Un Dios que aprieta y también ahorca
La problemática que plantea la defensa de los intereses de Mendoza, tiene protagonistas centrales. Ellos son nuestros legisladores nacionales, quienes desde sus lugares tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados pueden ejercer un real control de las acciones de la Nación, pero –y especialmente- exigir el cumplimiento de los derechos que asisten a nuestra provincia como estado federal.
En ese sentido, consultamos a todos nuestros legisladores sobre una serie de tópicos que tienen que ver con el presupuesto nacional, la obra pública que se destina a Mendoza, el régimen de coparticipación, la promoción industrial, las regalías petrolíferas, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las autonomías provinciales y el actual esquema impositivo, entre otros.
El cuestionario, de 10 preguntas, fue remitido a todos los diputados y senadores nacionales de Mendoza: Omar De Marchi, Enrique Thomas, Susana Genem, Silvia Lemos, Patricia Fadel, Juan González, Guillermo Pereyra, Jorge Alvaro, Laura Montero, Jorge Albarracín, María Cristina Perceval, Ernesto Sanz y Mónica Troadello. Sólo respondieron un senador (Ernesto Sanz-UCR) y tres diputados (Omar De Marchi-PD, Silvia Lemos-UCR y Patricia Fadel-PJ). Aunque, esta última con una salvedad, ya que sólo respondió hasta la pregunta 7, aduciendo que las tres restantes estaban incluidas en sus respuestas anteriores.
Verdaderamente, hubiéramos esperado una mejor respuesta a la convocatoria, pero también creemos que esta preocupación de los legisladores habla del énfasis que se le otorgan a estos temas en el Parlamento Nacional. Y que en todo caso este aparente desinterés, no es más que un síntoma profundo de lo titánico de la tarea en estas condiciones, y con estos actores.
¿No nos quieren?
La primera pregunta indagó sobre si Mendoza es beneficiada o perjudicada en la distribución del presupuesto. El senador Ernesto Sanz (UCR) consideró que la provincia “no recibe fondos en proporción a su aporte, y mucho menos en proporción a sus necesidades de infraestructura y desarrollo económico”. En el mismo sentido, el diputado Omar De Marchi (PD) agregó que “Mendoza está en franca desventaja respecto al resto”, en especial a las provincias vecinas, y estimó que “las partidas definidas en el ‘dibujo’ presupuestario nacional no responden a la totalidad de los recursos que dispone el Estado Nacional, no conociendo claramente el destino del resto de los fondos que efectivamente integran la ‘caja nacional’”.
Como contrapartida, la diputada Patricia Fadel (PJ) considera, en cambio, que “con el correr de los años de crecimiento nacional, las asignaciones para la provincia de Mendoza, han aumentado”. Y da cifras: “con respecto a 2007 la variación presupuestaria es del 17,7% (lo que se traduce en un incremento de 990.233.001 millones de pesos)”. Incluso, desliza que en relación al resto de las provincias cuyanas, las “variaciones son similares, por lo que es evidente que se están haciendo esfuerzos para homogeneizar el crecimiento nacional”.
La diputada Silvia Lemos (UCR) responde que Mendoza –sin considerar Capital Federal- es la cuarta provincia en importancia, aunque “su posición en términos presupuestarios no tiene relación con ello”. Y agrega: “en el presupuesto 2008, Mendoza está en el puesto número 16 sobre 24 provincias…”. Incluso, la legisladora aporta otras evidencias de este presunto mal amor que nos une con la Nación, cuando indica que en el ítem “gasto por habitante”, Mendoza se encuentra entre las provincias que menos fondos recibirá. Y pone como ejemplo que mientras la Nación invierte 1.749 pesos por cada mendocino, cada santacruceño –por ejemplo- recibe 6.727 pesos. Y que “otras provincias como La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut y Catamarca recibirán entre 3.000 y 3.800 pesos por habitantes”. Con el agravante, que además, estamos debajo del gasto promedio nacional por habitante que es de 2.055 pesos, que comparados con el escaso 1.749 de Mendoza, suena, lisa y llanamente, a discriminación.
¿Obras o sobras?
