Caso Lucas González: piden la elevación a juicio para 14 policías

Pasaron cuatro meses del asesinato de Lucas González, el joven futbolista que el 17 de noviembre de 2021 salía de entrenar con un grupo de amigos y fue atacado por tres policias en el barrio de Barracas. El expediente avanzó rápidamente con los imputados procesados con prisión preventiva.

En ese marco el fiscal Leonel Gómez Barbella le solicitó a la jueza Paula González, la elevación a juicio de catorce efectivos de la Policía de la Ciudad involucrados en el homicidio de Lucas González, la tentativa de muerte de sus tres amigos y encubrimiento.

Se trata del inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva como coautores de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial, en perjuicio de Lucas González; tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley.

Por otra parte pidió la elevación para el comisario inspector Daniel Alberto Santana; los comisarios de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán; Fabián Alberto Du Santos; Ramón Jesús Chocobar; el principal Héctor Claudio Cuevas; los oficiales Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Dario Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; el comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, Juan Horacio Romero; y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Vecinal, Roberto Orlando Inca, como coautores de los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas.

Además, Cueva e Inca también fueron acusados como coautores de falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados.

Según el requerimiento al que MDZ tuvo acceso, “la presente pesquisa tuvo como objeto dilucidar un entramado policial que puede resumirse en dos acontecimientos diferenciados, pero relacionados entre sí, 1) el homicidio agravado de Lucas Santiago González y la tentativa de idéntico resultado en perjuicio de J.A.S, J.Z.G. y N.H.G., por parte de tres integrantes de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y 2) todo el despliegue posterior llevado a cabo un gran número de integrantes de la Policía de la Ciudad, muchos de ellos de alta jerarquía, cuya actuación (...) presentó un designio común: la finalidad de obtener sin ambages la impunidad para el integrante de la fuerza que desde los albores del suceso, aparecía al menos sospechado de un actuar ilegítimo".

Para el  representante del ministerio público fiscal “no se trató en el caso de una simple acumulación de irregularidades en la actuación prevencional -que en modo alguno habría derivado en este proceso penal-, sino de conductas ilícitas planificadas y ejecutadas por funcionarios públicos con el afán de manipular a su antojo el sistema judicial con fines absolutamente ilegítimos".

En tal sentido, respecto a los integrantes de la Brigada 6, el fiscal señaló que bajo el justificativo o explicación de ‘sospechosos’, emboscaron a cuatro adolescentes a quienes ya desde el inicio de su seguimiento describieron como ‘masculinos menores’ y les propiciaron una significativa cantidad de balazos con armas de fuego que pegaron en distintas partes del automóvil, tanto en la parte delantera del parabrisas como en sus costados, en ventanilla y guardabarros (pese a que se encontraron 5 vainas habrían sido varios disparos más) y terminaron con la vida de uno de ellos, pretendiendo acabar también con la del resto del grupo de amigos si no era porque lograran escapar -recordemos que siempre creyeron que estaban siendo asaltados-.

A la hora de expresarse sobre las responsabilidades aseguró que que Issasi, Nieva y López “pusieron en movimiento la estructura institucional de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires otorgando datos falsos, a sabiendas de lo que realmente había acontecido”. 

Además concluyó que “jamás hubo ‘un enfrentamiento armado’, sino más bien un ataque perpetrado por los oficiales a las víctimas, irracional e injustificado, para lo cual emplearon sus armas a fin de cercenarles sus vidas. Y esto es evidente, por cuanto no existió accionar alguno de los niños que pudiera ser considerado sospechoso, como lo alegaron los imputados, ni elemento que pudiera ser interpretado equívocamente como que podrían atentar en su contra”.

Además manifestó que “las pruebas obtenidas permiten afirmar que el homicidio de Lucas González y la tentativa a los tres restantes jóvenes son la consecuencia voluntaria y querida (dolosa) de un plan o pacto previamente elaborado y en el que Issasi, Nieva y López, participaron de manera activa”, a la vez que las detenciones se dieron mediante un procedimiento ilegal que incluyó un arma de juguete plantada en el vehículo de los jóvenes y aplicando tormentos sobre los menores.

En base a las pruebas recolectadas revela Gómez Barbella se “permite concluir que no estamos ante una mera concurrencia ocasional de autores, sino que existió una convergencia preordenada, donde la acción de unos aparece objetiva y subjetivamente ligada a la de los demás, en el marco de un plan con unidad de designio y comunidad de aportes, no pudiendo soslayar que un ataque de esa forma  –coordinado y sorpresivo- y con tal efectividad solo es posible con la existencia de una voluntad conjunta de dar muerte de la forma escogida”.

La fiscalía destacó que “entre las manipulaciones llevadas a cabo por el grupo de policías involucrados activamente en ocultar y alterar rastros y pruebas, ayudando a los autores del homicidio y de otro tres tentados a ocultarlos y alterarlos, incluía colocarles a los jóvenes la réplica de juguete de un arma de fuego, para darle fuerza a la falsa versión de que Lucas González y sus amigos se trataban de ‘peligrosos delincuentes’ que habían atacado a los integrantes de la Brigada”.

Por último Gómez Barbella en su presentación de 105 páginas requerió la extracción de testimonios dado que aún “resta profundizar la investigación en relación a varias personas que se encuentran formalmente imputadas en la causa, como así también a fin de verificar la posible participación de otras que pudieran estar implicadas”.

En esta línea, recordó que aún no se resolvió la situación procesal de Micaela Soledad Fariña y Lorena Paola Miño, respecto de quienes el día 14 de diciembre de 2021, el magistrado Martín Carlos Del Viso decretó los procesamientos con prisión preventiva, temperamento que fue revocado por la Sala IV de la Cámara del fuero el pasado 12 de enero de 2022, decretando su falta de mérito.

En otro orden de cosas el fiscal manifestó: “no puedo dejar de ponderar que oportunamente este Ministerio Público Fiscal solicitó las detenciones de Silvia Ozón, Verónica Andraca, Fabián Lencina, Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas a los fines de recibirles declaraciones indagatorias en los términos de los arts. 294 y 280 del Código Procesal Penal de la Nación, medida esta que fue denegada por dicho Juzgado.

Es por esta razón que consideró “resulta adecuado a derecho que se extraigan testimonios de las partes pertinentes a fin de continuar la pesquisa”.