Condenaron a una mujer que se hacía pasar por secretaria de una jueza federal y ofrecía "arreglos" en sus causas
Dora Esperanza Martínez fue condenada en un juicio abreviado a tres años de prisión por el delito de defraudación. La trama de fraude dentro de la Justicia.
Dora Esperanza Martínez recibió una condena de 3 años de prisión por los delitos de defraudación con pretexto de remuneración a jueces o empleados públicos.
El juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, Andrés Fabián Basso, dictó la condena con la que se cierra un controversial caso que implicó una elaborada estafa, donde la culpable se hizo pasar por parte de la Justicia federal, contactaba a imputados y les pedía coimas a cambio de "un acuerdo extraoficial". Por medio de un juicio abreviado, reconoció los hechos y fue condenada a 3 años de prisión en suspenso.
Se trata de Dora Esperanza Martínez, quien se hizo pasar por la secretaria de la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Federal N° 5.
El modus operandi de las estafas
Bajo esta estrategia, en marzo de este año, comenzó a contactar a Claudia Lorena Parra, procesada en una causa penal iniciada en el año 2014 por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Martínez le advirtió a la víctima que, de no localizar a su expareja, ella quedaría implicada en un nuevo expediente. Sin embargo, le aseguró que podían llegar a un "arreglo extraoficial" fuera del ejercicio legal para "desestimar totalmente" su responsabilidad.
En los mensajes recolectados durante la investigación, la condenada afirmó explícitamente: "Yo te hablo fuera del ejercicio legal para que no te imputen" y "los acuerdos con vos son extraoficiales". Sin embargo, ante la sospecha del engaño, la víctima denunció el hecho ante el propio juzgado de Capuchetti.
Cómo cayó la estafadora
La investigación, que incluyó tareas de inteligencia y análisis de líneas telefónicas por parte del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la PFA, permitió identificar a Martínez como la titular de la línea utilizada para la maniobra.
El 6 de mayo de 2026, por orden del juez Julián Ercolini, se allanó su domicilio en Wilde, donde fue detenida y se le secuestró el teléfono celular con el que cometía las estafas.
Finalmente, el caso se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado en el que Martínez reconoció su autoría y culpabilidad. Además de la pena de prisión en suspenso por el delito de defraudación con pretexto de remuneración a jueces o empleados públicos, la mujer deberá cumplir con reglas de conducta por tres años, incluyendo fijar residencia y someterse al control de un patronato.
En sus fundamentos, el juez Basso destacó la gravedad institucional del hecho, señalando que este tipo de conductas buscan instalar sentimientos de sospecha sobre la honestidad de los poderes públicos y socavan la confianza de los ciudadanos en la rectitud de la justicia.
