Caso Lucas González: la última detenida recuperó la libertad por falta de mérito
La jueza Paula González, en el marco de la causa por el asesinato de Lucas González ocurrido el 17 de noviembre de 2021, dictó la falta de mérito de la oficial de la Policía de la Ciudad Teresa María Luján Scorza, y ordenó su inmediata libertad. La misma estaba detenida desde el 18 de julio pasado luego que la magistrada hiciera lugar al pedido de detención e indagatoria del fiscal Leonel Gómez Barbella.
Esto se dio luego de que el tribunal rechazara hace más de siete meses (18 de diciembre de 2021) el llamado de Teresa María Luján Scorza a prestar declaración indagatoria, y el fiscal realizara el 6 de julio del corriente un reconocimiento fotográfico al que asistió Joaquín Zuñiga Gómez.
El joven sindicó a Scorza y así fue como Gómez Barbella dio por cierto que había sido una de las mujeres policías que le produjera sufrimientos psíquicos a Joaquín cuando estuvo ilegítimamente detenido. Entendió que debía ser intimada por los delitos de encubrimiento agravado por su condición de funcionaria pública y por ser el ilícito precedente especialmente grave en concurso real con privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de una funcionaria pública que actuara con abuso de sus funciones y por haber cometido torturas. Lo que derivó en un nuevo pedido de detención el pasado 7 de julio que fue aceptado por la jueza y se concretó días más tarde.
En su indagatoria la oficial Teresa Scorza entre las cosas que dijo, negó haber dirigido la palabra a los detenidos o manipular sus celulares, y tampoco haber oído qué era lo que conversaban sus compañeras Miño y Ojeda con ellos. Es que se mantuvo a 2 metros de distancia, además de haberse enfocado en las directivas que justamente le dio el subcomisario Inca en ese momento.
Según el Ministerio Público Fiscal, la prueba acumulada desestimaba las explicaciones de Scorza e imponían su procesamiento. Gómez Barbella hizo hincapié cuando lo solicitó, en el resultado que se obtuvo de la rueda de reconocimiento fotográfica practicada con Joaquín Zuñiga Gómez, pues a partir de allí entendió que la víctima fue “categórica” al decir que Scorza le tomó el dedo por la espalda cuando se encontraba esposado y boca abajo en el suelo para colocarlo en su teléfono y obtener el paradero de Niven Huanca Guernica.
En una dura resolución la jueza González sostuvo que la fiscalía, a pesar de contar con otras medidas posibles de concreción, “no acercó pruebas que sustentaran su imputación. Por ejemplo: no se obtuvo todavía la información del celular y POC que utilizaba Scorza, tampoco se solicitó el geoposicionamiento del móvil del que dijo estar a cargo o del teléfono institucional asignado, no se relevaron las cámaras que según la imputada la habrían captado en la estación YPF y darían cuenta de la vestimenta que usara ese día”.
Entre otras cosas dijo que “tampoco se evaluó la posibilidad de recabar la versión de Santos Ochoa -más allá de haber propuesto su detención hace varios meses atrás y en la que no insistió- si en su dictamen del 1° de agosto dio crédito a que el nombrado habría permanecido con un testigo a 80 metros aproximadamente de los prevenidos. Ni siquiera analizó la procedencia de oír al efectivo que la relevara de las tareas cerca de las 14.00hs y que podría deponer sobre la vestimenta de Scorza, y no se conoce todavía el abonado utilizado para contactar a Niven cuando llegara a su hogar luego de retirarse en shock”.
En otro orden de cosas a la hora de definir por la falta de mérito para Scorza, la jueza se refirió al reconocimiento fotográfico realizado el pasado 6 de julio, destacó “que no se advierte una animadversión o interés de Joaquín al pronunciarse en el modo que lo hizo, pero también es cierto que no fue tan categórico como intenta sostener el fiscal. Por ejemplo, Joaquín señaló en ese mismo acto, coincidentemente o no, a otra mujer de cabello castaño oscuro como la “morocha”, y sobre esta aparente inconsistencia nada dijo la fiscalía ni despejó en su dictamen las dudas que se derivan en lo inmediato”.
En su resolución Paula González ordenó el secuestro de los de los celulares particulares y los POC que serían usuarias las oficiales Melina Jeannette Miño y Bárbara Adriana Ojeda y autorizó al efecto la requisa personal de ambas siempre y cuando no decidieran entregarlos voluntariamente, para ser analizados previo a definir si existe sospecha suficiente para convocarlas a indagatoria, pero no hizo lugar a varias medidas solicitadas por el fiscal Leonel Gómez Barbella.