La Corte Suprema prepara un fallo determinante sobre uno de los crímenes que conmovió a Mendoza en los últimos años
Con la incorporación del titular de la Cámara Federal de Mendoza, Gustavo Castiñeira, el máximo tribunal se dispone analizar si el asesinato de Julieta González ocurrido en 2016 se encuadra o no en un femicidio.
La Corte Suprema de Justicia se encamina a resolver un caso que marcó a Mendoza y reavivó el debate sobre la figura de femicidio. Con la incorporación de dos conjueces, el máximo tribunal analizará la condena por el asesinato de Julieta González, la joven de 21 años hallada sin vida en septiembre de 2016 en Cacheuta. El crimen que generó fuertes críticas de organizaciones feministas y una larga disputa judicial sobre la existencia o no de violencia de género.
El expediente llegó a la Corte tras un derrotero que comenzó con la desaparición de Julieta el Día de la Primavera. Su cuerpo apareció al día siguiente, atado de pies y manos, en medio de la montaña mendocina, a pocos metros del penal de Almafuerte.
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Desde el primer momento, la familia apuntó a Andrés Di Césare, un joven de 26 años a quien Julieta conocía desde muy chica y con quien retomó vínculo luego que sus caminos volvieran a cruzarse. “Mamá, ¿a que no te imaginás con quién me crucé? Estuvimos hablando y me invitó a salir: con el Andresito”, recordó su madre ante la Justicia.
Si bien Di Césare negó haber visto a Julieta el día de la desaparición, la investigación desmoronó su versión de los hechos tras el análisis de elementos de prueba que fueron determinantes para la hipótesis fiscal como la ubicación mediante la triangulación de antenas telefónicas, restos de su piel debajo de las uñas de la víctima, sangre de Julieta en el interior su vehículo y búsquedas en su celular vinculadas a cómo realizar pruebas de ADN sobre un feto y cómo deshacerse de un cuerpo.
El Ministerio Público concluyó que Di Césare mató a golpes a González en un arrebato de furia al enterarse de que ella estaba embarazada. El caso llegó a juicio el mismo año del crimen y terminó con una condena a 18 años de prisión por homicidio simple.
En su fallo, los jueces del tribunal oral descartaron el agravante de femicidio por considerar que el vínculo de pareja no estaba probado. La decisión desató la reacción de organizaciones como #NiUnaMenos, que reclamaban una sentencia acorde a un crimen bajo el contexto de violencia de género.
Dos años más tarde, la Corte de Mendoza revirtió parcialmente ese fallo al señalar que Andrés Di Césare incurrió en violencia de género, calificó el crimen como femicidio y agravó la pena a prisión perpetua.
Los Supremos mendocinos José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo destacaron la multiplicidad de lesiones, la asimetría de fuerza y la voluntad disciplinadora del atacante como indicadores del contexto de sometimiento.
La defensa Di Césare logró llevar el caso ante la Corte Suprema de la Nación, donde los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti comenzaron a debatir la cuestión. La división interna entre los tres ministros motivó la convocatoria por sorteo de dos conjueces: Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Resistencia; y Gustavo Castiñeira, de Mendoza, quienes ya fueron notificados para intervenir.