Coparticipación, el mayor de los problemas

Veinte años de un sistema de coparticipación federal de impuestos inequitativo, malas decisiones políticas tomadas por dirigentes locales, legisladores de acá que cuando van para Buenos Aires quedan subordinados al poder central, escaso poder de “lobby” para defender proyectos que benefician a la provincia o para oponerse a los que la perjudican y una fuerte sumisión al poder político del presidente de turno de los distintos gobernadores, pueden servir para explicar por qué Mendoza perdió miles de millones de pesos en los últimos años por tener la relación que tiene con la Nación.

La Constitución reformada de 1994 estableció un plazo de dos años para que el Congreso sancione una nueva ley. Ese plazo nunca se respetó.

Mendoza sufrió en 1987 un mal índice de reparto de fondos (el 4%) producto de su falta de capacidad política a la hora de negociar: cuando se definió la forma de distribución de la coparticipación, otras provincias como San Luis hicieron mejor “lobby” ante la secretaría de Hacienda de la Nación y sacaron mejor tajada.

En diciembre de 2002, el entonces gobernador Roberto Iglesias, armó con el radicalismo local un proyecto de ley para modificar la legislación vigente en cuanto a la coparticipación.

Como aspectos novedosos de aquél proyecto, estaban garantizar que ninguna provincia perdiera lo que ya tenía, premiar a las provincia fiscalmente responsables, aumentar los fondos de la bolsa coparticipable y crear cinco ítems de distribución que reemplazara al que todavía rige, entre otros.

Ese proyecto fue presentado en el Senado nacional, pero jamás paso del análisis de una comisión.

En enero de 2004 las perspectivas de que la situación desigual de reparto de fondos nacionales podría cambiar tomaron fuerza. Néstor Kirchner, ya presidente, anunció que impulsaría en las sesiones  ordinarias del Congreso de esa año una nueva Ley de Coparticipación federal de impuestos.

En ese entonces, la situación no era muy distinta a la de ahora.  En promedio anual cada mendocino recibía $406,6, contra los  $1.002,6 per cápita por año que recibía un puntano o los $878,5 por habitante que recibía cada sanjuanino.

La iniciativa política de K venía acompañada de dos elementos que abrieron la esperanza de un cambio en la relación: Julio Cobos, como gobernador y Celso Jaque como senador nacional, se pusieron al frente de esa batalla. Pero los dos murieron meses después en el intento.

Cobos tomó el proyecto de Iglesias, lo corrigió y mejoró y trató de conseguir el aval de sus pares en las provincias. 
 
Lo de Jaque era más esperanzador. El entonces novel legislador nacional era el presidente de la comisión de coparticipación en el Senado. O sea: había un mendocino en un lugar estratégico para plantear la discusión del tema.

Los dos se bajaron rápidamente de la pelea. El actual vicepresidente se dio cuenta de que el respaldo que obtenía entre los gobernadores de entonces era nulo y archivó a su proyecto.

Jaque se subordinó a las necesidades políticas (y financieras) de Néstor Kirchner. El presidente de esa época anunció una nueva ley pero nunca la presentó en el Congreso, dejando muy mal parado a quien debía llevar adelante en el Senado el asunto.
 
Ante las demoras del envío de la prometida, Jaque justificaba a mediados de 2004: “La razón de la demora es que el presidente le da tanta importancia al tema, que el proyecto no será enviado en ordinarias, sino en sesiones extraordinarias para tener más tiempo en la elaboración del texto”. Ni en las sesiones ordinarias o extraordinarias de los siguientes cuatro años el proyecto fue presentado.


La política de retenciones
En los últimos años, un punto de la relación Nación Provincia hizo aún más evidente la desigualdad.

En 2002 el entonces presidente Eduardo Duhalde fijó fuertes retenciones a las exportaciones de petróleo, causando un fuerte impacto negativo en los ingresos por regalías hidrocarburíferas de las provincias productoras. Mendoza, en el cuarto lugar de ese grupo, sintió el efecto de la medida.


La decisión del gobierno nacional fue determinar que cuando el barril de crudo supere los 55 dólares por barril, se aplicaba automáticamente una retención de 45% para poder subsidiar el valor de los combustibles.

Puesto en plata, la pérdida de ingresos fue importante. Con las retenciones impuestas en 2002, Mendoza perdió una suma de entre $35 a $40 millones mensuales. Desde que se aplicaron hasta hoy, la pérdida por retenciones no baja de los $800 millones.


Néstor Kirchner mantuvo la política de retenciones, ya pensando en la caja. Casi todo lo recaudado por este rubro (que además alcanzó al trigo, la soja, el maíz, el girasol y sus derivados) sirvió no sólo para subsidiar el precio de los combustibles (en el caso de las retenciones petroleras), sino que también engroso el superávit fiscal del gobierno nacional.

Cristina, quien antes de asumir impulsó la prórroga de las retenciones, sumará este año unos $ 8000 millones adicionales a sus arcas. Fondos que además no son coparticipados con las provincias.

Los intentos realizados desde aquí por revertir la situación fueron unos pocos. Julio Cobos trató tibiamente de eliminar las retenciones con una demanda ante la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (Ofephi), que Mendoza integra junto Salta, Chubut, La Pampa, Río Negro, Formosa, Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Entre todas ellas, la caída de ingresos por regalías superan ampliamente los $3.000 millones.

A mediados de 2007, buscó ponerse más firme en el reclamo. Presentó un recurso administrativo, en donde reclamó el pago de los $750 millones que calculó de pérdida por regalías mal liquidadas. Ese planteo todavía no tiene respuesta.

