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Un abogado mendocino fue detenido en el paso a Chile: llevaba fuegos artificiales ocultos en su auto

El conductor fue sorprendido por el personal aduanero en el complejo Los Libertadores. Dijo que no sabía que estaban prohibidos en el país vecino.


Un abogado mendocino fue detenido el fin de semana en el complejo Los Libertadores del paso a Chile, luego de que las autoridades del vecino país descubrieran que transportaba más de una decena de cajas con fuegos artificiales sin declarar, en el vehículo en el que viajaba con amigos y familiares.

El procedimiento fue realizado por personal del Servicio Nacional de Aduanas chileno durante la tarde del domingo, cuando se detectaron irregularidades en la declaración aduanera del conductor.

Durante la inspección del rodado, los agentes hallaron una caja con 50 petardos en la guantera, otras 11 cajas similares debajo del asiento del conductor y dos tiros de mortero ocultos en el compartimiento de la rueda de auxilio. Ante esta situación, el hombre quedó detenido y fue trasladado a una audiencia judicial.

Fianza para regresar a Mendoza

Tras la detención, el conductor letrado mendocino debió presentarse ante el Juzgado de Garantía de Los Andes, donde la fiscalía lo imputó por contrabando y tenencia ilegal de fuegos artificiales, ambos delitos en grado consumado.

En la audiencia, el fiscal Jorge Alfaro Figueroa solicitó como medida cautelar el arraigo nacional, pero el acusado renunció a su derecho a guardar silencio y explicó que en Argentina no está prohibida la tenencia de ese tipo de artefactos y que los había comprado hace tiempo para celebrar el Año Nuevo.

Ante esa declaración, el juez Daniel Chaucón resolvió otorgarle la libertad bajo fianza para que pudiera regresar a Mendoza. La suma fue de 100 mil pesos chilenos, monto que fue reunido por sus familiares y depositado de inmediato.

El abogado seguirá acusado

Si bien el abogado quedó en libertad y pudo volver a la provincia, deberá presentarse en las próximas audiencias a las que sea convocado. La Justicia de Chile fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación.