Cobos dejará su mandato con 10 causas abiertas por corrupción
Son investigaciones iniciadas en la Fiscalía de Delitos Complejos. Todavía ninguna de las causas fue elevada a juicio. En todos los casos hubo funcionarios cercanos al gobernador involucrados. Cobos defendió a sus hombres cada vez que las denuncias se hicieron públicas, pero finalmente todos fueron apartados de sus cargos.
El 9 de diciembre, cuando Julio Cobos deje la gobernación y haga las valijas para instalarse en Buenos Aires, podrá olvidarse de los problemas en que lo metieron varios de los funcionarios que participaron de su gestión y que dejaron como legado una decena de causas judiciales abiertas por sospechas de casos de corrupción. Son investigaciones iniciadas en los últimos dos años, que perjudicaron la imagen del Ejecutivo y cuyos protagonistas debieron dejar sus cargos ante el asedio de las pruebas en su contra, más allá de la casi instintiva defensa que Cobos esbozó para cada uno de ellos.
La novela de los barrasbravas. Omar Pérez Botti, de raíz peronista, en pocos meses desfiló por puestos importantes dentro del Ministerio de Seguridad, se convirtió en un referente del cobismo y llegó a ser encargado de coordinar la construcción y equipamiento del penal de Almafuerte, en Cacheuta. Su nombre fue sugerido cuando se convocó a un Comité de Seguridad Deportiva para calmar la escalada de violencia del sector duro de los hinchas de Godoy Cruz. Sin embargo, una investigación ordenada por el fiscal Luís Correa Llano destapó la connivencia entre Pérez Botti y los líderes de la barra, y aparecieron indicios sobre delitos posiblemente cometidos por el funcionario. Actualmente, Pérez Botti está imputado por el fiscal Eduardo Martearena por “negociaciones incompatibles con el cargo” (al parecer hacía transacciones en nombre del Estado para beneficio propio) y por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Una vez que se venzan unos plazos pedidos por la defensa, la causa sería elevada a juicio.
Micros alquilados. Del caso barras, se abrió un nuevo expediente que lo tiene imputado al ex director de Gestión Económica de Desarrollo Social, Carlos Monforte. Es por haber autorizado el pago a una empresa de transporte que alquiló micros para que hinchas de Godoy Cruz viajaran a ver a su equipo. Como si fuera poco, su nombre apareció en otro caso sobre una cuestionada licitación para la compra de leche en polvo destinada a las escuelas primarias.
Fraude con los Vale Más. La causa, a cargo del fiscal Daniel Carniello, surgió luego de una denuncia fogoneada desde el Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de un defalco millonario contra el Estado como consecuencia de las maniobras irregulares que se concretaron en el manejo del sistema de tickets para asistencia social. Los imputados son: Liliana Mirábile (ex directora de Políticas Alimentarias), Luís Carretero (era director del Fondo de Inversión y Desarrollo Social), Paula Eisenchlas (subsecretaria de Integración Social) y Carlos Alberto Marziali (auditor interno).
Leche con grumos. Es por haber permitido que la marca La Campesina (de la firma Megral) ganara una licitación para suministrar leche en las escuelas públicas, a pesar de tener mal sabor y no cumplir con todos los requisitos del Código Alimentario. El caso del fiscal Correa Llano avanzó al principio, pero pareció perder peso en los últimos días. No se descarta que el caso quede archivado.
El escándalo del Casino. Miguel Angel Alonso, ex titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, fue denunciado por “enriquecimiento ilícito”. Está imputado por ese delito porque no pudo demostrar cómo hizo para comprar bienes personales por más de un millón de pesos con su sueldo de empleado estatal. En el expediente que se tramita en la fiscalía Martearena han ingresado numerosos pedidos de nulidad hechos por los abogados defensores; por ejemplo, para que la Justicia no pueda secuestrar el Peugeot 407 y el Citroën Xara Picasso, que son pruebas clave en la investigación.
Otra del Casino. El fiscal Correa Llano tiene una causa similar, pero contra quien era gerente del Casino de Mendoza, Eduardo Martín Ugalde. También se lo investiga por “enriquecimiento ilícito”, pero en el expediente hay pocas hojas y la pesquisa todavía no se profundizó. Por el momento, Ugalde no está imputado.
