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Transporte: el Gobierno hará caer una licitación

Se trata de la concesión de las líneas de media y larga distancia provincial. Es porque las ofertas no cumplían los requisitos de los pliegos. Duras críticas a las empresas que hoy prestan el servicio en el Este. La solución del Ejecutivo fue tajante: la licitación será declarada desierta por medio de un decreto que se hará la semana próxima, y se llamará para que se presenten nuevas ofertas.

Una piedra en el zapato para la actual gestión. En esto se ha convertido el otorgamiento de las licitaciones para media y larga distancia del servicio de transporte público de pasajeros.

El grave problema, según lo definió el subsecretario de Transporte Marcelo Costa ante la comisión de obras de la Cámara de Diputados, reside en que, a una semana del inicio de clases – época en la que la demanda de viajes crece al menos en 50% -  ninguna de las ofertas ha cumplido con los requisitos solicitados en los pliegos.

La solución del Ejecutivo fue tajante: la licitación será declarada desierta por medio de un decreto que se hará la semana próxima, y se llamará para que se presenten nuevas ofertas. Sin embargo, el funcionario estimó posible bajar las exigencias requisitorias, para captar más oferentes.

Por otra parte, el subsecretario aseguró que la intención del Ejecutivo era hacer caer las concesiones que prestaran servicios deficitarios, como las de la zona este, pero esto significaba tener que conseguir 60 colectivos, y ninguna firma posee esa cantidad de unidades para ponerlas al servicio del Estado.

Acusaciones
En la reunión no faltaron acusaciones cruzadas hacia   las grandes empresas que se ocupan del transporte de media y larga distancia en Mendoza, sobre todo El Rápido y Nueva Generación. Estas provinieron  tanto desde los diputados que forman parte de la comisión, entre los que se encontraban Jorge Serrano (UCR), Amalia Montserrat (Concertación Ciudadana) y Diego Arenas (PD) entre otros, como desde los mismos funcionarios  del gobierno.

Entre otras cosas, las firmas fueron acusadas de tener actitudes corporativas, como la de ponerse de acuerdo para presentar mal los papeles, y que de esta manera, continúen siendo los mismos los que se hacen cargo del negocio.

Además, dijeron que muchos de ellos pasan gastos al Estado por una cierta cantidad de dinero, y lo que en realidad invierten en repuestos y reparaciones, por ejemplo, es una cifra mucho menor.

El subsecretario mencionó también que pagan por cien inspectores, cuando estos sólo se encargan de controlar que se cumplan las frecuencias, únicamente.

En cambio, el Estado posee 15 inspectores propios, para monitorear todo el sistema de transporte público, y se concentran especialmente en el transporte de corta distancia.

Como posible solución, Francisco Losada, asesor legal del Ministerio de Infraestructura, Transporte y Vivienda, explicó que colocarán GPS en los micros, como una suerte de “inspectores electrónicos” para completar la tarea de revisar las unidades.

Lo cierto es que, desde el 2006, la licitación de media y larga distancia no ha podido ser adjudicada más que en Uspallata y un tramo de  San Rafael. En tanto, para el Este, el resto del Sur, Valle de Uco y el Norte, aún no se han encontrado propuestas que cumplan las condiciones solicitadas.

Reclamos y propuestas
Los legisladores le reclamaron al subsecretario que, si piensan en bajar las exigencias de la licitación, lo hagan sin menoscabar la calidad en el servicio.

En tanto, para Costa, una de las decisiones importantes y que aún no se ha tomado, es la de trasladar la mayor cantidad de dinero del subsidio que el Estado le proporciona a las empresas de micros hacia la media y larga distancia (sólo se invierten en ella 8 millones de pesos)  pues en la actualidad está concentrado en la corta (32 millones de pesos)