Empresario mendocino acusado de abuso sexual: qué pasará con el caso tras el apartamiento de sus abogados

Esta semana la investigación por abuso sexual que tiene acusado al empresario Diego D'Ascanio (46) y a su sobrina como supuesta víctima, volvió a inmiscuirse en el laberinto judicial en el que siempre ha estado enmarcado el caso. Cuando en principio estaban previstas las primeras audiencias del segundo juicio, sus abogados terminaron apartados en la causa y el proceso volvió a frenarse. Qué sucederá a partir de ahora. 

Cronológicamente, el lunes pasado las partes se encontraron en el Polo Judicial para iniciar el nuevo debate, aunque se sabia que la defensa presentaría nulidades para oponerse al desarrollo del mismo. El tribunal, conformado por los jueces Marcelo Gutiérrez del Barrio, Ramiro Salinas y Mauricio Juan, no hizo lugar a estos planteos y se disponía al comienzo del juicio. Entre varias estrategias, la representación del imputado buscaba la extinción de la acción penal y su desvinculación. 

Y ante la respuesta negativa de los magistrados y bajo la advertencia de recurrir las últimas decisiones tomadas, el letrado Francisco Diez se retiró aseverando que no consentiría el debate que se iba a desarrollar. 

De acuerdo al artículo 139 del Código Procesal Penal, los jueces decretaron el abandono de defensa y lo retiraron del caso. Las audiencias se retomaban al día siguiente y se notificó al doctor Juan Day-quien estuvo al frente durante de todos estos años de la defensa-para que asistiera. 

Este abogado manifestó que estaba fuera de la provincia, además de que tampoco consentía el avance del juicio. Frente a esto también resultó apartado por el tribunal, que el miércoles solicitó la asignación de un abogado oficial puesto por el Estado. 

La Defensoría número 16 del Poder Judicial resulta la encargada de representar al empresario, aunque hasta este viernes no estaba confirmada la aceptación del cargo. Los últimos movimientos en el expediente fueron esta notificación, la extracción de compulsas al Colegio de Abogados por el accionar de Diez y Day y la recepción de las mismas desde esta institución, y la comunicación para las partes de que el juicio ha comenzado y se reiniciará, aún sin fecha definida. 

Sobre esto último, la defensa oficial una vez que asuma tendrá la posibilidad de pedir tres días hábiles de prórroga para estudiar el caso, por lo que no está garantizado que el debate se retome la semana que viene. 

A esto hay que sumarle que los trabajadores del Polo Judicial decidieron hacer un paro desde este viernes y hasta el lunes, con lo cual la actividad se paralizó y esto afectó el movimiento de expedientes y sus novedades. Teniendo en cuenta todo el contexto, no sorprendería que el juicio arranque oficialmente recién en la semana del 25 de marzo. 

Estas postergaciones preocupan a la víctima , a su abogado y a la fiscal interviniente, ya que en abril próximo se vence la prisión preventiva de D'Ascanio, que podría quedar libre al pasar tres años preso sin condena. 

La investigación 

De acuerdo a la denuncia, el acusado habría abusado sexualmente a su sobrina desde aproximadamente el 2006, cuando ella era menor de edad. El sospechoso habría aprovechado los días en los que se quedaba en su casa por cuestiones familiares, para cometer los hechos. 

Las agresiones habrían seguido en la adolescencia de la víctima (hoy tiene 25 años), en diferentes situaciones. Con el paso del tiempo la joven pudo contarlo y en 2019 todo se plasmó en un expediente penal. 

A partir de las pruebas recabadas por la fiscalía, principalmente las pericias psicológicas, se ordenó la detención del empresario en abril del 2021. Poco tiempo después accedió a la prisión domiciliaria, beneficio que perdió en julio de ese año al romper la pulsera magnética con la que era monitoreado; entonces, regresó a la cárcel y no logró salir de allí a pesar de varios intentos. 

El primer juicio fue en 2022 y los jueces Aníbal Crivelli, Ariel Spektor y Alejandro Miguel lo declararon nulo por falta de argumentación y fundamentación en los alegatos de los acusadores. 

El detenido está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores, todo agravado por la guarda. Arriesgará una potencial pena que parte desde los 10 años.