Excesos y errores, donde debería haber derechos y aciertos
El caso de un ciudadano acusado sin ton ni son por un crimen, despierta algunas reflexiones sobre el estado de la política, la justicia, la seguridad y los derechos humanos en la provincia. ¿Tan obsesionados estamos con el tema que vemos delincuentes hasta donde no los hay?
Ya de por sí, la nuestra es una sociedad donde la ciudadanía es de muy baja intensidad. Apenas (y muchas veces ni siquiera eso), las condiciones de acceso a la salud, la educación o el empleo resultan adecuadas. Mucho menos, aquellas que tienen que ver con la vivienda o el transporte, verdaderas odiseas determinadas directamente por el poder adquisitivo de la población.
Muchas veces, tristes y decepcionados, nos conformamos al menos con ser parte de un sistema capaz de garantizar las libertades individuales y el firme imperio de la ley, pero terrible es la percepción cuando amén de la pobreza del contexto, esto también es una quimera.
La tremenda situación padecida por un ciudadano común, en este caso docente y artista, Guillermo Ariel Del Curto, quien de un momento a otro se vio involucrado o directamente señalado por el poder estatal como el responsable de un homicidio, supone una advertencia más que seria de la eterna polémica sobre la utilidad de los derechos humanos.
Justamente, si para algo sirven y han servido los derechos humanos (y con ellos, sus a menudo vapuleados militantes y organismos) es para garantizar que el poder del aparato estatal no avasalle las libertades individuales y las garantías constitucionales. Así de simple y así de complejo. Su accionar no se restringe a una dictadura o a una democracia. Son tan vitales, imprescindibles y cotidianos en uno u otro régimen.
Y en este caso puntual, ponen a la luz y de manera paradigmática, la necesidad de reconciliación plena que le debe la sociedad a la tarea garantista. Porque Del Curto no es uno de esos ciudadanos habitualmente estigmatizables, proveniente de los barrios “peligrosos” y sospechoso per se. Sin embargo, una cadena de errores policiales y judiciales podría haberlo convertido en el pato de la boda, y en especial de cierta concepción liviana del andamiaje jurídico-institucional que parece dar por cerrada las causas cuando se consigue alguien que pueda “hacer” de preso. Tarea que generalmente les cabe de maravillas a los analfabetos y a los pobres.
El último director de Derechos Humanos de Celso Jaque, Pablo Salinas, quien junto a Diego Lavado pegó un portazo cuando advirtieron que el gobierno del que fueron parte –urgido por sus promesas absurdas, las muertes violentas y la conmoción social- terminaba de virar definitivamente hacia las concepciones mano dura, considera que lo sucedido está vinculado con la instrumentación del “discurso del ‘enemigo del derecho penal’ que nos pone a todos los ciudadanos bajo sospecha y como potenciales delincuentes. Es la concepción según la cual la seguridad y el derecho penal van a resolver el conflicto social y la mano dura va a ser la lógica solución”.
Sin embargo, y más allá en su crítica, sostiene que “la mano dura y el discurso del enemigo del derecho penal comprado por la dupla Jaque-Cazabán no sólo no solucionan el problema sino que lo agravan, porque agravan las violaciones a los derechos humanos y le otorga sustento ideológico a quienes no tienen límites en el ejercicio de la función policial”.
Como se advierte, el problema parece tornarse más complejo con una policía a la que acusa de “sindicalizada”, y con un sistema judicial que termina siendo la estructura legitimadora de grandes atropellos como el de Del Curto pese a que no llegaron a cometerse en su totalidad. “El verdadero enemigo del derecho penal (dice Zaffaroni) es el Estado de policía, es decir el Estado que no tiene el límite de los derechos humanos y de la ley”.
Supone que, como muchas veces se ha dicho, es imprescindible “la necesidad de crear una policía judicial independiente de la prevencional. Que cuente con las herramientas para realizar una verdadera investigación criminal... Para reducir la impunidad debemos generar un sistema estatal eficaz para combatir el delito”. Sin embargo, “se engaña permanentemente a los ciudadanos cuando se les afirma que aumentando las penas va a disminuir el delito”, o cuando se estimulan “las campañas publicitarias que sostienen a la ‘inflación penal’ como la única respuesta al delito, haciendo una regresión a sistemas caducos y pasados que no dieron ni darán resultados”.
El caso de Del Curto, más allá de la impericia policial o del error judicial, implica un serio llamado de atención para el Estado de Derecho en la provincia. Una variable más del resorte político, que no ha condenado con contundencia este tipo de excesos, o tan burdas “confusiones” que pueden hacer de un ciudadano honorable un virtual delincuente, rompiendo de cuajo toda consideración de igualdad ante la ley; tal vez la última frontera que se puede permitir traspasar una democracia.
