La millonaria suma que pagará el jefe de la barra de Central para ser liberado: el líder de la Uocra seguirá detenido
El jefe de la barrabrava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, quedará en libertad tras pagar una fianza de 20 millones de pesos y el líder de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) de esa ciudad, Carlos Vergara, continuará en prisión, mientras son investigados como presuntos organizadores de una asociación ilícita acusada de extorsiones y aprietes para obtener negocios de apariencia legal.
Así lo resolvió este viernes en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario el juez Facundo Becerra, al concluir la audiencia imputativa que se inició el 6 de diciembre pasado y en la que se resolvieron las medidas cautelares, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Otras seis personas ligadas a Bracamonte y al gremio de la construcción también fueron acusadas como miembros de la asociación ilícita, agregaron los informantes.
El magistrado dispuso que el secretario general de la Uocra. Vergara; y los imputados Carlos Pérez; Horacio Manzo; Cristian Díaz y Juan Manuel Enriquez cumplan prisión domiciliaria, mientras que a Bracamonte le fijó una caución de 20 millones de pesos para continuar el proceso en libertad.
Por su parte, Fernando Riggiracciolo, socio del jefe de la barra de Central en varios emprendimientos involucrados en la causa, seguirá libre como hasta ahora, al igual que Roque Raúl Monzón, quien para mantener esa condición deberá cumplir una serie de medidas de conducta y no podrá salir del país.
El fiscal de la investigación, Miguel Moreno, asistido por sus colegas Sebastián Narvaja y César Pierantoni, les atribuyó a los sospechosos haber conformado una asociación ilícita "destinada a planificar y cometer una pluralidad de delitos de manera organizada, todo ello valiéndose de la estructura" de la delegación Rosario de la Uocra, "dentro de la cual se ha consolidado un poder de hecho que es compartido con la barrabrava del club de fútbol".
Para Moreno, los orígenes de la alianza entre "Pillín" y Vergara se remontan a 2018, ya que "en esa época Bracamonte estaba 'adentro' de la Uocra" de la ciudad de San Lorenzo y "luego vendría la expansión a Villa Constitución".
Agrego en la acusación que en 2018 la empresa Vanefra, constituida entre Bracamonte y Riggiracciolo un año antes, pasa a incluir dentro de su objeto social el alquiler de baños químicos.
Los fiscales le endilgan a la organización el hecho de extorsionar a empresarios de la construcción para que contraten los servicios de viandas para los obreros y baños químicos para los lugares de trabajo, con las empresas del jefe de la barra de Rosario Central.
También de "apretar" a constructores para que realicen pagos en efectivo al gremio y que contraten a personas en las obras que no prestaban ningún servicio.
Bracamonte ya fue imputado por el mismo fiscal Moreno por presunto lavado de activos en 2020.
Según la nueva investigación, luego de esa acusación, en julio de 2021, este hombre y Riggiracciolo, crearon la sociedad Ferce RSL "utilizando como prestanombres a la esposa" del segundo. También modificaron Vanefra, que pasó a llamarse ATE Servicios Integrales SRL.
"Dentro de la asociación ilícita, estas sociedades constituyen la herramienta con la cual se consuma un grupo de las acciones extorsivas", afirmó el representante del Ministerio Público.
Y añadió que "las acciones criminales emprendidas por el grupo consisten en extorsiones, amenazas, amenazas coactivas, lesiones, tendientes a obtener ganancias y beneficios ilícitos".
Los fiscales ubicaron a Bracamonte y Vergara como organizadores y cabecillas de la asociación, por la posición que cada uno posee en las estructuras que administra: la hinchada de Central y la titularidad del sindicato.
"Bracamonte aporta la fuerza de choque para que Vergara se mantenga en el poder sindical, y éste le aporta a su vez la estructura de la Uocra para que Bracamonte realice sus negocios extorsivos, dándole apariencia de licitud", sostuvieron.
Entre otros hechos, le atribuyeron al delegado Carlos Pérez intimidar al gerente de compras de la empresa Pulzoni S.A. "exigiendo y compeliendo a que entregase un millón de pesos o más, en la sede del gremio de San Lorenzo, caso contrario impedirían el ingreso hacia la obra".
A "Pillín" le enrostraron "haber obligado" en junio de 2019 a un representante de fútbol a entregarle dos cheques por 660.030 pesos cada uno por la venta de un jugar de Rosario Central a un club de Buenos Aires, por el que el sospechoso adujo ante la víctima haber intercedido para que se realizara la transacción.