La continuidad del cuestionario, interrogó puntualmente sobre si la obra pública incluida en el presupuesto nacional para Mendoza tiene relación con el tamaño y desarrollo de la provincia. En este aspecto, Sanz fue contundente. Dijo que “no existe proporcionalidad” y que “esto obedece a la absoluta discrecionalidad con que la Nación asigna y distribuye los fondos”. De Marchi, fiel a su estilo irónico, también se sumó a la crítica y agregó que “siguen sin aparecer Portezuelo del Viento u otras obras energéticas necesarias, las inversiones en rutas por parte de Vialidad Nacional…, mientras seguimos observando cómo se alimenta el conurbano bonaerense con recursos nacionales.”
Siguiendo ese razonamiento, Lemos explicó que “no existe un plan de obras que tenga que ver con cuestiones técnicas o de estudio de prioridades. Los criterios que se aplican –en general- no son objetivos”. Y ratificó lo apuntado por Sanz, al decir que “el gobierno no tiene un plan de inversión coherente…” o que “se asigna según otras prioridades, tales como la defensa de la propia base política, la defensa de los buenos aliados políticos, o el impacto mediático (trenes bala), etcétera”.
La contracara la plantea Fadel, quien argumenta que estas asignaciones presupuestarias “van en relación a la capacidad productiva y de recursos que se generan en la economía año a año”. En ese sentido, reproduce una polémica que se ha dado en el recinto legislativo, y también en los medios, al considerar que –efectivamente- el Presupuesto 2008 incluye “la Central Portezuelo del Viento en Malargüe, otra de 24.000.000 millones de pesos para la Comisión Nacional de Energía Atómica, partidas para el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento y 13.887.598 millones de pesos para Vialidad Nacional”. Algo, que concluye, “no es un hecho menor”.
Tareas pendientes
La tercera inquietud fue respecto al mejoramiento del presupuesto, y específicamente, qué obras se debería incluir en él. Para Sanz, esto sólo puede ocurrir si se deroga “la ley de superpoderes”. Si eso ocurriera, incluiría el aprovechamiento integral del Río Grande (Portezuelo del Viento-trasvase del Grande al Atuel); Centrales hidroeléctricas El baqueano y Los blancos; Túnel de baja altura con Chile; Saneamiento ambiental en Potrerillos y Cañón del Atuel; Autopistas para rutas nacionales 7, 40, 143 y 188; Penitenciaría para presos federales; Gaseoducto Beazley-La Dormida.
De Marchi considera que “hay que cambiar la forma de reparto de los recursos nacionales” a través de la discusión de una nueva ley de coparticipación. Y menciona como obras impostergables “la doble vía en el Corredor internacional; Acceso Sur y Acceso Este; Paso fronterizo Las Leñas; Dique y Central hidroeléctrica Portezuelo del Viento con el aprovechamiento integral del Río Grande; las represas de Los Blancos y Cordón del Plata, la línea de transporte de alta tensión Comahue-Cuyo”.
Lemos remarca con racionalidad que primero debería existir un “plan de obras públicas”, pero que más allá de ello es “prioritario lo atinente a infraestructura vial”: doble vía “San Martín-Desaguadero; Luján-San Rafael/ General Alvear-Malargüe; Mendoza-San Juan; Mendoza-Las Cuevas”. Y también como sus colegas, incluye Portezuelo del Viento, Comahue-Cuyo, los pasos cordilleranos Las Leñas y Pehuenche, y un plan de viviendas para cubrir el actual déficit habitacional.
Para Fadel, simplemente y casi como cerrando la discusión, “las obras que Mendoza necesitaba para continuar con su desarrollo han sido incluidas por el Gobierno Nacional en el Presupuesto 2008”. Y menciona que si bien algunas no habían sido tenidas en cuenta, “luego en el Congreso hemos logrado su incorporación”.
Yo coparticipo, tú no coparticipas
Respecto del régimen de coparticipación, Sanz considera que ha “quedado absolutamente desnaturalizado a partir de la consolidación de impuestos no coparticipables (cheque-retenciones) que alteran la ecuación Nación-Provincias”. Asimismo, advierte que “como el nivel de reservas petroleras es peligrosamente bajo, Mendoza estará en serias dificultades en poco tiempo. Urge modificar este esquema”.
