Piden el procesamiento de seis jefes que explotaban al extremo a 237 personas

Piden el procesamiento de seis jefes que explotaban al extremo a 237 personas

El Ministerio Público Fiscal pidió la medida, que afecta a cuatro directivos y dos encargados de la semillera Satus Ager. Se solicitó además la inhibición general de sus bienes y que se traben embargos por más de 22 millones de pesos. Los trabajadores llegaban engañados y luego perdían su libertad.

MDZ Policiales

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Parece mentira, pero cada tanto aparecen indicios de que la esclavitud sigue existiendo en pleno siglo XXI. La Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) solicitaron al juez Carlos Villafuerte Ruzo el procesamiento de los directivos de la empresa Satus Ager, dedicada al desflore de maíz, a quienes acusaron de explotar laboralmente al menos a 237 trabajadores rurales en campos ubicados en Ramallo y Arrecifes, provincia de Buenos Aires.

Son seis individuos, cuatro directores de la firma y dos encargados, los que se encuentran imputados en calidad de coautoras del delito de trata de personas con fines de trabajo forzoso, agravado por haber sido cometido de manera organizada por más de tres personas en concurso ideal con el delito de reducción a la servidumbre.

La fiscalía pidió también que se dicte la inhibición general de bienes a todos los imputados y que se traben embargos hasta alcanzar, al menos, la suma de 22.430.485 pesos para garantizar la reparación de todas las víctimas. Finalmente los representantes del MPF solicitaron que se ordene el inicio de una investigación patrimonial a todos los imputados.

Los acusan de haber captado gente que luego era obligada a trabajar "de sol a sol". Se cree que se aprovechaban de su pobreza y analfabetismo

Los directivos y encargados están acusados de haber participado en la captación de trabajadores, en su mayoría oriundos de la provincia de Santiago del Estero. Describieron que, una vez llegadas a los campos bonaerenses, las víctimas debían trabajar “de sol a sol” y en condiciones infrahumanas: sin baños, luz, agua potable, con comida vencida y malos tratos.

Según la investigación, los hechos tuvieron lugar en los campos denominados “Doña Clementina” y “Santa Celestina”, durante diciembre de 2010 y enero de 2011. La causa se inició a raíz de una inspección realizada por el Municipio de Ramallo el 6 de enero de 2011, y los allanamientos se llevaron a cabo dos días después. El 18 de diciembre de 2018 el Juzgado Federal de San Nicolás dictó los sobreseimientos de los imputados. Sin embargo, en febrero de 2020, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario revocó la resolución.

"Lo que está detrás de su contratación es la presunción de que, por las condiciones de pobreza en las que viven, aceptarán condiciones que otros trabajadores rechazarían”, sostuvo la fiscalía sobre las víctimas.

Una de las instalaciones que posee la empresa.

Cómo funcionaba la organización

De acuerdo con la presentación realizada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), los trabajadores habrían sido captados a través de una propuesta laboral engañosa en su lugar de origen por parte de quien sería el “cabecilla” de cada cuadrilla, con quien mantendrían vínculos previos de familiaridad, amistad o vecindad. Estos a su vez recibían la solicitud de enviar trabajadores por parte de quienes eran identificados como los “contratistas’”.

Según la declaración de las víctimas, la organización del traslado era por cuadrillas de aproximadamente 17 personas -15 obreros, un cocinero y un cabecilla encargado de controlar la cuadrilla-, que partían conjuntamente desde su pueblo natal hasta el lugar de trabajo mediante micros provistos por la empresa.

Varios trabajadores señalaron que desconocían las características, el tiempo de trabajo y el monto de la remuneración que iban a cobrar por las tareas que debían realizar. A su vez, otros recibieron ofertas que superaban ampliamente las condiciones con las que se encontraron al arribar.

Las jornadas eran extenuantes. Imagen: Motor Económico.

Pobreza y vulnerabilidad

Según se desprende del dictamen, la actividad del desflorado de maíz es realizada por los trabajadores más empobrecidos de nuestro país. “El mero hecho de viajar hasta la provincia de Buenos Aires sin información clara o con una mera promesa de trabajo da cuenta de estas circunstancias y ahí radica precisamente el aprovechamiento de esa vulnerabilidad por parte de los imputados”, aseguraron los representantes del MPF.

