Cromañón: a 19 años de las consecuencias nefastas de la corrupción y la negligencia
Durante uno de los juicios orales por el incendio ocurrido hace 19 años se determinó que el boliche de Once había sido clausurado el 18 de julio de 1997 debido a la presentación de planos falsos.
Han pasado diecinueve años desde la fatídica noche del 30 de diciembre de 2004, cuando una tragedia en el recital del grupo Callejeros en República Cromañón dejó un saldo de 194 personas fallecidas. Sin embargo, los oscuros detalles de la historia se remontan siete años antes, cuando el boliche ubicado en Bartolomé Mitre 3060 fue clausurado el 18 de julio de 1997 y la prohibición para su funcionamiento nunca fue levantada.
De acuerdo con el proceso penal, actualmente cerrado sin presos entre los 19 condenados, el expediente revela que Cromañón nunca debería haber estado abierto, y la clausura debió haberse ejecutado mucho antes del vencimiento del certificado emitido por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal sobre los sistemas contra incendios, ocurrido veinte días antes de la tragedia.
El recorrido por este laberinto de negligencia y corrupción revela que, antes de que Omar Chabán asumiera la gestión de República Cromañón con la intención de competir con el Luna Park y Obras en la realización de recitales, el local ya había sido clausurado cuando funcionaba como una bailanta llamada El Reventón. La solicitud de habilitación presentada a nombre de Lagarto SA, la empresa titular, fue inicialmente rechazada, luego clausurada, pero finalmente habilitada sin mejoras evidentes en el inmueble.
En uno de los cinco juicios orales realizados debido a las diversas responsabilidades en el incendio, se condenó a un inspector del gobierno porteño a cuatro años y cuatro meses de prisión por su papel en la habilitación fraudulenta. Según la investigación, el inspector recibió sobornos para falsificar medidas y permitir el funcionamiento del local, contribuyendo así a la tragedia que se desataría años después.
El inspector alteró los planos para favorecer la habilitación del local, destacando una superficie de 1447 metros cuadrados, justo en el límite permitido para un local de baile clase "C". Esta falsificación afectó directamente las medidas de seguridad, como las dimensiones incorrectas de las puertas de emergencia, que resultaron ser insuficientes para evacuar a las 3500 personas presentes en el recital de Callejeros.
El fatal incendio, causado por una bengala lanzada durante el recital, generó un humo letal de ácido cianhídrico debido a la combustión de la espuma de poliuretano utilizada como aislante. Las puertas de emergencia, inadecuadas según los planos fraudulentos, se convirtieron en trampas mortales, selladas con candados y cadenas.
La tragedia reveló una red de corrupción que involucraba al inspector, acusado de recibir sobornos para permitir el funcionamiento irregular de Cromañón. Aunque fue condenado en 2016, la prescripción de la acción penal y su posterior sobreseimiento en 2021 dejaron impune su participación en el suceso.
Hoy, a 19 años del desastre, sobrevivientes y familiares de las víctimas aún esperan indemnizaciones que la Justicia ordenó, mientras el predio de República Cromañón, declarado Monumento Histórico Nacional, permanece en manos de su propietario, Rafael Levy. La tragedia sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva, recordándonos las consecuencias nefastas de la corrupción y la negligencia en la seguridad pública.