"Más de 80 familias denunciaron la estafa": crece el reclamo contra una empresa constructora de Mendoza
Los damnificados afirman que "más de 80 familias denunciaron" una estafa con la compra de propiedades. Piden que les entreguen las viviendas.
Más de 80 familias apuntan contra E&M Viviendas Industrializadas por estafa e irregularidades en la construcción y entrega de viviendas.
Más de 80 familias oriundas de distintos puntos de Mendoza aseguran haber sufrido una estafa millonaria con la compra de casas. Los damnificados señalaron por incumplimientos a la empresa E&M Viviendas Industrializadas, a la que denunciaron por no concretar la construcción y entrega de viviendas que fueron abonadas total o parcialmente.
Los cuestionamientos apuntan a los responsables de la empresa, identificados por los denunciantes como Andre Emens y Matías Moreira, a quienes acusan de no cumplir con los contratos firmados, no avanzar con las obras acordadas y no responder los pedidos de explicación realizados por los clientes.
Los damnificados sostienen que entre 2022 y 2023 contrataron los servicios de la firma con el objetivo de acceder a una vivienda propia. En muchos casos, afirman haber cancelado entre el 70% y el 100% del valor pactado mediante préstamos, sueldos, aguinaldos, ahorros, herencias e incluso la venta de vehículos, con la expectativa de que las obras comenzaran dentro de los plazos establecidos en los contratos.
Sin embargo, las familias denuncian que las viviendas prometidas nunca fueron construidas o quedaron sin avances, mientras que los responsables de la firma dejaron de brindar respuestas concretas ante sus reclamos.
Los afectado aseguran contar con contratos, comprobantes de pago y otra documentación que respalda cada uno de los casos denunciados. En ese contexto, presentaron denuncias penales y actuaciones ante Defensa del Consumidor con el objetivo de que la investigación avance y se determinen las responsabilidades correspondientes.
En una charla con MDZ, una de las víctimas}as aseguró que desde la Justicia les informaron que la causa continuará por la vía penal. No obstante, expresó la preocupación que existe entre las familias porque, según les explicaron, el delito que se analiza prevé una pena de entre seis meses y un año de prisión y, bajo determinadas condiciones previstas por la ley, podría derivar en una condena sin tiempo en prisión o en la posibilidad de acceder a la excarcelación bajo caución, si así lo resuelve el juez interviniente.
Frente a este escenario, las familias perjudicadas anunciaron una movilización para el próximo lunes 3 de agosto hacia Casa de Gobierno. El propósito, explicaron, es visibilizar la situación, solicitar que la investigación avance con mayor celeridad y reclamar una solución para quienes aseguran haber perdido los ahorros de toda una vida sin recibir las viviendas prometidas.
Denuncias y nuevos casos
La situación comenzó a tomar mayor visibilidad luego de que los afectados compartieran sus experiencias a través de redes sociales. A partir de esas publicaciones comenzaron a aparecer nuevas familias que aseguran haber contratado los servicios de la empresa y atravesar situaciones similares.
Los testimonios recopilados muestran un patrón que, según sostienen los denunciantes, se repite en numerosos casos. Uno de los afectados relató que contrató una vivienda en 2022 y abonó el 70% del valor acordado, ya que el contrato establecía que la construcción comenzaría y sería entregada en un plazo de 120 días. Sin embargo, aseguró que la espera ya supera los tres años sin haber recibido la propiedad.
Una mujer contó que en 2023 abonó el 70% de una vivienda cuyo valor inicial era de $1.200.000. De acuerdo con la denuncia, la entrega nunca se concretó y, un año después, la empresa le propuso renovar el contrato con un nuevo plan de pagos que elevó el valor de la casa a $5 millones.
Desde entonces, afirmó que las únicas respuestas que recibe son que existen demoras y que la empresa se encuentra entregando "una casa por mes", motivo por el cual su vivienda todavía no fue construida.
Otro de los denunciantes explicó que en 2022 contrató una vivienda de 52 metros cuadrados por $1.200.000. Recordó que, en un primer momento, la propuesta le generó confianza porque observaba que la empresa ejecutaba las obras.
