rentable su desarrollo? ¿No sería preferible discriminar a favor, estrategia más inteligente para que la Argentina sea un jugador versátil y rendidor en la oferta mundial de alimentos y productos del campo cualificados por valor agregado suplementario?
El Gobierno consiguió el apoyo activo de la burguesía bancaria nativa, aunque, preso de su dogmatismo, piensa que "al campo" hay que tenerlo corto de riendas, encajonado y encañonado.
Pero si algo determina lo progresista o retardatario de una sociedad cualquiera es cómo cobra impuestos. Explica el economista Juan José Llach, "los métodos permanentes que se aplican en casi todo el mundo son otros. Fiscalmente, el impuesto a las ganancias y el inmobiliario. Los principales impuestos que usan los países exitosos para redistribuir ingresos son el impuesto a las ganancias y el inmobiliario. Ganancias se puede cobrar en la Aduana, y soslayar así su presunta incobrabilidad. También puede ser instrumento para aliviar la carga fiscal de pequeños productores, estableciendo alícuotas progresivas a las empresas como las hay para las personas".
Este dinámico debate agrario es de gran utilidad histórica porque permite visualizar nudos de la problemática nacional y calificar por su natural densidad las cuestiones importantes, pero en la Argentina cansan ya las retóricas incendiarias que nada solucionan.
El Gobierno debe encabezar un esfuerzo nacional serio, racional, prudente y lleno de sentido común. Puede tener mucho poder político y mucha "caja", pero eso produce empacho y saturación, a la corta, o a la larga.
Como modelo de manejo de país, la retención a los beneficios del negocio agropecuario es un método primitivo y muy deficiente.
Como razona con impecable precisión el economista Alieto Aldo Guadagni, "las retenciones son atractivas, ya que impiden el alza del costo de los alimentos en el mercado interno, evitando así presiones inflacionarias, pero son pocos los países que gravan sus exportaciones. Argentina lidera este reducido grupo, ya que aplica no sólo impuestos a sus exportaciones, sino que, además, impone restricciones cuantitativas".
Guadagni demuestra que "el daño que causan al crecimiento agroindustrial estas medidas es superior al costo que venimos soportando por los subsidios y el proteccionismo que los países ricos inventaron después de la Segunda Guerra Mundial, contra el cual hemos bregado por décadas. La abolición de las retenciones tendría un efecto positivo sobre la inversión y la incorporación de más tecnología, lo cual redundaría en más producción y más empleo en la cadena agroindustrial, contribuyendo así a un fuerte crecimiento regional".
Hay que decirlo: la retención es a la economía lo mismo que los decretos de necesidad y urgencia con que se maneja la política en la Argentina desde 2002/2003.
Reemplaza lo esencial, plasmado en la Constitución como derivación de la idea de Argentina como país, una república configurada en 1853 a partir de unas "provincias unidas" que supuestamente se coaligan de manera voluntaria para crear un poder federal representativo, defensor del concepto de nación, pero interesado en proteger los intereses, las preocupaciones y las necesidades de cada uno de los actores del gran escenario nacional.
El dinero que facturan los productores de Córdoba, La Pampa, Santa Fe o Buenos Aires ¿debe ser incautado por una administración política que blande la idea intimidatoria de la "redistribución de la riqueza" como frase tótem y abre puertas mágico? ¿Qué pasaría si el progresismo chatarra que se usa para castigar al campo fuera reemplazado por una auténtica transformación de la retardataria política fiscal que preserva y defiende el kirchnerismo desde hace cinco años?
Si las retenciones fuesen reemplazadas por una progresista aplicación del impuesto a las ganancias, razona Guadagni, "alrededor del 70 por ciento sería cubierto por los mayores ingresos del Impuesto a las Ganancias y otros tributos (hay que tener en cuenta que la producción de toda la cadena aumentaría).