Más audaz, De Marchi establece directamente que el sistema de coparticipación federal es “una violación del sistema federal de gobierno”, y asegura que “lo razonable sería que las provincias coparticipen a la Nación, o que la Nación imponga tributos en términos razonables y las provincias hagan lo suyo”. En ese contexto, también reflexiona que “mientras sigan vigentes los llamados ‘superpoderes’ o la desviación de los decretos de necesidad y urgencia, las distorsiones se mantendrán inalterables”. Asimismo, aventura la “nula voluntad por parte del gobierno nacional de ‘republicanizar’ los procedimientos de asignación de recursos”.
Según Fadel, “es obvio que los coeficientes de coparticipación de la ley 23.548 han quedado desactualizados en relación a lo que la Nación recauda”. Por ello considera que a futuro debe darse una discusión donde “no deben quedar fuera del esquema las recaudaciones en concepto del impuesto al cheque (sólo el 30% se coparticipa) y las retenciones”.
Por su parte, Lemos establece que Mendoza “no se ha visto beneficiada” con el actual régimen de coparticipación, como sí ha sido el caso de San Luis “cuya asignación por habitante supera holgadamente a nuestra provincia”.
Jugamos la promoción
En lo que atañe a la Promoción Industrial, y las acciones necesarias para corregir o resarcir sus efectos, Sanz considera que “no tiene hoy los efectos perniciosos de la década del ’80 y gran parte de los ‘90”; sin embargo estima que “hace falta un gobierno de Mendoza que tenga autonomía, independencia y fortaleza frente al gobierno central para impedir medidas de este tipo”.
Si bien considera que “el sistema fue una anomalía”, que luego se transformó en un privilegio y que “hoy le resulta imposible al Gobierno nacional revertirlo”, De Marchi cree que “se debería generar un sistema mucho más racional”. Pero, asimismo, cree que “Mendoza necesita ‘pensarse sola’ y dejar de mirar a Buenos Aires…”. Para ello considera de importancia un “soporte energético y vial adecuado” que permitiría que la provincia tenga “enormes ventajas para ofrecer a aquellos capitales que observan detenidamente dónde desembarcar”.
Para Mendoza, “rodeada por cuatro provincias promovidas –dice Fadel-, esto ha generado una pérdida de competitividad con respecto al resto”. Esto se traduce, para las promovidas, en “la atracción de nuevas inversiones, la generación de puestos de trabajo, el aumento colateral de recaudación impositiva y el mejoramiento de los indicadores sociales”.Por ello, ve con buenos ojos la posibilidad de “una compensación por parte del Gobierno nacional transfiriendo anualmente la suma que representa la pérdida de recaudación”. Sin embargo, apunta, “la principal herramienta para corregir la desigualdad debería generarse en el marco de la discusión de la nueva ley”.
En tanto, la radical Lemos dice que comparte “la idea de que la Provincia debería ser resarcida por perjuicios que la Promoción industrial le ha causado y que todavía no cesan”. En ese sentido, y con tono crítico, señala que el resarcimiento acordado con la Nación a través de la realización de Portezuelo del Viento, no alcanza. En primer lugar, porque además de Mendoza, beneficiará a otras provincias, y luego porque “es menester asegurarse de que efectivamente la Nación está dispuesta a cumplir con lo acordado”. Algo que hasta hoy no está demasiado claro.
Oro negro, futuro ídem
Vinculado al monto que recibe la provincia en concepto de regalías petrolíferas, Sanz establece que están “reducidas porque la Nación se apropia, vía retenciones, de gran parte de la renta petrolera”. Para mejorar la situación, propone dos instrumentos de política pública que –según su óptica- hoy no se dan: “a) justa distribución de esos ingresos extraordinarios, y b) una fuerte inversión en exploración petrolera que mantenga el nivel de las reservas”. En ese sentido, asegura contundente, “la rebaja en las regalías termina siendo una expoliación a la provincia”.
El demócrata De Marchi dice que esta situación “es verdaderamente vergonzosa”. Incluso plantea que el gobernador Celso Jaque “debería exigirle al gobierno nacional que le devuelvan a Mendoza las regalías no percibidas por obligar a vender el petróleo a menos de la mitad del valor internacional”. Porque, ilustra, “de cada 100 dólares que cobra la Nación, Mendoza recibe sólo 12 en concepto de regalía, mientras la Nación se queda con 45 por retenciones. Nos están robando descaradamente”. Incluso, sigue recomendando a Jaque: “si el gobierno provincial quiere mejores ingresos por el petróleo, en lugar de comprar una porción de Repsol debería negociar con la empresa un nuevo contrato de concesión de áreas disponibles con mayores regalías y, si no acepta, licitar las áreas nuevamente”. Todo esto, sin dejar de remarcar que se debe resolver “el trámite inconcluso de la licitación de áreas secundarias que inició el gobierno anterior”.
