Expediente Diego Aliaga: un clan familiar que traicionó y una condena que marcó la Justicia de Mendoza
Un empleado arrepentido fue la pieza clave para desenterrar la verdad en los campos de Lavalle y sobre la muerte de Diego Aliaga en manos de conocidos de su entorno. Todos los datos en MDZ Policiales.
Diego Aliaga, el empresario y exdespachante de aduana cuyo rastro se perdió misteriosamente en julio de 2020. / Archivo
El caso de Diego Alfredo Aliaga quedó grabado en las páginas más oscuras de la crónica policial mendocina. Lo que comenzó el 28 de julio de 2020 como una misteriosa desaparición en los sectores más exclusivos de la provincia, pronto desnudó una trama de traición, codicia económica y un entramado familiar dispuesto a todo.
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Durante semanas, la incertidumbre cercó a los investigadores y a todo el proceso judicial. Sin embargo, a años de lo ocurrido, este trabajo de investigación lo aclara todo, el cual fue realizado por MDZ en conjunto con el grupo Evidentia formado por María de los Ángeles Videla, María Victoria Gaviola, Martina Guadalupe Lostes y Valentina González, especialistas en criminalística y siniestrología vial, con el apoyo multimedial de Milagros Lostes.
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Una emboscada planificada al detalle por su círculo cercano
La reconstrucción fiscal determinó que el clan liderado por Diego Barrera, su esposa Viviana Sacolle y los hijos de esta, Gastón y Lucas Curi, planificaron minuciosamente la captura de Aliaga. El objetivo era explícito: obligarlo, mediante torturas y coacciones, a firmar los boletos de compraventa de una lujosa propiedad en el barrio Dalvian, una oficina céntrica y la entrega de vehículos de alta gama, entre ellos un Chevrolet Camaro y un Jeep Wrangler.
Aquel 28 de julio, Aliaga llegó al galpón de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, para reunirse con Barrera. Allí fue reducido por el dueño de casa, Gastón Curi y el empleado Yamil Rosales. La víctima fue metida a la fuerza en una combi Mercedes Benz Sprinter naranja conducida por Lucas Curi y trasladada a un depósito en la calle Jujuy de Ciudad.
Mientras Sacolle coordinaba la logística telefónicamente, Barrera fue a la casa de la víctima para desactivar las cámaras y robar la documentación. Para ganar tiempo, Gastón Curi realizó una llamada extorsiva al hermano de Aliaga exigiéndole "un palo verde", mientras usaban el celular del empresario para enviar mensajes simulando que seguía vivo.
La autopsia reveló que, antes del 10 de agosto, Aliaga fue asesinado por asfixia mecánica por sofocación. Su cuerpo permaneció cuatro días en el baúl de un auto antes de ser enterrado en Costa de Araujo.
El veredicto de la Justicia Federal que cerró un caso más que polémico
Años después del hecho, el Tribunal Oral Federal 1, integrado por Alberto Carelli, Alejandro Piña y María Paula Marisi, clausuró el debate con un fallo contundente alineado al pedido de la fiscal María Gloria André. Diego Barrera, Viviana Sacolle, Gastón Curi y Lucas Curi recibieron la pena de prisión perpetua como coautores penalmente responsables de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, seguido de muerte, homicidio criminis causa con alevosía y ensañamiento, y robo en banda.
Por su parte, Yamil Rosales fue condenado a 17 años de cárcel; su confesión bajo la figura del "arrepentido" fue vital para localizar el cuerpo. Los intentos de las defensas por mitigar las penas bajo figuras de homicidio preterintencional o alegar una "desgracia involuntaria" en las últimas palabras de Barrera fueron rechazados. Además de las condenas, el tribunal ordenó el decomiso de seis autos de los imputados y dispuso que el inmueble de la calle Jujuy sea destinado a un programa de asistencia integral para víctimas de delitos.
Un dato clave que no pasó desapercibido
Durante las primeras etapas de la búsqueda del cuerpo de Diego Aliaga, los investigadores citaron a declarar a Diego Barrera. En su declaración inicial contenía una revelación explosiva que excedía el móvil económico del crimen.
El sospechoso deslizó con lujo de detalles que Aliaga mantenía aceitados contactos dentro de la Justicia Federal y que operaba activamente como un "puntero" encargado de arreglar causas penales en Mendoza a cambio de suculentas coimas en dólares. Aunque en un principio se conjeturó que Barrera solo pretendía desviar la atención de la policía, la gravedad de sus dichos obligó a los investigadores a abrir una línea de pesquisa totalmente independiente.
Esa derivación colateral se transformó en un expediente aparte que puso bajo la lupa los vínculos entre el difunto empresario y el entonces juez federal Walter Bento. La nueva instrucción sumó rápidamente numerosos testimonios de imputados que confirmaron haber sido contactados por la red de Aliaga para pagar sobornos a cambio de beneficios procesales.
De este modo, el homicidio del exdespachante de aduana terminó por destapar un secreto a voces en los pasillos de los Tribunales Federales de Mendoza, convirtiéndose en el detonante clave de un escándalo institucional sin precedentes: el caso Walter Bento.