Pero más allá de esto, tal vez este triste suceso nos sirva para reflexionar sobre una última aseveración que introduce Salinas, cuando asegura que este caso es en alguna medida también un resultado del “ataque a los derechos humanos y a su paradigma, paridos por este discurso fácil de propagar y fácil para conseguir adeptos. Hoy, a Curto lo involucran en un homicidio, pero antes a Chandía lo habían matado, como también le pasó a Morán y a Oros”.
Si la lógica que emana desde el poder –como aseguró el gobernador en su discurso del lanzamiento del Acuerdo Social por la seguridad- es salir a buscar delincuentes,”estén donde estén”, todos somos potenciales sospechosos, incluso, nuestros cada vez más escasos derechos.
Si la política y la justicia no otorgan una respuesta contundente y exigen los necesarios resarcimientos, asegurando no reincidir en el exceso, el caso Del Curto no habrá servido de nada. Apenas será un nuevo eslabón de impunidad. Otra ocasión desaprovechada.
El último director de Derechos Humanos de Celso Jaque, Pablo Salinas, quien junto a Diego Lavado pegó un portazo cuando advirtieron que el gobierno del que fueron parte –urgido por sus promesas absurdas, las muertes violentas y la conmoción social- terminaba de virar definitivamente hacia las concepciones mano dura, considera que lo sucedido está vinculado con la instrumentación del “discurso del ‘enemigo del derecho penal’ que nos pone a todos los ciudadanos bajo sospecha y como potenciales delincuentes. Es la concepción según la cual la seguridad y el derecho penal van a resolver el conflicto social y la mano dura va a ser la lógica solución”.
Sin embargo, y más allá en su crítica, sostiene que “la mano dura y el discurso del enemigo del derecho penal comprado por la dupla Jaque-Cazabán no sólo no solucionan el problema sino que lo agravan, porque agravan las violaciones a los derechos humanos y le otorga sustento ideológico a quienes no tienen límites en el ejercicio de la función policial”.
Como se advierte, el problema parece tornarse más complejo con una policía a la que acusa de “sindicalizada”, y con un sistema judicial que termina siendo la estructura legitimadora de grandes atropellos como el de Del Curto pese a que no llegaron a cometerse en su totalidad. “El verdadero enemigo del derecho penal (dice Zaffaroni) es el Estado de policía, es decir el Estado que no tiene el límite de los derechos humanos y de la ley”.
Supone que, como muchas veces se ha dicho, es imprescindible “la necesidad de crear una policía judicial independiente de la prevencional. Que cuente con las herramientas para realizar una verdadera investigación criminal... Para reducir la impunidad debemos generar un sistema estatal eficaz para combatir el delito”. Sin embargo, “se engaña permanentemente a los ciudadanos cuando se les afirma que aumentando las penas va a disminuir el delito”, o cuando se estimulan “las campañas publicitarias que sostienen a la ‘inflación penal’ como la única respuesta al delito, haciendo una regresión a sistemas caducos y pasados que no dieron ni darán resultados”.
El caso de Del Curto, más allá de la impericia policial o del error judicial, implica un serio llamado de atención para el Estado de Derecho en la provincia. Una variable más del resorte político, que no ha condenado con contundencia este tipo de excesos, o tan burdas “confusiones” que pueden hacer de un ciudadano honorable un virtual delincuente, rompiendo de cuajo toda consideración de igualdad ante la ley; tal vez la última frontera que se puede permitir traspasar una democracia.
Pero más allá de esto, tal vez este triste suceso nos sirva para reflexionar sobre una última aseveración que introduce Salinas, cuando asegura que este caso es en alguna medida también un resultado del “ataque a los derechos humanos y a su paradigma, paridos por este discurso fácil de propagar y fácil para conseguir adeptos. Hoy, a Curto lo involucran en un homicidio, pero antes a Chandía lo habían matado, como también le pasó a Morán y a Oros”.
Si la lógica que emana desde el poder –como aseguró el gobernador en su discurso del lanzamiento del Acuerdo Social por la seguridad- es salir a buscar delincuentes,”estén donde estén”, todos somos potenciales sospechosos, incluso, nuestros cada vez más escasos derechos.
Si la política y la justicia no otorgan una respuesta contundente y exigen los necesarios resarcimientos, asegurando no reincidir en el exceso, el caso Del Curto no habrá servido de nada. Apenas será un nuevo eslabón de impunidad. Otra ocasión desaprovechada.