Para Lemos, “el precio es bajo, determinado por el régimen de retenciones. La Nación adeuda a las provincias por ese motivo, a lo que debe agregarse que –además- las retenciones que se realizan a las exportaciones de petróleo, no son coparticipadas a las provincias”.
La justicialista Fadel considera que “esta pérdida es generada por el subsidio al valor del barril en el marco de una política de sostenimiento de precios a nivel nacional para apoyar a los productores y consumidores para que no sientan el impacto de las variaciones del precio internacional, medida con la que acuerda la provincia de Mendoza”.
Aportes por deporte
Respecto al monto y distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) realizados durante el 2007, el radical Sanz considera que la discrecionalidad y arbitrariedad de siempre “no cambió”. Según su análisis el fondo de los ATN “que se integra con el 1% de la coparticipación que les corresponde a las provincias tiene a la fecha un acumulado cercano a los 4.500 millones de pesos que le sirven a la Nación para mantener artificialmente el superávit fiscal”.
Para De Marchi, esto es una “deformación del sistema de coparticipación” que la mayoría de las veces sirve “para premiar o castigar a aliados o enemigos políticos del gobierno”. No duda a la hora de considerar que “deberían desaparecer y transformarse en fondo de emergencias”, y recalca: “con auditoría parlamentaria”.
Según Fadel, los ATN son “un instrumento asignado al Poder Ejecutivo Nacional con el fin de asistir financieramente a las provincias que lo necesiten”, por lo cual cree que esta situación “no reviste demasiado análisis”. Por eso mismo, se abstiene de dar una opinión al respecto pues “habría que analizar cada caso”.
Silvia Lemos, en tanto, aporta, a pesar de la “escasa información”, que en ATN en el 2007, Mendoza recibió un poco más de 8 millones y medio de pesos y que en el ránking de las beneficiadas está en el puesto 10, sobre un total repartido que trepa a los 160 millones aproximadamente. De allí, infiere, “que se distribuye discrecionalmente”. Y agrega, en la comparación, que si se cumpliera la distribución de ese 1% de la coparticipación, la masa a distribuir debería haber sido de 1.800 millones que aparecen como una gran fortuna en relación a esos escasos 160 millones que se distribuyeron. ¿Y el resto? Sólo Dios sabe dónde están.
Ni autónomos ni federales
Sin dudas, tal estado de las cosas afecta no sólo a Mendoza, si no también a la autonomía de las provincias y al régimen federal. Para Sanz, incluso, “ha desnaturalizado el propio sistema político argentino, afectando la independencia política a través de la extorsión y cooptación de dirigentes y el sometimiento de los gobiernos provinciales y municipales a un proyecto de hegemonía nacional”.
Para De Marchi, la actual situación alimenta “el clientelismo y la discreción en la distribución de los recursos”, propiciando la existencia de “un Gobierno nacional ‘rico’ (con plata de las provincias), y provincias pobres y sometidas a la voluntad unitaria del matrimonio presidencial”. En ese sentido, agrega, “es fundamental que el Congreso pueda cumplir con su rol institucional, pero para ello es imprescindible que el Poder Ejecutivo cumpla también con el suyo…”.
Lemos también es contundente respecto de las implicancias y apunta a un aspecto pendiente de la Reforma Constitucional del ’94, que es precisamente, “una nueva ley de coparticipación federal”. Para ello, y a pesar de las dudas de la legisladora, “se deberían establecer criterios de distribución que tenga parámetros lógicos”, ya que considera que “este manejo discrecional hace que la situación d
e las provincias sea de sometimiento”. Y, a su entender, desvirtúa “la forma representativa, republicana y federal”.
Finalmente, y en relación al futuro de este esquema impositivo nacional, Sanz considera que “todos estos desequilibrios deberían modificarse”. E incluso pone a consideración la documentación del Congreso de la Nación para constatar que su conducta a la hora de votar ha sido consecuente con sus dichos. Casi como indicando que no todos sus colegas pueden decir lo mismo. Un aspecto que sin dudas, puede ser motivo de otra investigación periodística.
