Con un acusado, llegó a juicio el crimen de una preceptora de Guaymallén baleada en un asalto y que agonizó 17 días

A casi dos años del crimen de Hilda Elvira Vedia (48), preceptora del colegio Ernesto Pérez Cuesta, el caso llegó a un juicio por jurados con un joven en el banquillo de los acusados. El debate popular arrancó este lunes y el sospechoso arriesga hasta 25 años de prisión, aunque la fiscalía ira por la prisión perpetua. 

A la víctima la balearon en su casa en la noche del 13 de julio del 2021, alrededor de las 23.50. Vivía en el barrio Covimet, en la calle Alberti de Rodeo de la Cruz, en donde en aquella jornada tres malvivientes treparon un portón, destrozaron la puerta de entrada e intentaron ingresar a la vivienda. 

Los delincuentes se encontraron con la resistencia de la familia, advertida del asalto. La mujer tomó un fierro para defenderse y con su celular en mano llamó al 911 para denunciar. 

El operador del CEO (Centro Estratégico de Operaciones) que recibió la comunicación escuchó los gritos desesperados y una explosión. Es que Vedia había recibido un disparo en el tórax, de parte de un sujeto subido al portón. 

Los ladrones escaparon sin robar nada-se cree que iban por una importante cantidad de frascos de marihuana que tenía el hijo mayor de la preceptora-, mientras la herida ya era trasladada al Hospital Central. 

En el nosocomio Hilda estuvo 17 días en grave estado, hasta que el 30 de julio murió. A esa altura la investigación ya tenía dos detenidos, aunque uno de ellos, que había sido señalado como autor intelectual del atraco, terminó desvinculado. 

El juicio 

En el banquillo desde este lunes se sentó uno solo de los presuntos tres ladrones que cometieron el crimen. Se trata de Tomás Agustín Rojos Baro (22), imputado por homicidio en ocasión de robo, es decir, el objetivo era cometer un ilícito y no matar. 

Este joven está ante una pena de 10 a 25 años de cárcel, aunque los fiscales Fernando Guzzo y Claudia Ríos, por lo que se deduce de sus alegatos de apertura, irán por la perpetua en un homicidio criminis causa, matar para ocultar otro delito. 

De hecho esa era la calificación inicial de la causa, que luego el juez Juan Manuel Pina González bajó a homicidio en ocasión de robo, decisión ratificada por su par María Belén Renna en segunda instancia. Incluso la fiscalía llegó hasta la Suprema Corte, pero allí tampoco pudo imponerse, sin perjuicio de que si podría hacerlo en el juicio si es que el jurado comparte su hipótesis. 

Lo cierto es Rojos Baro aparece complicado en el debate, sobre todo por dos pruebas clave obtenidas en la instrucción: el hijo de la preceptora lo reconoció y a una gorra encontrada en la escena del crimen le rescataron material genético suyo. 

Básicamente con esos elementos y algunos más, la fiscalía y la querella buscan un veredicto de culpabilidad, mientras que el abogado defensor aseguró que probarán quiénes fueron los verdaderos asesinos. 

Este martes comenzará la ronda de testigos, entre los que se destacan el hijo de Vedia y el operador del CEO, así como también se analizará la cámara Gesell de la hija menor de la víctima. 

Terminado este proceso, a los pesquisas les quedará intentar identificar a los otros dos delincuentes que habrían participado del ataque fatal.