Declaró Julieta Silva y acusó a su esposo de "chantaje y extorsión"

Julieta Silva se presentó esta mañana en los tribunales de San Rafael para brindar testimonio ante el representante del Ministerio Público Fiscal Fabricio Sidoti. La mujer enfrenta acusaciones por lesiones leves, privación ilegítima de libertad, amenazas y desobediencia judicial. Su comparecencia se realizó acompañada de su madre y su equipo legal, integrado por Roberto Castillo y Clarisa Fuentes.

Previo a la declaración, el abogado Roberto Castillo manifestó que su defendida había permanecido callada por temor a perder la custodia de sus hijos. El letrado sostuvo que terceros le habrían advertido sobre una posible condena de 25 años si decidía hablar. Castillo calificó la situación como "chantaje y extorsión" aprovechando la vulnerabilidad emocional de Silva debido al estigma social que arrastra tras ser condenada por atropellar y matar a su expareja, Genaro Fortunato.

Castillo caracterizó los hechos como "una pelea intrafamiliar" que debería resolverse en otras instancias. La defensa contrató servicios legales de Buenos Aires debido a la desconfianza hacia el sistema judicial local, siendo Fuentes quien ejerce la representación técnica en Mendoza.

Los defensores adelantaron que se constituirán como querellantes en las denuncias previamente presentadas por Silva que habrían quedado archivadas. Castillo acusó negligencia fiscal en el tratamiento de esas presentaciones anteriores. La estrategia incluye demostrar que Silva fue víctima de "falsas denuncias" diseñadas para aprovechar su situación social vulnerable.

Silva está procesada por lesiones leves agravadas por el vínculo contra Lucas Giménez, su pareja y padre de su hija de un año. Los cargos adicionales incluyen desobediencia y amenazas, motivos por los cuales la Fiscalía había solicitado su detención. La gravedad de las imputaciones se fundamenta en la relación matrimonial existente entre ambos, lo que agrava las figuras penales aplicadas.

El 8 de agosto, durante una audiencia para evaluar su prisión preventiva, el juez Claudio Gil del Juzgado Penal Colegiado 2 de San Rafael determinó que Silva debía continuar su detención en la modalidad domiciliaria. La medida incluye el uso obligatorio de tobillera electrónica para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas. Esta decisión permite que la imputada permanezca en su hogar mientras avanza el proceso judicial.