Por su parte, De Marchi también coincide en la revisión del sistema, pero “con responsabilidad”. Aduce que “mucha de la culpa de estas distorsiones la tienen las propias provincias que se acostumbraron a gastar en forma irresponsable para después pedir ayuda a la Nación”.
En tanto, Lemos, también se suma a la propuesta y dice que cuando esto se plantea, “el Poder Ejecutivo manifiesta que en realidad lo distribuye en los aportes que hace a través de planes sociales…”. Sin embargo, acota, “no se conoce a qué parámetros responden estos criterios de distribución, sino la aplicación de formas discrecionales, arbitrarias, de decisión unilateral, clientelares, en muchos casos de cooptación, pues se atiende a quienes el Ejecutivo considera pertinente”.
La primera pregunta indagó sobre si Mendoza es beneficiada o perjudicada en la distribución del presupuesto. El senador Ernesto Sanz (UCR) consideró que la provincia “no recibe fondos en proporción a su aporte, y mucho menos en proporción a sus necesidades de infraestructura y desarrollo económico”. En el mismo sentido, el diputado Omar De Marchi (PD) agregó que “Mendoza está en franca desventaja respecto al resto”, en especial a las provincias vecinas, y estimó que “las partidas definidas en el ‘dibujo’ presupuestario nacional no responden a la totalidad de los recursos que dispone el Estado Nacional, no conociendo claramente el destino del resto de los fondos que efectivamente integran la ‘caja nacional’”.
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Como contrapartida, la diputada Patricia Fadel (PJ) considera, en cambio, que “con el correr de los años de crecimiento nacional, las asignaciones para la provincia de Mendoza, han aumentado”. Y da cifras: “con respecto a 2007 la variación presupuestaria es del 17,7% (lo que se traduce en un incremento de 990.233.001 millones de pesos)”. Incluso, desliza que en relación al resto de las provincias cuyanas, las “variaciones son similares, por lo que es evidente que se están haciendo esfuerzos para homogeneizar el crecimiento nacional”.
La diputada Silvia Lemos (UCR) responde que Mendoza –sin considerar Capital Federal- es la cuarta provincia en importancia, aunque “su posición en términos presupuestarios no tiene relación con ello”. Y agrega: “en el presupuesto 2008, Mendoza está en el puesto número 16 sobre 24 provincias…”. Incluso, la legisladora aporta otras evidencias de este presunto mal amor que nos une con la Nación, cuando indica que en el ítem “gasto por habitante”, Mendoza se encuentra entre las provincias que menos fondos recibirá. Y pone como ejemplo que mientras la Nación invierte 1.749 pesos por cada mendocino, cada santacruceño –por ejemplo- recibe 6.727 pesos. Y que “otras provincias como La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut y Catamarca recibirán entre 3.000 y 3.800 pesos por habitantes”. Con el agravante, que además, estamos debajo del gasto promedio nacional por habitante que es de 2.055 pesos, que comparados con el escaso 1.749 de Mendoza, suena, lisa y llanamente, a discriminación.
¿Obras o sobras?
La continuidad del cuestionario, interrogó puntualmente sobre si la obra pública incluida en el presupuesto nacional para Mendoza tiene relación con el tamaño y desarrollo de la provincia. En este aspecto, Sanz fue contundente. Dijo que “no existe proporcionalidad” y que “esto obedece a la absoluta discrecionalidad con que la Nación asigna y distribuye los fondos”. De Marchi, fiel a su estilo irónico, también se sumó a la crítica y agregó que “siguen sin aparecer Portezuelo del Viento u otras obras energéticas necesarias, las inversiones en rutas por parte de Vialidad Nacional…, mientras seguimos observando cómo se alimenta el conurbano bonaerense con recursos nacionales.”
Siguiendo ese razonamiento, Lemos explicó que “no existe un plan de obras que tenga que ver con cuestiones técnicas o de estudio de prioridades. Los criterios que se aplican –en general- no son objetivos”. Y ratificó lo apuntado por Sanz, al decir que “el gobierno no tiene un plan de inversión coherente…” o que “se asigna según otras prioridades, tales como la defensa de la propia base política, la defensa de los buenos aliados políticos, o el impacto mediático (trenes bala), etcétera”.