Para cubrir el faltante, las provincias deberían actualizar el impuesto inmobiliario rural; en Buenos Aires hay buenos campos a 90 kilómetros del Congreso que apenas pagan anualmente 7 dólares por hectárea y el promedio de toda la provincia es de 4 dólares. Pero como el Tesoro se lleva nada menos que 100 veces más con las retenciones no se puede tocar el inmobiliario, empobreciendo así al fisco provincial y también al municipal".
El oficialismo, además de rotular despectivamente de "yuyo" a la soja, se afana en un sistemático desprecio por sus bestias negras: los pools de siembra.
Está empachado de frases hechas y estériles, equivalentes a las que hace un cuarto de siglo reiteraban parecidas simplificaciones y ridículas abstracciones.
Como en los panfletos del siglo XX, la concentración de la tierra es descripta como un mal en sí mismo, sin analizar su eficiencia y productividad.
Abominable perfume de regresiva nostalgia ideológica: los cruzados de la "redistribución de la riqueza" no aceptan razones y no entienden por qué el campo argentino ha sido tan colosalmente exitoso en estos últimos diez años.
De 1996 a 2006 la producción argentina de soja pasó de 15 a 47 millones de toneladas, recaudando 20.000 millones de dólares. Los hechos son testarudos.
Para Víctor Trucco, el presidente honorario de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aaapresid), la producción de soja se incrementó 1000 veces en la Argentina, en poco más de 30 años.
Advierte que junto con la soja, creció el polo aceitero más competitivo del mundo y se transformaron los puertos argentinos. "Hay que darse cuenta que es con la venta de la soja y sus derivados que se pagan las investigaciones científicas y la innovación tecnológica. La soja es un negocio de 25.000 millones de dólares" puntualiza.
Este es el "yuyo" del que habla, con su capacidad para ser hiriente, la señora de Kirchner.
Las economías de escala, justamente, permitieron esa evolución tan pronunciada de las áreas sembradas y de los rindes obtenidos.
Es pura demagogia y oportunismo calificar a la soja como una plaga argentina, como si fuese coca u opio, y no una recia oleaginosa, blindada por la ingeniería genética y puesta al servicio de alimentar a los animales que luego nutren a decenas de millones de seres humanos.
Desde luego, una economía como la argentina, bendecida por ventajas naturales, geográficas y humanas excepcionales, no debe hipotecarse en la obsesión por un solo cultivo exitoso, pero si el Gobierno tuviera un compromiso real con criterios de diversificación de la base agropecuaria y un firme convencimiento en torno de la necesidad de propiciar la rotación de cultivos, ¿por qué castiga la producción de trigo, carne y leche, tornando cada vez menos rentable su desarrollo? ¿No sería preferible discriminar a favor, estrategia más inteligente para que la Argentina sea un jugador versátil y rendidor en la oferta mundial de alimentos y productos del campo cualificados por valor agregado suplementario?
El Gobierno consiguió el apoyo activo de la burguesía bancaria nativa, aunque, preso de su dogmatismo, piensa que "al campo" hay que tenerlo corto de riendas, encajonado y encañonado.
Pero si algo determina lo progresista o retardatario de una sociedad cualquiera es cómo cobra impuestos. Explica el economista Juan José Llach, "los métodos permanentes que se aplican en casi todo el mundo son otros. Fiscalmente, el impuesto a las ganancias y el inmobiliario. Los principales impuestos que usan los países exitosos para redistribuir ingresos son el impuesto a las ganancias y el inmobiliario. Ganancias se puede cobrar en la Aduana, y soslayar así su presunta incobrabilidad. También puede ser instrumento para aliviar la carga fiscal de pequeños productores, estableciendo alícuotas progresivas a las empresas como las hay para las personas".
Este dinámico debate agrario es de gran utilidad histórica porque permite visualizar nudos de la problemática nacional y calificar por su natural densidad las cuestiones importantes, pero en la Argentina cansan ya las retóricas incendiarias que nada solucionan.
El Gobierno debe encabezar un esfuerzo nacional serio, racional, prudente y lleno de sentido común. Puede tener mucho poder político y mucha "caja", pero eso produce empacho y saturación, a la corta, o a la larga.