Y agregaron: “Todos los testimonios son elocuentes en cuanto a la necesidad económica que atravesaban, su nulo o bajo nivel de escolarización, siendo incluso varios de ellos directamente analfabetos”.

La fiscalía añadió que, una vez allí, los trabajadores debían realizan jornadas que oscilaban entre las 10 y las 14 horas diarias. El pago era por hectáreas y podían realizar una determinada cantidad por semana. Sin embargo, los obligaban a repasar cada hectárea una y otra vez y por ende la paga se reducía drásticamente, remarcó.

Además, las víctimas eran alojadas en precarios “trailers” y en galpones de chapa, en condiciones de hacinamiento. Según consta en el dictamen, “aproximadamente 80 empleados vivían en una casilla prearmada totalmente construida de chapas con piso de tierra, camas cuchetas estilo militar, sin ningún tipo de alumbrado”.

No tenían luz, baños ni agua potable

La fiscalía repasó los testimonios de las víctimas, quienes detallaron que los campos de Satus Ager no contaban con luz, baños ni agua potable: el agua funcionaba con molinos de viento y, por lo tanto, ante la ausencia de viento tenían que subir a hacerlo girar. “El agua la teníamos que acarrear desde el molino en tachos de glifosato que cortábamos o en los bidones de jugo. En esos tarros de glifosato -una sustancia muy contaminante que se usa en ciertos ámbitos del trabajo rural- lavamos los platos, la ropa, entre otras cosas”, señaló una de las víctimas.

Por su parte, el informe realizado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata -citado por la fiscalía en su presentación- agrega que debido a la falta de agua corriente y luz eléctrica las víctimas utilizaban agua de pozo e improvisaban fogatas en el suelo para la cocción de sus alimentos.

Los bidones de glifosato referidos por las víctimas como medio para el traslado de agua habrían sido retirados y quemados por orden del ingeniero de la estancia, luego de que los encargados de la firma se enteraran que se llevaría a cabo un procedimiento judicial, se señaló en el dictamen.

Les "vendían" productos personales dentro de la misma empresa y con sobreprecios

Por otro lado, se relató que los días en que no podía llevarse adelante la tarea de desflorado debido a condiciones climáticas adversas, los trabajadores no recibían remuneración alguna y que la empresa les reducía la remuneración de acuerdo a los denominados “descuentos” que realizaban como consecuencia de la compra de elementos para la higiene y de ropa adecuada para el trabajo. Debido a la dificultad de movilizarse hasta el pueblo más cercano, los trabajadores debían indefectiblemente adquirir la mercadería que ofrecían los proveedores que trabajaban con la empresa con sopreprecios.

“Si queremos algo esencial como jabón en polvo, champú, cosas para bañarse, nos descuentan del salario… O sea que no se cuánto cobraré finalmente”, aseguró uno de los trabajadores citado en el dictamen fiscal.

Tomar agua de un estanque

A través de la información reunida a lo largo de la investigación, la fiscalía puso de relieve que hasta pocos días antes de los procedimientos los trabajadores consumían agua de un estanque que, según varios testimonios, “era turbia, con presencia de insectos y alimañas”.

Luego de un análisis realizado con posterioridad a los allanamientos, se pudo establecer que el agua extraída de las bombas de las estancias "Santa Celestina"  y "Doña Clementina" no era apta para consumo. Además, varios testimonios dieron cuenta de que los alimentos que les brindaban se encontraban en mal estado. Como consecuencia, varios trabajadores manifestaron que tuvieron problemas intestinales y que no fueron atendidos debidamente por la empresa.

La fiscalía enfatizó que "no se trata de una u otra condición aislada", sino de una situación general destinada a maximizar las ganancias de forma ilegal

Por otro lado, varias víctimas aseguraron que recibían malos tratos y que los hacían trabajar bajo la lluvia, sin el calzado ni la vestimenta adecuada, algo que cobraba especial gravedad atento la presencia en los campos de alacranes, roedores, arañas y víboras.

Finalmente, varios trabajadores coincidieron en señalar que, de querer interrumpir la relación laboral y retornar a su pueblo natal, no podían hacerlo individualmente -más allá del impedimento económico- sino que solo podían resolverlo de manera grupal y por cuadrilla.

“Como se ve, no se trata de una u otra mala condición aislada, tampoco de uno u otro indicador de explotación; se trata de una situación general del trabajo en los campos que refleja una decisión deliberada de explotación para la maximización de las ganancias”, sintetizaron los fiscales.

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