Sin embargo, aseguró que los inconvenientes comenzaron al alcanzar el 70% de pago. Según relató, primero le prometieron que la casa estaría lista en tres meses; luego ese plazo se extendió a un año y, posteriormente, le modificaron el contrato fijando una entrega en 120 días. A pesar de esas sucesivas promesas, aseguró que hasta el día de hoy continúa sin recibir respuestas.
Una mujer, señaló que conoció la empresa en 2023 a través de una publicidad emitida por un conocido canal de televisión abierta de Mendoza. Explicó que la firma le transmitía confianza, por lo que decidió invertir en dos viviendas.
Del relato surgió que el año pasado adelantó el 70% del valor de ambas propiedades con la expectativa de acelerar la construcción. Sin embargo, denunció que posteriormente le informaron que unificarían ambos proyectos en una sola vivienda y que debía esperar un turno para el inicio de los trabajos de albañilería, instancia que, hasta el momento, nunca llegó.
Incluso, entre los casos más recientes figuran personas que iniciaron contratos durante 2025 y que, tras conocer las denuncias y las publicaciones difundidas en redes, decidieron suspender los pagos.
Además, las víctimas sostienen que, ante la falta de avances en la construcción de las viviendas y la ausencia de respuestas concretas, intentaron comunicarse en reiteradas oportunidades con los responsables de E&M Viviendas Industrializadas, pero no lograron obtener soluciones.
También señalaron que varias familias se acercaron hasta la sede de la empresa para intentar dialogar con los responsables. Sin embargo, indicaron que encontraron el lugar cerrado y con personal de seguridad, quienes toman los datos de los damnificados con la promesa de que serán contactados posteriormente, aunque aseguran que esa comunicación con los responsables nunca se concretó
"Llegamos al 70% y ahí comenzaron las excusas"
Una de las víctimas contó en una charla con este portal cómo fue el proceso que atravesó desde que decidió contratar a la empresa. La mujer relató que junto a su esposo comenzaron el proyecto en 2022 con la expectativa de acceder a una vivienda industrializada.
"Junto a mi esposo en el año 2022 contratamos a esta empresa para comprar una casa premoldeada de 51 metros cuadrados en cuotas y al llegar al 70% comenzaría la construcción", explicó.
La damnificada relató que ese porcentaje fue alcanzado en 2024, momento en el que esperaba que comenzara la obra. No obstante, aseveró que allí surgieron nuevos planteos económicos por parte de la empresa.
"En el año 2024 llegamos a ese tan ansiado 70%. Cuando nos reunimos con uno de los dueños nos dijo que debido al estado económico del país deberíamos reajustar el precio de la casa. Pasó de valer $1.650.000 a $8 millones, también en 36 cuotas, y con la promesa verbal de que en 90 días levantarían nuestra casa", contó.
La mujer explicó que los plazos fueron modificándose con el paso del tiempo y que las fechas anunciadas nunca se concretaron.
"Pasó marzo, nos decían que en agosto, después noviembre y así pasó todo el año 2024. Todos los meses seguíamos pagando y eran excusas tras excusas: que estaban construyendo las casas del 2023, que el viento Zonda, que no les duraban los constructores. Y así pasó todo el 2025", relató.
Finalmente, decidió dejar de abonar las cuotas hasta obtener una respuesta concreta sobre el inicio de la construcción. "En enero de este año decidí no pagar más hasta que me dieran la certeza de levantar mi casa. Siguieron las promesas y hasta el día de hoy nada de nada", afirmó.
La denunciante también mencionó que otros integrantes de su entorno atraviesan situaciones similares y señaló que en 2023 un familiar suyo abonó una vivienda al contado y todavía no recibió respuestas sobre la entrega.
Por ahora, los damnificados continúan reuniendo documentación y sumando nuevos testimonios a la causa. Aseguran que seguirán reclamando por vías judiciales y administrativas con la expectativa de que la investigación avance y se determinen las responsabilidades correspondientes.