La contracara la plantea Fadel, quien argumenta que estas asignaciones presupuestarias “van en relación a la capacidad productiva y de recursos que se generan en la economía año a año”. En ese sentido, reproduce una polémica que se ha dado en el recinto legislativo, y también en los medios, al considerar que –efectivamente- el Presupuesto 2008 incluye “la Central Portezuelo del Viento en Malargüe, otra de 24.000.000 millones de pesos para la Comisión Nacional de Energía Atómica, partidas para el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento y 13.887.598 millones de pesos para Vialidad Nacional”. Algo, que concluye, “no es un hecho menor”.
Tareas pendientes
La tercera inquietud fue respecto al mejoramiento del presupuesto, y específicamente, qué obras se debería incluir en él. Para Sanz, esto sólo puede ocurrir si se deroga “la ley de superpoderes”. Si eso ocurriera, incluiría el aprovechamiento integral del Río Grande (Portezuelo del Viento-trasvase del Grande al Atuel); Centrales hidroeléctricas El baqueano y Los blancos; Túnel de baja altura con Chile; Saneamiento ambiental en Potrerillos y Cañón del Atuel; Autopistas para rutas nacionales 7, 40, 143 y 188; Penitenciaría para presos federales; Gaseoducto Beazley-La Dormida.
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De Marchi considera que “hay que cambiar la forma de reparto de los recursos nacionales” a través de la discusión de una nueva ley de coparticipación. Y menciona como obras impostergables “la doble vía en el Corredor internacional; Acceso Sur y Acceso Este; Paso fronterizo Las Leñas; Dique y Central hidroeléctrica Portezuelo del Viento con el aprovechamiento integral del Río Grande; las represas de Los Blancos y Cordón del Plata, la línea de transporte de alta tensión Comahue-Cuyo”.
Lemos remarca con racionalidad que primero debería existir un “plan de obras públicas”, pero que más allá de ello es “prioritario lo atinente a infraestructura vial”: doble vía “San Martín-Desaguadero; Luján-San Rafael/ General Alvear-Malargüe; Mendoza-San Juan; Mendoza-Las Cuevas”. Y también como sus colegas, incluye Portezuelo del Viento, Comahue-Cuyo, los pasos cordilleranos Las Leñas y Pehuenche, y un plan de viviendas para cubrir el actual déficit habitacional.
Para Fadel, simplemente y casi como cerrando la discusión, “las obras que Mendoza necesitaba para continuar con su desarrollo han sido incluidas por el Gobierno Nacional en el Presupuesto 2008”. Y menciona que si bien algunas no habían sido tenidas en cuenta, “luego en el Congreso hemos logrado su incorporación”.
Yo coparticipo, tú no coparticipas
Respecto del régimen de coparticipación, Sanz considera que ha “quedado absolutamente desnaturalizado a partir de la consolidación de impuestos no coparticipables (cheque-retenciones) que alteran la ecuación Nación-Provincias”. Asimismo, advierte que “como el nivel de reservas petroleras es peligrosamente bajo, Mendoza estará en serias dificultades en poco tiempo. Urge modificar este esquema”.
Más audaz, De Marchi establece directamente que el sistema de coparticipación federal es “una violación del sistema federal de gobierno”, y asegura que “lo razonable sería que las provincias coparticipen a la Nación, o que la Nación imponga tributos en términos razonables y las provincias hagan lo suyo”. En ese contexto, también reflexiona que “mientras sigan vigentes los llamados ‘superpoderes’ o la desviación de los decretos de necesidad y urgencia, las distorsiones se mantendrán inalterables”. Asimismo, aventura la “nula voluntad por parte del gobierno nacional de ‘republicanizar’ los procedimientos de asignación de recursos”.
Según Fadel, “es obvio que los coeficientes de coparticipación de la ley 23.548 han quedado desactualizados en relación a lo que la Nación recauda”. Por ello considera que a futuro debe darse una discusión donde “no deben quedar fuera del esquema las recaudaciones en concepto del impuesto al cheque (sólo el 30% se coparticipa) y las retenciones”.
Por su parte, Lemos establece que Mendoza “no se ha visto beneficiada” con el actual régimen de coparticipación, como sí ha sido el caso de San Luis “cuya asignación por habitante supera holgadamente a nuestra provincia”.
Jugamos la promoción
En lo que atañe a la Promoción Industrial, y las acciones necesarias para corregir o resarcir sus efectos, Sanz considera que “no tiene hoy los efectos perniciosos de la década del ’80 y gran parte de los ‘90”; sin embargo estima que “hace falta un gobierno de Mendoza que tenga autonomía, independencia y fortaleza frente al gobierno central para impedir medidas de este tipo”.
Si bien considera que “el sistema fue una anomalía”, que luego se transformó en un privilegio y que “hoy le resulta imposible al Gobierno nacional revertirlo”, De Marchi cree que “se debería generar un sistema mucho más racional”. Pero, asimismo, cree que “Mendoza necesita ‘pensarse sola’ y dejar de mirar a Buenos Aires…”. Para ello considera de importancia un “soporte energético y vial adecuado” que permitiría que la provincia tenga “enormes ventajas para ofrecer a aquellos capitales que observan detenidamente dónde desembarcar”.
Para Mendoza, “rodeada por cuatro provincias promovidas –dice Fadel-, esto ha generado una pérdida de competitividad con respecto al resto”. Esto se traduce, para las promovidas, en “la atracción de nuevas inversiones, la generación de puestos de trabajo, el aumento colateral de recaudación impositiva y el mejoramiento de los indicadores sociales”.Por ello, ve con buenos ojos la posibilidad de “una compensación por parte del Gobierno nacional transfiriendo anualmente la suma que representa la pérdida de recaudación”. Sin embargo, apunta, “la principal herramienta para corregir la desigualdad debería generarse en el marco de la discusión de la nueva ley”.
En tanto, la radical Lemos dice que comparte “la idea de que la Provincia debería ser resarcida por perjuicios que la Promoción industrial le ha causado y que todavía no cesan”. En ese sentido, y con tono crítico, señala que el resarcimiento acordado con la Nación a través de la realización de Portezuelo del Viento, no alcanza. En primer lugar, porque además de Mendoza, beneficiará a otras provincias, y luego porque “es menester asegurarse de que efectivamente la Nación está dispuesta a cumplir con lo acordado”. Algo que hasta hoy no está demasiado claro.
Oro negro, futuro ídem
Vinculado al monto que recibe la provincia en concepto de regalías petrolíferas, Sanz establece que están “reducidas porque la Nación se apropia, vía retenciones, de gran parte de la renta petrolera”. Para mejorar la situación, propone dos instrumentos de política pública que –según su óptica- hoy no se dan: “a) justa distribución de esos ingresos extraordinarios, y b) una fuerte inversión en exploración petrolera que mantenga el nivel de las reservas”. En ese sentido, asegura contundente, “la rebaja en las regalías termina siendo una expoliación a la provincia”.
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El demócrata De Marchi dice que esta situación “es verdaderamente vergonzosa”. Incluso plantea que el gobernador Celso Jaque “debería exigirle al gobierno nacional que le devuelvan a Mendoza las regalías no percibidas por obligar a vender el petróleo a menos de la mitad del valor internacional”. Porque, ilustra, “de cada 100 dólares que cobra la Nación, Mendoza recibe sólo 12 en concepto de regalía, mientras la Nación se queda con 45 por retenciones. Nos están robando descaradamente”. Incluso, sigue recomendando a Jaque: “si el gobierno provincial quiere mejores ingresos por el petróleo, en lugar de comprar una porción de Repsol debería negociar con la empresa un nuevo contrato de concesión de áreas disponibles con mayores regalías y, si no acepta, licitar las áreas nuevamente”. Todo esto, sin dejar de remarcar que se debe resolver “el trámite inconcluso de la licitación de áreas secundarias que inició el gobierno anterior”.
Para Lemos, “el precio es bajo, determinado por el régimen de retenciones. La Nación adeuda a las provincias por ese motivo, a lo que debe agregarse que –además- las retenciones que se realizan a las exportaciones de petróleo, no son coparticipadas a las provincias”.
La justicialista Fadel considera que “esta pérdida es generada por el subsidio al valor del barril en el marco de una política de sostenimiento de precios a nivel nacional para apoyar a los productores y consumidores para que no sientan el impacto de las variaciones del precio internacional, medida con la que acuerda la provincia de Mendoza”.
