Los detalles del duro informe que la Nación hizo sobre Carlos Rico

El informe que el gobernador Celso Jaque recibió por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el mes pasado, fue contundente al señalar que la presencia del comisario retirado Carlos Rico Tejeiro en el Ejecutivo provincial no hace más que dañar los principios en los que se basa el Estado de Derecho.

Si bien Jaque nunca quiso hablar del tema, y negó conocer el contenido de la carpeta enviada por Eduardo Luis Duhalde, el contenido de esas hojas se convirtió en un peso político con que el mandatario no pretendía cargar a esta altura de su gestión. Especialmente, por el secretario de Derechos Humanos de la Nación dejó en claro que su opinión en este tipo de casos no se limita sólo a aquellos expedientes que contienen documentación constada por la Conadep.

“Se trata en última instancia de aconsejar al Poder Ejecutivo Nacional en el campo del fundamento de su decisión discrecional en la materia, valorando las circunstancias que rodean a dichas piezas documentales”, se puede leer en el informe de 19 páginas.  De este modo, se refleja que la postura de la Secretaría de Derechos Humanos no es más que la opinión que la Ejecutivo Nacional tendrá sobre este tipo de temas.

Para Duhalde, Rico y sus subordinados no conformaban un grupo que se movía de manera autárquica, sino que respondían a todo un andamiaje diseñado desde el gobierno de facto para llevar a cabo operaciones que incluían secuestros, torturas y homicidios, entre otros delitos de lesa humanidad.

Para entender este punto, vale la explicación que recibió Celso Jaque: “Es inevitable partir de la premisa que enseña que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que azotaron al país entre 1976/83, son parte de un proceso multidimensional, y que por esa razón reclaman un abordaje dogmático algo más complejo que las pautas utilizadas para los crímenes cotidianos. En otras palabras, no se trata de personas que aisladamente habrían cometido delitos mientras ejercían cargos públicos. No, es precisamente a la inversa, porque se trató de una cuestión más amplia en la que los imputados fueron engranajes de una maquinaria aceitada y compleja que desdobló las actividades del poder público en un segmente legal y otro ilegal. Y de allí deriva la necesidad de recurrir a otras perspectivas”.

La conclusión de Duhalde no deja lugar a dudas. Afirma que Rico no está éticamente habilitado para ocupar ese cargo “por su acreditada responsabilidad en la cadena de mando en relación a la estructura implementada en el ejercicio de la represión ilegal durante el período dictatorial”