Prometía cargos en el Estado y terminó detenida: acusan a una mujer de estafar a 17 personas
La sospechosa habría cobrado más de $9 millones a cambio de supuestos cargos en el Estado. La Justicia de Misiones investiga conexiones con otros delitos.
La Policía de Misiones detuvo en Posadas a Yanina S., de 40 años, acusada de haber estafado a al menos 17 personas mediante falsas promesas de conseguirles empleos en organismos municipales y provinciales. Según la investigación, habría recibido más de 9 millones de pesos bajo esa modalidad.
Además, trascendió que la mujer ya había sido investigada por hechos similares en 2023.
Cómo operaba la detenida
De acuerdo con las denuncias, la mujer solicitaba entre 300.000 y 500.000 pesos para realizar supuestas gestiones que permitirían acceder a un puesto en la administración pública.
Entre los denunciantes se encuentra Joana Malber, quien aseguró haber entregado 250.000 pesos con la expectativa de que su hija obtuviera un empleo.
Otro de los damnificados, Carlos Sponelli, afirmó haber entregado 500.000 pesos: "Eran mis pequeños ahorros. A cambio de ese dinero me iba a conseguir el pase a planta permanente en el Estado provincial, donde estoy contratado", sostuvo.
La investigación y las primeras medidas judiciales
El fiscal René Germán Casals confirmó que la causa se encuentra en plena etapa de investigación y que ya se ordenó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a la sospechosa.
"Investigamos delitos conexos y bloqueamos cuentas bancarias", explicó el funcionario judicial en declaraciones a Radio Up de Posadas, donde además anticipó que la expectativa de pena "podría superar los seis años".
En el marco de la causa, la Justicia allanó uno de los domicilios relacionados con la mujer y secuestró teléfonos celulares que ahora serán peritados.
"Tenemos un cúmulo de denuncias representadas por un solo abogado, alrededor de 17 presentaciones de personas damnificadas por esta supuesta estafa. Además, no es el único antecedente en cuanto a denuncias, porque ya tramitan otras causas en distintos juzgados sobre la misma imputada", precisó Casals.
El fiscal aclaró que la mujer no posee condenas firmes por estos hechos, por lo que "jurídicamente no corresponde hablar de antecedentes penales". Sin embargo, remarcó que existe "una reiteración de conductas similares bajo investigación" y que en algunos expedientes ya prestó declaración indagatoria.
Por qué la Justicia ordenó la detención
Casals explicó que solicitó la detención debido a las dificultades para localizar a la sospechosa, su actitud evasiva frente a los reclamos de las víctimas y el riesgo de que continuara con la misma modalidad delictiva.
"Había hecho reuniones con los damnificados y después directamente desaparecía. Hacía caso omiso a los pedidos, se escondía, cambiaba su teléfono y los bloqueaba. Tenía una actitud evasiva y existía la posibilidad de que continuara con ese accionar", explicó.
El fiscal agregó que la medida también buscó evitar la aparición de nuevas víctimas.
Durante el procedimiento, los investigadores se dirigieron a uno de los últimos domicilios que la sospechosa había informado en otros expedientes judiciales. Sus familiares aseguraron que ya no vivía allí. Sin embargo, poco después la mujer se presentó en el lugar y quedó detenida.
Las posibles imputaciones y el análisis de las pruebas
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que los pagos ingresaban directamente a cuentas bancarias y billeteras virtuales registradas a nombre de la propia acusada.
"A diferencia de otras maniobras, no se detectó inicialmente el uso de identidades falsas o cuentas de terceros para dificultar el seguimiento del dinero. Tenía cuentas personales y billeteras virtuales a su nombre", señaló Casals.
Ahora, los peritos analizarán los teléfonos secuestrados, las conversaciones, los correos electrónicos, los comprobantes de transferencias y los movimientos de las billeteras virtuales. También intervendrá el área de Cibercrimen para determinar si hubo otras personas involucradas.
"Ahí podría surgir la participación de otra persona, pero en principio las denuncias apuntan hacia ella", indicó el fiscal.
La investigación también busca establecer si la mujer se presentó falsamente como abogada, si invocó un cargo dentro de la administración pública o si aseguró tener influencia sobre funcionarios para obtener los puestos prometidos.
"El encuadre primario es una posible estafa, pero podrían configurarse otros delitos, como usurpación de títulos, si efectivamente se hacía pasar por abogada, o incluso una tentativa de cohecho si prometía influencias dentro del Estado", advirtió Casals.
El fiscal también describió la situación de vulnerabilidad de varias víctimas. Según explicó, algunas personas solicitaron créditos o vendieron bienes para reunir el dinero que les exigían a cambio de la promesa de acceder a un empleo estable.
"Había gente muy humilde. Hay personas que intentaron conseguir créditos o vender bienes para poder juntar la plata que se les exigía con la promesa de lograr un mayor bienestar", relató.
Casals aclaró que hasta el momento no se secuestró dinero directamente vinculado con la maniobra, aunque sostuvo que cualquier fondo que pueda identificarse será restituido a las víctimas. Además, recordó que los damnificados podrán constituirse como actores civiles dentro del proceso penal o iniciar demandas para reclamar una reparación económica.
50 años de prisión: la posible pena que podría recibir la acusada
El delito de estafa prevé una pena máxima de seis años de prisión. Sin embargo, el fiscal sostuvo que la existencia de 17 denuncias podría configurar un concurso real de delitos, lo que elevaría significativamente la expectativa de condena.
"El Código prevé que, si todos los hechos se comprueban en una sentencia, podría darse una sumatoria de penas hasta un tope máximo de 50 años. La pena puede ser mucho más alta que seis años porque no se trata de un solo hecho, sino de varios concursos reales", explicó Casals.
La investigación continuará con el análisis del material secuestrado, el seguimiento de los movimientos financieros y la incorporación de nuevas pruebas aportadas por las personas denunciantes.
