La feroz disputa entre las buenas intenciones y las buenas ideas
Los problemas de la realidad no se condicen con las respuestas que los dirigentes suelen dar. ¿Un inconveniente de la política o de los políticos? ¿Esta crisis de diagnóstico, es falta de capacidad o de talento? En el medio, la Legislatura aprueba y el Ejecutivo promulga una ley que legitima el funcionamiento de una especie de escuadrón parapolicial.
¿De qué se trata la política? ¿De interpretar las necesidades de la gente? ¿De anticiparse a sus problemas? ¿De corregir la coyuntura? ¿De acertar con las respuestas? Tal vez cualquier empírico o estudioso podrá contestar que un poco de las cuatro preguntas y algunas otras cosas más sirven para dar respuesta al interrogante inicial.
Sin embargo, la realidad local parece un desfiladero de temas que suponen grandes núcleos problemáticos que los gobernantes deben resolver, aunque no siempre acierten con el paliativo. Últimamente, y acorde con los efectos de la crisis y el recrudecimiento que se espera para 2009, el gobierno pone énfasis en la lucha contra el desempleo. Y está bien. En paralelo, la tremenda puja de intereses privados que usan al Estado para sus negocios, se manifiesta en la carrera alocada de habilitaciones de casinos por un lado, suspensiones judiciales por el otro, y como publicamos esta semana, todo esto sin que el Ejecutivo se decida a promulgar o vetar una ley pensada para restringirlos votada en la Legislatura. ¿Extraño, no?
Avanzada la llegada del verano, y con él sus clásicas tormentas, un piloto de la lucha antigranizo denunció problemas con los cartuchos de su avión. La polémica, intentó aplacarse unos días después cuando los funcionarios salieron a decir que todo estaba O.K. Para no ser menos, la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) llamó a licitación por cien mil pesos una fiesta de fin año, mientras los afiliados reclaman más y mejores servicios; o en algunos casos, volver a tener algunos servicios que dicen, antes recibían de mejor manera.
Mientras los funcionarios se encargan de dilatar o esconder, y por ende, de no actuar como debería actuar un político, el resto de la comunidad (incluso los medios) se empeña en corregir diariamente los huecos que por acción u omisión la política deja en todos y cada uno de los temas prioritarios de la agenda pública, cuyo ejemplo paradigmático esta semana tal vez haya sido el veto presidencial a la ley de glaciares.
Seguramente, el piloto que denunció las irregularidades del avión no está loco: simplemente quiere advertir sobre las condiciones y prevenir problemas a futuro. Está claro que como indicó el ministro de Gobierno Mario Adaro, una fiesta no le mueve la aguja a nadie, pero no se puede gestionar con un discurso que abre el paraguas ante la crisis, y simultáneamente generar gestos que lo contradigan. O sí, pero en todo caso, estaremos pues en todo el derecho de decir que esa no es la política que deseamos.
Nadie duda que la seguridad vial sea una aspiración a la que cualquier sociedad civilizada desea alcanzar. Mendoza ostenta uno de los peores índices del país de heridos y muertos por accidentes de tránsito. En lo que va del año se han registrado más de 3.500 accidentes con lesionados, en los que han muerto más de 215 personas, una cifra que pone a Mendoza en el cuarto lugar de este triste ránking detrás de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La política poco ha hecho para su efectivo mejoramiento, o en todo caso, sin éxito. Y lo que es peor, cuando hace algo, parece abrir las puertas para ideas que la experiencia histórica pone los pelos de punta.
El 30 de setiembre, la Legislatura provincial sancionó la ley 7.944, autoría del diputado concertador Santiago Cazzoli que contempla la creación de “un cuerpo especial para la prevención de accidentes de tránsito (Cepat)”. Este organismo, estará dentro de la Dirección de Seguridad Vial en el ministerio de Seguridad. Hasta allí nada que llame la atención, salvo que ese cuerpo, formado por policías, y tal como indica el artículo 4 de la ley “durante las tareas de patrullaje no usarán uniforme reglamentario”. Es decir, habrá efectivos que no tendrán la apariencia de tales, cumpliendo labores policiales.
Sin embargo, lo preocupante es que la cosa no termina allí. En el artículo 8 se indica que “los vehículos asignados al Cepat no contarán con identificación policial externa, estarán provistos con equipos de radio comunicación, baliza de color azul del tipo imantada, para cuando lo requiera el caso, equipo de filmación, radar homologado con impresión de lectura, todo lo cual será aportado como elemento de prueba y cartel lumínico portátil con la inscripción ‘POLICÍA’”. Recapitulando, esos policías que no aparentan ser tales, andarán en vehículos sin identificación alguna, de la misma manera que cualquier civil como usted o como yo anda en su auto.
Tal descripción hace recordar a las peores épocas de este país, en el que comandos paramilitares o parapoliciales, sin identificación alguna y cargados de impunidad, recorrían las ciudades del país como herramientas de violencia y terror. Está más que claro que de ninguna manera esta es la intención de la ley, y que en todo caso, la idea es que estos policías de civil se mezclen en las rutas para dar a conocer irregularidades de los conductores en el manejo. Sin embargo, y así como los legisladores no pueden desconocer la historia nacional, ¿quién garantiza que el noble objetivo de la disminución de los accidentes no sea la puerta de entrada para abusos y excesos como los que –lamentablemente- las fuerzas de seguridad cometen a menudo?
La única salvedad es que estos comandos anónimos, sin uniformes ni identificación, dotados de equipamiento y tecnología (que por otra parte cualquiera puede conseguir en el mercado, lo que habilitaría a que se multiplicaran por toda la provincia cuerpos de estas características pero truchos, justamente para cometer ilícitos) es que no tienen la facultad de detener a personas. Sería como lo máximo de la aberración, imaginen comandos “civiles” o escuadrones parapoliciales con tales atribuciones.
Pero, y en esto queremos también llamar la atención porque habla de la política y los políticos, pues lo patético es que nadie parezca haber advertido las consecuencias que puede tener una buena intención. Al parecer, aprobada sin muchos reparos en ambas cámaras, avalada desde el ministerio por el propio Carlos Ciurca quien garantizó los 30 autos con los que contará el cuerpo, que la norma establece en su artículo 7, sean “cero kilómetro sin identificación policial alguna, de distintos colores y mínimamente de tres marcas diferentes”, para despistar. Y lo que corona el periplo, el máximo nivel que puede alcanzar un dislate: fue promulgada por el gobernador Celso Jaque el jueves 13 de este mes, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si la política se limita entonces a dar respuestas esporádicas a necesidades sin contemplar las consecuencias, nuestra clase dirigente no ha entendido ni cuál es el desafío, ni mucho menos la responsabilidad que tiene por delante. Si en todo caso de lo que se trata es de rebatir lo que aparece en los medios, como si se fuera una pulseada entre la realidad y la ficción, tampoco parece haberse entendido el lugar que deberían ocupar nuestros representantes. Porque ya sea por la deslegitimación de la política, o por la escasa visión panorámica de los políticos, seguimos padeciendo un rosario de problemas y una infinitud de soluciones que no hacen más que complicarlos.
Hace tiempo que con políticos bien intencionados no alcanza: necesitamos estadistas. Una especie casi extinguida en el vasto paisaje mendocino.
Nadie duda que la seguridad vial sea una aspiración a la que cualquier sociedad civilizada desea alcanzar. Mendoza ostenta uno de los peores índices del país de heridos y muertos por accidentes de tránsito. En lo que va del año se han registrado más de 3.500 accidentes con lesionados, en los que han muerto más de 215 personas, una cifra que pone a Mendoza en el cuarto lugar de este triste ránking detrás de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La política poco ha hecho para su efectivo mejoramiento, o en todo caso, sin éxito. Y lo que es peor, cuando hace algo, parece abrir las puertas para ideas que la experiencia histórica pone los pelos de punta.
