Se complica la situación de "El rey de La salada" y de sus dos socios
Jorge Castillo, el Rey de la Salada.
NALa Justicia solicitó llevar a juicio a Jorge Omar Castillo, "El rey de La Salada" y a dos de sus socios, por evasión tributaria.
La elevación a juicio oral y público fue presentada por la titular de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, y es por la presunta comisión de delitos cometidos en el marco de la explotación del complejo comercial "Feria La Salada", desde 2013 y hasta fines de mayo de 2017.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la solicitud, a cargo del Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Procelac y la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, se imputa a Castillo, a Antonio Corrillo Torrez y a Aldo Enrique Presa, como coautores del delito de evasión tributaria agravada por haber evadido el pago del Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA) al que se encontraba obligada la firma Punta Mogote S.C.A., entidad a cargo de la explotación comercial del complejo "La Salada" de la que eran socios; su actividad consistía, entre otras, en el alquiler de los locales dentro del predio ubicado en Lomas de Zamora.
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El requerimiento de elevación a juicio indica que estos hechos habrían sido cometidos mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas (originales y rectificativas), en las cuales, "principalmente, se omitió la exteriorización de ingresos gravados y se contabilizó facturación apócrifa".
Según la investigación, la deuda que se les atribuye es de $126.684.567 desde enero de 2013 hasta mayo de 2017, inclusive; y los intereses -calculados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al 26 de octubre de 2018- por ambos impuestos superan los 228 millones de pesos.
Se informó además que el delito de evasión simple, que pesa sobre Castillo, prevé una pena de dos a seis años de prisión.
La causa se inició el 17 de marzo de 2015 a raíz de la presentación de la AFIP contra los responsables de la denominada feria "La Salada".
Entre otras cuestiones, se consideró que los presuntos socios y puesteros del complejo resultaban ser empleados de los verdaderos responsables de la feria y beneficiarios finales.
