Nuevo revés para Cacho Garay y beneficios para su presunta cómplice
La jueza Mónica Romero, en representación del Tribunal Penal Colegiado Nº 2, rechazó en la tarde de este miércoles la apelación de los abogados de Juan Antonio Garay (68), alias Cacho, sobre la revocación de la prisión domiciliaria del humorista, por lo que éste permanecerá en el penal de San Felipe en la continuidad de la investigación de los abusos sexuales y demás delitos que tuvieron como víctima a Verónica Macías, expareja del comediante.
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Por otra parte, la magistrada sí avaló uno de los pedidos del defensor de Sandra Astudillo (58), y esta mujer accedió a la detención en una vivienda, lo cual se concretará en los próximas días. Esta sospechosa está señalada como cómplice en las vejaciones.
Estos puntos de la causa comenzaron a analizarse hace casi un mes en la primera audiencia, ante la mencionada jueza y sus colegas Mateo Bermejo y Eduardo Martearena, y tuvieron su desenlace en la jornada de hoy. Garay quería volver a la domiciliaria en la casa de su hermana, mientras que la acusada, exreina de la Vendimia y empleada legislativa, buscaba la libertad o también el arresto en un domicilio.
La resolución para ambos fue dispar, luego del análisis que el tribunal hizo de la prueba y del expediente en general, cargo de la fiscal Mónica Fernández Poblet.
Sobre el humorista pesan una gran cantidad de imputaciones y delitos que habría cometido en perjuicio de la víctima: amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (en tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a la que se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia de una orden judicial (violación de la prohibición de acercamiento al enviarle un audio de WhatsApp a su ex); todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género.
El caso comenzó en Córdoba, luego de una fuerte discusión que mantuvo la pareja en la habitación de un hotel de Carlos Paz en la que estuvieron hospedados durante el fin de semana de Semana Santa.
Tras la denuncia de Verónica en esa ciudad, ambos regresaron a Mendoza. Ella quedó alojada en un establecimiento de contención para víctimas de violencia de género, mientras que él se fue a la propiedad en la que vivían, en calle 20 de Septiembre de Luján de Cuyo.
Allí la Policía allanó y se llevó detenido al sospechoso por la tenencia de armas de fuego, aunque recuperó la libertad al día siguiente con la rendición de una fianza de $1.000.000. La Justicia también le ordenó la exclusión del hogar que compartía con su ex.

Con el avance de la pesquisa y más declaraciones de la mujer, el panorama para Garay se complicó notoriamente, quedando acusado por graves hechos pero con domiciliaria.
Luego le sacaron este beneficio y pasó a la cárcel, en tanto que antes ya había sido detenida e imputada Astudillo, sindicada como cómplice y partícipe de los vejámenes.
Sus imputaciones son por abuso sexual doblemente agravado por ser gravemente ultrajante y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas, en un número indeterminado de hechos, todo en concurso real y en contexto de violencia de género.