El 30 de setiembre, la Legislatura provincial sancionó la ley 7.944, autoría del diputado concertador Santiago Cazzoli que contempla la creación de “un cuerpo especial para la prevención de accidentes de tránsito (Cepat)”. Este organismo, estará dentro de la Dirección de Seguridad Vial en el ministerio de Seguridad. Hasta allí nada que llame la atención, salvo que ese cuerpo, formado por policías, y tal como indica el artículo 4 de la ley “durante las tareas de patrullaje no usarán uniforme reglamentario”. Es decir, habrá efectivos que no tendrán la apariencia de tales, cumpliendo labores policiales.
Sin embargo, lo preocupante es que la cosa no termina allí. En el artículo 8 se indica que “los vehículos asignados al Cepat no contarán con identificación policial externa, estarán provistos con equipos de radio comunicación, baliza de color azul del tipo imantada, para cuando lo requiera el caso, equipo de filmación, radar homologado con impresión de lectura, todo lo cual será aportado como elemento de prueba y cartel lumínico portátil con la inscripción ‘POLICÍA’”. Recapitulando, esos policías que no aparentan ser tales, andarán en vehículos sin identificación alguna, de la misma manera que cualquier civil como usted o como yo anda en su auto.
Tal descripción hace recordar a las peores épocas de este país, en el que comandos paramilitares o parapoliciales, sin identificación alguna y cargados de impunidad, recorrían las ciudades del país como herramientas de violencia y terror. Está más que claro que de ninguna manera esta es la intención de la ley, y que en todo caso, la idea es que estos policías de civil se mezclen en las rutas para dar a conocer irregularidades de los conductores en el manejo. Sin embargo, y así como los legisladores no pueden desconocer la historia nacional, ¿quién garantiza que el noble objetivo de la disminución de los accidentes no sea la puerta de entrada para abusos y excesos como los que –lamentablemente- las fuerzas de seguridad cometen a menudo?
La única salvedad es que estos comandos anónimos, sin uniformes ni identificación, dotados de equipamiento y tecnología (que por otra parte cualquiera puede conseguir en el mercado, lo que habilitaría a que se multiplicaran por toda la provincia cuerpos de estas características pero truchos, justamente para cometer ilícitos) es que no tienen la facultad de detener a personas. Sería como lo máximo de la aberración, imaginen comandos “civiles” o escuadrones parapoliciales con tales atribuciones.
Pero, y en esto queremos también llamar la atención porque habla de la política y los políticos, pues lo patético es que nadie parezca haber advertido las consecuencias que puede tener una buena intención. Al parecer, aprobada sin muchos reparos en ambas cámaras, avalada desde el ministerio por el propio Carlos Ciurca quien garantizó los 30 autos con los que contará el cuerpo, que la norma establece en su artículo 7, sean “cero kilómetro sin identificación policial alguna, de distintos colores y mínimamente de tres marcas diferentes”, para despistar. Y lo que corona el periplo, el máximo nivel que puede alcanzar un dislate: fue promulgada por el gobernador Celso Jaque el jueves 13 de este mes, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si la política se limita entonces a dar respuestas esporádicas a necesidades sin contemplar las consecuencias, nuestra clase dirigente no ha entendido ni cuál es el desafío, ni mucho menos la responsabilidad que tiene por delante. Si en todo caso de lo que se trata es de rebatir lo que aparece en los medios, como si se fuera una pulseada entre la realidad y la ficción, tampoco parece haberse entendido el lugar que deberían ocupar nuestros representantes. Porque ya sea por la deslegitimación de la política, o por la escasa visión panorámica de los políticos, seguimos padeciendo un rosario de problemas y una infinitud de soluciones que no hacen más que complicarlos.
Hace tiempo que con políticos bien intencionados no alcanza: necesitamos estadistas. Una especie casi extinguida en el vasto paisaje mendocino.