Revés para la presunta cómplice de Cacho Garay en los abusos sexuales

Este jueves un juez le rechazó el cese de la prisión preventiva a Sandra Astudillo (57), presunta cómplice del humorista Juan Antonio Cacho Garay (68) en los casos de abuso sexual que tienen como víctima a Verónica Macías, expareja del comediante mendocino. 

Astudillo, quien goza de detención domiciliaria, había solicitado el recupero de libertad, sin embargo, el magistrado Federico Martínez no hizo lugar al pedido del abogad defensor, Carlos Moyano. 

La expectativa se basaba en las últimas pruebas incorporadas al expediente y en una ampliación de la declaración de la mujer abusada, elementos que aparentemente podían favorecer a la empleada legislativa. La audiencia en la que se trató este punto se desarrolló esta tarde en el Polo Judicial y duró cerca de tres horas. 

Luego de escuchar a las partes, a la defensa de la señalada cómplice, a la fiscal Mónica Fernández Poblet y a los abogados querellantes, el juez descartó la liberación de la sospechosa y ordenó la continuidad del arresto en una vivienda.

Por el lado de Cacho Garay, cuya situación no se analizó este jueves, espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ya que sus letrados le plantearon al máximo tribunal la necesidad de que el acusado regrese a la prisión domiciliaria por su estado de salud. Anteriormente y en otras instancias, diferentes jueces no le concedieron el beneficio que supo tener en el inicio de la investigación. 

Sobre el artista pesan una gran cantidad de imputaciones y delitos que habría cometido en perjuicio de la víctima: amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (en tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a la que se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia de una orden judicial (violación de la prohibición de acercamiento al enviarle un audio de WhatsApp a su ex); todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género.

El caso comenzó en Córdoba, luego de una fuerte discusión que mantuvo la pareja en la habitación de un hotel de Carlos Paz en la que estuvieron hospedados durante el fin de semana de Semana Santa. 

Tras la denuncia de Verónica en esa ciudad, ambos regresaron a Mendoza. Ella quedó alojada en un establecimiento de contención para víctimas de violencia de género, mientras que él se fue a la propiedad en la que vivían, en calle 20 de Septiembre de Luján de Cuyo. 

Allí la Policía allanó y se llevó detenido al sospechoso por la tenencia de armas de fuego, aunque recuperó la libertad al día siguiente con la rendición de una fianza de $1.000.000. La Justicia también le ordenó la exclusión del hogar que compartía con su ex. 

Con el avance de la pesquisa y más declaraciones de la mujer, el panorama para Garay se complicó notoriamente, quedando acusado por graves hechos pero con domiciliaria. 

Luego le sacaron este beneficio y pasó a la cárcel, en tanto que antes ya había sido detenida e imputada Astudillo, sindicada como cómplice y partícipe de los vejámenes. 

Sus imputaciones son por abuso sexual doblemente agravado por ser gravemente ultrajante y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas, en un número indeterminado de hechos, todo en concurso real y en contexto de violencia de género.