Celso Jaque directamente avaló como senador nacional las retenciones al petróleo. Hacia fines de 2006,  Néstor Kirchner envió al Congreso de la Nación una ley de prórroga de la aplicación de retenciones por cinco años más, que fue votada favorablemente en ambas Cámaras.

Jaque respaldó esa decisión, firmando favorablemente el despacho de comisión en la Cámara Alta. Y lo hizo, bajo un argumento: “Hay que darle el aval al Ejecutivo nacional, para mantener el equilibrio del precio de las naftas en el país”, según justificó en su momento.

 Ya como gobernador electo, la reacción fue la misma.


En diciembre del año pasado, a poco de asumir, dijo que las retenciones “son  un instrumento que lo que busca es permitir que la Argentina pueda seguir teniendo un valor en sus combustibles. Esto garantiza la competitividad de muchas empresas. Eso un instrumento de carácter macroeconómico que, bien utilizado, puede lograr ese objetivo que es el de evitar un aumento de los costos internos”, justificó.

Lo hago yo, lo pagás vos

En los últimos diez años hubo aspecto de la relación entre Mendoza y el gobierno central que fue sintomática del estado de cosas.
 Y tuvo que ver con el desarrollo de obras públicas nacionales de envergadura proyectadas para la provincia que debían ser financiadas por la Nación. Pero que en parte o en su totalidad terminaban siendo pagadas en el edifico de calle Peltier.

En la lista hay una innumerable cantidad de planes de vivienda y construcción de caminos, pero hay dos obras que se destacan sobre el resto.

Una es la presa Portezuelo del Viento, en el Sur y la otra la largamente prometida línea eléctrica Comahue - Cuyo.

Portezuelo es una de las obras incluidas entre los proyectos nacionales de obras energéticas y tenía un costo hace unos años no menor a los $1.000 millones.

La obra debía ser financiada por el actual ministerio de Planificación,  pero por decisión de Julio Cobos fue introducida dentro de un arreglo extrajudicial en donde Mendoza terminaba desistiendo del juicio iniciado en 1998 por los perjuicios de la promoción industrial.

Es decir: la plata para hacer la obra debía haber salido de la Nación, pero terminó saliendo de un juicio que la provincia podría haber ganado ya que la demanda tenía sentencia favorable del Procurador de la Suprema Corte de Justicia de de la Nación.

La otra obra emblemática es la Comahue - Cuyo, un tendido  eléctrico de 708 kilómetros proyectado entre Neuquén y el Gran Mendoza para mejorar la capacidad de distribución de energía en medio país. Que Kirchner y Cristina ya prometieron hacer al menos seis veces.

La línea es nacional, pero los fondos específicos para realizarla fueron destinados por el ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido para otros emprendimientos. Por lo cual, de los $600 millones que costaba originalmente, la provincia fue forzada a aportar $146 millones.

Un detalle: ninguna de las obras, de las que se habla hace años, están hechas todavía.

Los números del desequilibrio

Los números sirven para plasmar como se ubica Mendoza en el contexto nacional. Y esto sólo tomando la relación que mantuvo Julio Cobos y la que está manteniendo Celso Jaque con el poder central.

- En 2005, 2006, 2007 y 2008, Mendoza siempre estuvo ubicada de la mitad de tabla para abajo, en cuanto quedó al ingreso per cápita, tomando como referencia los fondos que la Nación distribuye entre las provincias para hacer obras públicas, viviendas, caminos, pagar  jubilaciones y planes sociales.

- El peor año fue el 2007, en donde se ubicó en el puesto 21 de las 24 jurisdicciones del país. En la pauta presupuestaria de ese período, que además coincidió con el romance pleno entre Cobos y Kirchner, cada mendocino recibió del Gobierno nacional $1.800, la mitad de lo que recibía un riojano y tres veces menos de lo que K le enviaba a una santacruceño.

- El manejo discrecional de fondos a través de los súper poderes del jefe de Gabinete, tampoco se transformaron en plata para la provincia. En 2005 llegaron de la Nación $65 millones más de los presupuestados  (3,5%), cuando la media nacional fue del 8% y provincias como Buenos Aires recibieron 27% de fondos extras. Ese año Fernández tampoco transformó en plata la concertación que luego se terminó sellando con Cobos: Mendoza recibió 13% más de lo presupuestado ($2.464 millones). Pero en ese reparto ocupó el décimo lugar de la preferencia de Alberto.

Para este año el panorama no cambia demasiado, a pesar de la relación de Jaque con Cristina que el mendocino califica de especial.

- Según quedó fijado en el Presupuesto 2008, en el reparto de fondos para obras públicas (más de 19.000 millones) Mendoza quedó en el puesto 22. En cuanto al reparto de fondos para viviendas ($2.000 millones) la provincia está 19.

- En el rubro gastos de capital de todos los ministerios ($15 mil millones) Mendoza está en el puesto 22. Cada uno de nosotros recibirá $200, cuando un santacruceño tiene destinados $3.245.

-  En enero de 2008, según el reparto de la coparticipación federal, cada mendocino recibió $125, un sanjuanino $275 y un puntano $318. San Juan tiene menos de la mitad de habitantes que Mendoza. San Luis, casi tres veces menos.

- Este año de los $612 millones que la Nación distribuirá entre empresas radicadas en San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja como cupos de la promoción industrial, Mendoza no recibirá un peso.

- Tampoco de los $1.700 millones que por este mismo concepto recibirá Tierra del Fuego. Y, en una provincia sin minería, se quedará fuera del reparto de $797 millones para el desarrollo de ese sector.