Caso Lucas: piden el procesamiento de seis policías

Caso Lucas: piden el procesamiento de seis policías

Lo solicitó el fiscal tras las ampliaciones indagatorias. En tanto las defensas piden apartar al juez.

Lourdes Marchese

Lourdes Marchese

El fiscal Leonel Gómez Barbella solicitó el procesamiento con prisión preventiva de los policías de la Ciudad Juan Romero, Fabián Alberto Du Santos, Roberto Inca, Héctor Cuevas, Lorena Miño y Micaela Fariña. Fue tras las ampliaciones indagatorias que se realizaron durante la jornada de ayer ante el juez Martín del Viso en torno al delito de torturas.

El pedido realizado incluye los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin las formalidades de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas. En los casos de Inca, Cuevas, Fariña y Miño, se les agrega la figura legal del delito de falso testimonio agravado por los que deberán responder.

Sostiene el representante del Ministerio Público Fiscal que la falsedad ideológica recae sobre el contenido y se le dice ideológica justamente porque el documento no es falso en sus condiciones extrínsecas sino que son mendaces las ideas que se afirman allí como verdaderas. Esto es “el hecho de volcar datos falsos al personal de la División Intervenciones Judiciales la Policía Federal Argentina y del Juzgado Nacional de Menores N° 4 cuando se labraron las actuaciones en las que desde el primer minuto se lo quiso enmascarar como si se hubiese tratado de un 'enfrentamiento' entre los policías Juan José Nieva, Fabian Andrés López y Gabriel Alejandro Issasi, y quienes terminaron siendo las víctimas de autos. Lo mismo sucedió cuando colocaron el arma de utilería en el automóvil de los chicos”.

Para Gómez Barbella, se encuentra acreditada la participación -desde las distintas acciones desplegadas- y el cabal conocimiento de cada uno de ellos de sus actos que contribuyeron a otorgarles una pantalla de licitud a la maniobra ilícita que se pretendía enmascarar, sin que pueda sostenerse que el hecho que alguno pudiera haber aparecido en ese escenario algunos minutos antes o después durante el procedimiento, haya integrado o no el grupo de funcionarios que colaboraron en las detenciones ilegales o no colocó de propia mano el arma de utilería en el automotor de las víctimas, aleje las responsabilidades de todos los coimputados sobre este aspecto, al formar parte intrínseca de la totalidad de la maniobra pergeñada.

En el dictamen presentado resaltó que se trataba de cuatro menores de edad, motivo por el cual, la conducta imputada (consistente en las burlas denigrantes y raciales, revestidas de odio, amenazas, tratos displicentes y sufrimientos psíquicos), adquieren otra dimensión, pues “la aplicación de tales tormentos opera en un sentido distinto cuando la persona a la que van dirigidas presenta una menor capacidad madurativa”. Allí refiere a las estigmatizaciones y comentarios raciales y despectivos diciéndole "villeritos" a los menores.

Alude entonces al el estudio sobre la afectación a la dignidad de los niños en este caso con motivo del trato que recibieron por parte del personal policial, merecen un análisis objetivo del caso concreto que atienda no sólo a la literalidad de la figura legal imputada, sino a la especial situación de vulnerabilidad de un niño detenido en el contexto de un procedimiento fraguado, donde “policías mataron a su amigo Lucas, quisieron matarlos a ellos, a uno le levantaron y rompieron su remera, les plantaron un arma de cotillón en su automóvil para aparentarlos como delincuentes y los mantuvieron esposados durante alrededor de dos horas en el piso con tratos denigrantes y sufrimientos psíquicos y físicos (hasta el arribo del padre de uno de ellos), y luego, por más de 10 horas sin saber nada sobre sus situaciones procesales y de detención, 7 horas dentro de un patrullero parado allí en el mismo lugar”.

Asimismo en cuanto al delito de torturas explica que se caracteriza, a partir de la gravedad de los sufrimiento padecidos por la víctima. Y en este sentido, los sufrimientos recibidos por Lucas González (a través de la quemadura en su mano durante el procedimiento policial y mientras inventaban pruebas en su contra colocando un arma detrás suyo), Julián Sosa, Joaquín Zuñiga Gómez y, más tarde por Niven Huanca “no sólo han sido graves, son que la práctica empleada para provocarles esos sufrimientos, a través de las frases abominables, racistas, cargadas de odio, discriminatorias y estigmatizantes junto a sus detenciones ilegales después de haber baleado a un amigo suyo por parte de policías en un procedimiento inventado, luego de intentarlos matar a los mismos y mientras estaban esposados y referirles “hay que pegarles un tiro en la cabeza a estos villeros”, “¿dónde tenés la falopa?” o “¿dónde está el arma con la que mataste a tu amigo?” en el marco de semejante vivencia, es obviamente y a las claras un modo de tortura”.

En cuanto al pedido de la prisión preventiva, consideró que el hecho de que los imputados puedan no contar con antecedentes penales computables, que tengan familia y un domicilio donde vivir, “resulta insuficiente para descartar la presunción de riesgo procesal”.

El juez Martín del Viso está en condiciones de resolver la situación de los imputados que ya cuenta con tres procesados con prisión preventiva por homicidio. Por su parte la defensa de los policías solicitó apartar al magistrado por pérdida de imparcialidad al considerar que actúa amenazado por la querella.

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