Aportes por deporte
Respecto al monto y distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) realizados durante el 2007, el radical Sanz considera que la discrecionalidad y arbitrariedad de siempre “no cambió”. Según su análisis el fondo de los ATN “que se integra con el 1% de la coparticipación que les corresponde a las provincias tiene a la fecha un acumulado cercano a los 4.500 millones de pesos que le sirven a la Nación para mantener artificialmente el superávit fiscal”.
Para De Marchi, esto es una “deformación del sistema de coparticipación” que la mayoría de las veces sirve “para premiar o castigar a aliados o enemigos políticos del gobierno”. No duda a la hora de considerar que “deberían desaparecer y transformarse en fondo de emergencias”, y recalca: “con auditoría parlamentaria”.
Según Fadel, los ATN son “un instrumento asignado al Poder Ejecutivo Nacional con el fin de asistir financieramente a las provincias que lo necesiten”, por lo cual cree que esta situación “no reviste demasiado análisis”. Por eso mismo, se abstiene de dar una opinión al respecto pues “habría que analizar cada caso”.
Silvia Lemos, en tanto, aporta, a pesar de la “escasa información”, que en ATN en el 2007, Mendoza recibió un poco más de 8 millones y medio de pesos y que en el ránking de las beneficiadas está en el puesto 10, sobre un total repartido que trepa a los 160 millones aproximadamente. De allí, infiere, “que se distribuye discrecionalmente”. Y agrega, en la comparación, que si se cumpliera la distribución de ese 1% de la coparticipación, la masa a distribuir debería haber sido de 1.800 millones que aparecen como una gran fortuna en relación a esos escasos 160 millones que se distribuyeron. ¿Y el resto? Sólo Dios sabe dónde están.
Ni autónomos ni federales
Sin dudas, tal estado de las cosas afecta no sólo a Mendoza, si no también a la autonomía de las provincias y al régimen federal. Para Sanz, incluso, “ha desnaturalizado el propio sistema político argentino, afectando la independencia política a través de la extorsión y cooptación de dirigentes y el sometimiento de los gobiernos provinciales y municipales a un proyecto de hegemonía nacional”.
Para De Marchi, la actual situación alimenta “el clientelismo y la discreción en la distribución de los recursos”, propiciando la existencia de “un Gobierno nacional ‘rico’ (con plata de las provincias), y provincias pobres y sometidas a la voluntad unitaria del matrimonio presidencial”. En ese sentido, agrega, “es fundamental que el Congreso pueda cumplir con su rol institucional, pero para ello es imprescindible que el Poder Ejecutivo cumpla también con el suyo…”.
Lemos también es contundente respecto de las implicancias y apunta a un aspecto pendiente de la Reforma Constitucional del ’94, que es precisamente, “una nueva ley de coparticipación federal”. Para ello, y a pesar de las dudas de la legisladora, “se deberían establecer criterios de distribución que tenga parámetros lógicos”, ya que considera que “este manejo discrecional hace que la situación d
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Finalmente, y en relación al futuro de este esquema impositivo nacional, Sanz considera que “todos estos desequilibrios deberían modificarse”. E incluso pone a consideración la documentación del Congreso de la Nación para constatar que su conducta a la hora de votar ha sido consecuente con sus dichos. Casi como indicando que no todos sus colegas pueden decir lo mismo. Un aspecto que sin dudas, puede ser motivo de otra investigación periodística.
Por su parte, De Marchi también coincide en la revisión del sistema, pero “con responsabilidad”. Aduce que “mucha de la culpa de estas distorsiones la tienen las propias provincias que se acostumbraron a gastar en forma irresponsable para después pedir ayuda a la Nación”.
En tanto, Lemos, también se suma a la propuesta y dice que cuando esto se plantea, “el Poder Ejecutivo manifiesta que en realidad lo distribuye en los aportes que hace a través de planes sociales…”. Sin embargo, acota, “no se conoce a qué parámetros responden estos criterios de distribución, sino la aplicación de formas discrecionales, arbitrarias, de decisión unilateral, clientelares, en muchos casos de cooptación, pues se atiende a quienes el Ejecutivo considera pertinente”.