El contundente pedido de un fiscal sobre la condena de 8 años a Lotocki
Aníbal Lotocki esta detenido desde el mes pasado en una causa por el homicidio de un paciente.
El fiscal general Sandro Abraldes le pidió al Tribunal Oral 28 que el médico Aníbal Lotocki, detenido el mes pasado en una causa por presunto homicidio de un paciente, comience a cumplir una condena anterior a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa.
Se trata de la causa en la que la Cámara de Casación porteña duplicó la condena del galeno, que en el juicio oral había sido de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por las lesiones causadas a las modelos Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi.
La Casación porteña elevó la pena a ocho años de prisión y diez de inhabilitación, en tanto Lotocki ya estaba detenido por orden de otro tribunal en la causa en la que está acusado por la muerte del empresario Cristian Zárate, en todos los casos por supuesta mala praxis médica.

El fiscal Abraldes le pidió al juez Carlos Rengel Mirat, del Tribunal Oral 28, “que revoque la exención de prisión concedida en su oportunidad a Aníbal Rubén Lotocki en atención a la existencia de nuevas circunstancias que exigen su detención”.
Ello significa que Lotocki debe estar detenido a la orden de dos tribunales distintos, en ambos casos bajo el régimen de “prisión preventiva”, bajo lo que técnicamente se conoce como “anotación conjunta”.
“En procura de asegurar la futura ejecución de la pena impuesta corresponde disponer su prisión cautelar en las presentes actuaciones y ordenar la anotación conjunta del condenado, actualmente detenido”, insistió Abraldes.

La detención de Lotocki fue ordenada en la causa por la muerte de Zárate “a raíz de que incumplió en tres oportunidades la manda judicial por virtud de la cual debía informar cualquier circunstancia que pudiera implicar una ausencia de su domicilio por más de 24 horas y, posteriormente, se mudó a una residencia fuera de la jurisdicción de esta ciudad sin autorización judicial”.
“Todo lo expuesto revela de manera inequívoca la voluntad del condenado de sustraerse al accionar de la justicia y por tal motivo, la adopción de una medida de naturaleza cautelar como la que aquí se persigue se impone, a efectos de posibilitar la ejecución de la severa pena dictada en su contra”, remarcó el fiscal.

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