Móviles rotos. A partir de una publicación periodística, el fiscal Eduardo Martearena abrió una causa de oficio para saber por qué el Estado estaba pagando precios excesivos por la reparación de móviles policiales. Todavía no se generaron muchas pruebas y, técnicamente, “la investigación penal preparatoria”, recién comienza.
Sospechas en Recursos Naturales. Leopoldo León, ex titular de la Dirección de Recursos Naturales, está imputado por “supresión de documento público” y “malversación de fondos”. La decisión la tomó el fiscal Eduardo Martearena por irregularidades que se detectaron en esa dependencia con comprobantes de compra de combustible. Además, hay otros funcionarios de esa repartición en la mira, sospechados de fraudes administrativos en la licitación de diferentes servicios.
Camino sinuoso. La ONG ambiental Oikos presentó en la fiscalía de Daniel Carniello una denuncia contra el Ministerio de Obras Públicas porque, sospechan, se fraguó el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la construcción del camino de acceso al Parque Aconcagua. Todavía no hay imputaciones, pero los funcionarios apuntados son el ministro Francisco Morandini, el subsecretario de Medio Ambiente, Gustavo Morgani, y el ex director de Recursos Naturales Renovables, Leopoldo León.
Beneficio para Repsol. Correa Llano tiene imputado a José Gabino Ortega (era jefe del Departamento Fiscalización Externa III, de la Dirección General de Rentas) por los delitos de “instigación, falsedad ideológica de instrumento público, y fraude a la administración pública”. Se cree que el funcionario fraguó unos documentos para beneficiar impositivamente a la petrolera Repsol-YPF en una cifra cercana a los 800 mil pesos.
El escándalo del Casino. Miguel Angel Alonso, ex titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, fue denunciado por “enriquecimiento ilícito”. Está imputado por ese delito porque no pudo demostrar cómo hizo para comprar bienes personales por más de un millón de pesos con su sueldo de empleado estatal. En el expediente que se tramita en la fiscalía Martearena han ingresado numerosos pedidos de nulidad hechos por los abogados defensores; por ejemplo, para que la Justicia no pueda secuestrar el Peugeot 407 y el Citroën Xara Picasso, que son pruebas clave en la investigación.
Otra del Casino. El fiscal Correa Llano tiene una causa similar, pero contra quien era gerente del Casino de Mendoza, Eduardo Martín Ugalde. También se lo investiga por “enriquecimiento ilícito”, pero en el expediente hay pocas hojas y la pesquisa todavía no se profundizó. Por el momento, Ugalde no está imputado.
Móviles rotos. A partir de una publicación periodística, el fiscal Eduardo Martearena abrió una causa de oficio para saber por qué el Estado estaba pagando precios excesivos por la reparación de móviles policiales. Todavía no se generaron muchas pruebas y, técnicamente, “la investigación penal preparatoria”, recién comienza.
Sospechas en Recursos Naturales. Leopoldo León, ex titular de la Dirección de Recursos Naturales, está imputado por “supresión de documento público” y “malversación de fondos”. La decisión la tomó el fiscal Eduardo Martearena por irregularidades que se detectaron en esa dependencia con comprobantes de compra de combustible. Además, hay otros funcionarios de esa repartición en la mira, sospechados de fraudes administrativos en la licitación de diferentes servicios.
Camino sinuoso. La ONG ambiental Oikos presentó en la fiscalía de Daniel Carniello una denuncia contra el Ministerio de Obras Públicas porque, sospechan, se fraguó el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la construcción del camino de acceso al Parque Aconcagua. Todavía no hay imputaciones, pero los funcionarios apuntados son el ministro Francisco Morandini, el subsecretario de Medio Ambiente, Gustavo Morgani, y el ex director de Recursos Naturales Renovables, Leopoldo León.
Beneficio para Repsol. Correa Llano tiene imputado a José Gabino Ortega (era jefe del Departamento Fiscalización Externa III, de la Dirección General de Rentas) por los delitos de “instigación, falsedad ideológica de instrumento público, y fraude a la administración pública”. Se cree que el funcionario fraguó unos documentos para beneficiar impositivamente a la petrolera Repsol-YPF en una cifra cercana a los 800 mil pesos.