Decretaron prisión preventiva para policías y civiles por malversación de fondos
Trece policías y tres civiles quedaron detenidos con prisión preventida por malversación de fondos luego de haber realizado diversas maniobras de sobrefacturación de combustibles en una estación de servicio en Rosario.
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Tras una extensa audiencia que duró tres días, el juez Gustavo Pérez de Urrechu les dictó prisión preventiva por seis meses a todos los imputados, excepto a una empleada de la estación de servicio.
La causa se abrió en julio de 2024, cuando una denuncia anónima que recibió el fiscal José Luis Caterina manifestaba que varios empleados policiales estaban realizando negocios y enriqueciendo su patrimonio con el combustible de los móviles en la estación de servicios Puma de Ovidio Lagos al 3900.
Los detalles indican que se realizaban pagos por encima de los gastos de combustible que efectivamente se cargaban en los patrulleros de los policías involucrados y se generaba un sobrante a compartir con algunos comercios cómplices. Para esto, se concentraban varias de las tarjetas Visa Flota y se realizaban los pagos en el posnet de al menos una estación de servicios por montos superiores a lo cargado, según informó La Capital.
Asimismo, se realizó un seguimiento aleatorio por GPS de los patrulleros y se constató que cargaban más nafta de la que gastaban, unos 14 litros por cada cien kilómetros, cuando deberían haber gastado, en promedio, unos 8 litros por esa distancia.
El fiscal Caterina planteó que se detectaron tanto actividades de sobrefacturación como el cobro de cargas de combustible inexistentes: más de ochenta patrulleros que no estaban circulando cargaban nafta a razón de unos 20 mil a 30 mil pesos casi a diario. El gobierno santafesino, por su parte, calcula que esta red generó un perjuicio económico de 45 millones de pesos mensuales.
La audiencia comenzó este martes a la mañana, cuando Caterina imputó a los 13 policías y cuatro civiles en una sala del Centro de Justicia Penal. Los acusados de mayor rango son el subcomisario de Garage de la Unidad Regional II, Gerardo Ramírez; el comisario superior Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura; el jefe de la sección Caballería y Perros, Fabián Darío Fantín; su subjefe Mario Brest, y el jefe de la Brigada de Orden Urbano, Juan Pablo Pigozzi.
Por su parte, los cuatro civiles sospechados pertenecen la empresa Gas Auto Tiferno S.A., que gestionaba la estación Puma Son la presidenta del directorio, Mónica Bianconi, el director suplente Oscar Coullery, el encargado Daniel Reynoso y la empleada administrativa María Fernanda De Franco, la única entre los 17 imputados para quien el fiscal no solicitó una medida de prisión preventiva.
Los policías implicados fueron imputados por los delitos de cohecho, peculado de caudales público y defraudación agravada por afectar a una administración pública, en algunos casos como coautores y en otros como partícipes primarios. Mientras que los civiles, pertenecientes a la estación de servicio, fueron acusados por peculado, defraudación agravada y cohecho activo.
