La tajante frase del fiscal y cómo seguirá el caso Próvolo tras las absoluciones

El tercer juicio por los abusos sexuales en el ex Instituto Antonio Próvolo dejó más dudas que certezas, sobre todo para la defensa de las víctimas. Dudas que serán motivos de planteos y de una batalla judicial que se extenderá por más tiempo en la provincia. Las frases más resonantes de lo que dijo Iturbide.

En ese marco, fue el propio fiscal, Alejandro Iturbide, quien se mostró dubitativo y preocupado por el accionar que tuvieron las tres juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Salido y María Belén Renna del Tribunal Penal Colegiado 2 de la provincia de Mendoza, respecto al fallo absolutorio para las nueve imputadas en la tercera causa derivada de los abusos del ex instituto Antonio Próvolo. 

“Se pueden discutir algunos aspectos, pero en lo personal no me esperaba una sentencia de estas características donde absolvieron a todas las imputadas en cada uno de los hechos“, puntualizó Iturbide aunque señaló que recurrirá la sentencia.

Asimismo sostuvo que la impresión que se lleva tras el fallo es que no se ha creído a los denunciantes, lo que consideró como inaceptable, en términos generales.

“Estoy muy sorprendido por el fallo de las juezas. Un fallo que deja muchas dudas por que en la sentencia rechazan sacar compulsas por falso testimonio a ninguna de las víctimas y de los padres que vinieron a declarar. Eso no queda claro“.

En relación a esto, consideró que si las magistradas no pidieron esa compulsa. “Esto quiere decir que no ven elementos de que hayan falseado. Entonces hay una una encrucijada”, subrayó

En estos momentos, el fiscal espera los argumentos del tribunal. Por lo pronto, adelantó que la decisión de recurrir ya la han tomado. “Este paso será a la Suprema Corte de Justicia, en primer término”, remarcó.

"Un tribunal sin perspectiva de discapacidad"

A su término, Lucas Lecour, abogado perteneciente a la asociación Xumec y que representaba a las víctimas del Próvolo, manifestó “angustia y dolor” por el veredicto que se dio este mediodía en el Polo Judicial, tras un debate que se extendió por dos años.

“Se realizó una ausencia por parte del tribunal sin tener perspectiva de discapacidad. No se convalidó el testimonio de las víctimas como personas hipoacúsicas, sino como oyentes. Podríamos prever la posibilidad de que les dieran menos pena de las que habíamos pedido o de que a algunas pudieran absolverlas por la duda. Pero sorprende que las declaraciones de las víctimas, que fueron el pilar fundamental para condenar a los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi en la causa madre, hoy no se la valora y se la interpreta totalmente distinto”, explicó el abogado en derechos humanos.

Junto al fiscal y los abogados de la querella también salieron las víctimas, sus familiares e integrantes de la comunidad a la explanada del Polo, donde expresaron ante los medios toda su bronca y dolor con banderas, insultos.

"Este juicio no presenta un reconocimiento para nosotros, no reconoce nuestro dolor, no hubo empatía, así es imposible. Necesitamos el apoyo de todas las personas, de todo el país, no puedo más", expresó Daniel Sgardelis, una víctima de La Plata.

De la imputación a la absolución 

Este tercer debate que concluyó hoy con la absolución de las nueve imputadas comenzó el 3 de mayo de 2021, y constó de 304 audiencias, declararon más de 100 testigos, las instancias testimoniales de las personas hipoacúsicas y sordas se realizaron -en su totalidad- en Cámara Gesell con la participación de intérpretes y psicólogas del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario.

Kumiko llegó a este juicio acusada por los delitos de "partícipe necesaria en términos de comisión por omisión; abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda contra un menor; corrupción de menores y abuso sexual simple agravado, entre otros.

Graciela Pascual (representante legal del Instituto), la monja Asunción Martínez y Noemí Del Carmen, por "participación necesaria en términos de comisión por omisión al deber de garante.

Gladys Edith Andrade, Cristina Leguiza Funes, Laura Gaetán, Valeska Quintana y Cecilia Raffo estuvieron en el banquillo por el delito de "participes secundarias en términos de comisión por omisión emergente de la violación al deber de garante".

Este tercer debate fue a puertas cerradas, y el Tribunal aclaró -en su momento- que "cuando se constituyó el mismo, se hizo a tenor de lo dispuesto por el artículo 375 del Código Procesal Penal".

El primer juicio fue abreviado, el 25 de septiembre de 2018, en el que el monaguillo Jorge Bordón, también exempleado administrativo en el Instituto Próvolo, confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.

El segundo, el 25 de noviembre de 2019, fue el que condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi a 42 años de prisión y a Horacio Corbacho Blanc a 45 años.

El jardinero Armando Ramón Gómez, por su parte, recibió 18 años de cárcel.

La denuncia por abusos comenzó el 18 de noviembre de 2016, durante una actividad en la Legislatura mendocina, en que se explicaba la Ley Procesal para la Justicia de Familia y Violencia Familiar.

En esa actividad, en un anexo de la Legislatura, se organizó una jornada de reflexión bajo el lema "No al trabajo infantil", en el marco de la conmemoración por la convención internacional de los Derechos del Niño.

En este contexto, fue que la exsenadora Daniela García, interprete por medio, contó los hechos de abusos en el colegio religioso. Ante la gravedad del relato, la legisladora se dirigió al despacho de la exvicegobernadora, Laura Montero, ésta al Procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, y luego se realizó la denuncia en la Oficina Fiscal 15, de Luján de Cuyo.

Con la investigación en curso no pasó mucho tiempo, y niños y niñas contaron al fiscal -con la ayuda de los interpretes de la Legislatura, señas y dibujos- los castigos, tormentos y abusos que sufrieron en ese Instituto.

Con las pruebas obtenidas durante la instrucción se realizó el primer juicio en esta megacausa, que fue abreviado en la que el exmonaguillo y exempleado administrativo en el Próvolo, Jorge Bordón, confesó la autoría de los hechos y fue condenado, en septiembre de 2018, a la pena de 10 años de prisión.

Durante todo el proceso judicial intervinieron tres fiscales, Fabricio Sidoti, luego Fernando Giunta y por último el fiscal Gustavo Stroppianna.

De aquí en adelante, según las declaraciones del fiscal, se apelará el fallo que dio por absueltas a las acusadas. Lo que se espera en ese sentido es que la apelación recaiga no sobre la totalidad de las acusadas, sino que sea sólo para algunas entre las que se encuentra Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, que son las más complicadas en el caso.