Nuevo procesamiento contra Bento: ¿protegía a las "cuevas" de dólares en el centro mendocino?

El juez federal Walter Bento (59) sigue en funciones, pero este lunes sumó otro procesamiento a la ya larga lista de cargos que enfrenta desde hace algunos meses. Esta vez, el juez Eduardo Puigdéngolas analizó el llamado "caso 9", en el que el imputado habría demorado una investigación contra cuevas de cambio de dólares en el centro mendocino para que los "arbolitos" continuaran operando a piacere. 

La irregularidad se presentaría, a criterio del Ministerio Público, "de un modo omisivo", es decir, por lo que Bento no hizo. Y la hipótesis es que el magistrado tenía un arreglo con otros dos acusados, José María Sanguedolce y Enrique de la Cruz, para que el expediente quedara frizado hasta su prescripción. De este modo, no se interrumpía la venta ilegal de divisas. 

Las escuchas

En el recorrido que hace Puigdéngolas sobre los motivos que lo condujeron al nuevo procesamiento contra el juez federal cuestionado, menciona que la causa contra las cuevas de cambistas se inició en febrero de 2014, pero que hasta 2017 "no se observa una actividad jurisdiccional de envergadura" por parte del magistrado. El expediente no se movía.

Se cree que Bento demoraba las medidas. Pero hay otros elementos que completarían esa versión. En el escrito que acaba de conocerse, se mencionan algunas escuchas en las que los propios Sanguedolce, De la Cruz y ocasionalmente un tercero que ya falleció, Jorge "Cuqui" Guiñazú, se refieren a sus presuntos tratos con el juez.

En una de esas escuchas, por ejemplo, De la Cruz le dice a Guiñazú: "Por este teléfono puedo hablar porque no está a nombre mío. Yo con Bento tengo llegada, tengo un arreglo incluso, ¿entendés? Bah… el Bento quiere manotear algo de plata (...) Quería quedarse con la mitad de la guita, el 50%”.

Luego el mismo De la Cruz afirma: "Mientras este esté con la ilusión de que algún día va a cobrar la guita, no me va a romper los huevos, entendés; ni me va a firmar una orden de allanamiento por mí, ni nada por el estilo (...)".

A su turno, Guiñazú -que conversa desde Buenos Aires- afirma que "cuando vaya para ahí, incluso él mismo la deja prescribir, metiéndolo en un cajón", y añade que "ya lo han hecho muchas veces a eso”.

El procesamiento puntualiza, por otro lado, que las transcripciones dejan en evidencia que "Cuqui" Guiñazú puede haber tenido algún contacto en la city porteña, más precisamente en el Banco Central, y que cabe la posibilidad de que ello haya permitido a la banda obtener beneficios en la pesquisa que llevaba adelante Bento (sin perjuicio de que la dirección de la investigación la tenía el Ministerio Público).

Más sospechas

Otro de los detalles que despertó sospecha es la situación que vivió Rosana Lucero -quien formaría parte de la asociación ilícita de las cuevas- frente a un control de Gendarmería en la frontera con Chile. 

La mujer viajó hacia el país vecino con sus hijos Darío y Daniel Rivaletto. Este último tiene una discapacidad motriz: en un almohadón ortopédico le descubrieron 26,880 euros, más pesos chilenos y reales. Sin embargo, la Ley cayó sólo contra el dueño del almohadón, y no contra sus acompañantes. Y eso a pesar de que Rosana aparecía mencionada en la causa de las "cuevas". 

Ese episodio llevó a los investigadores a confirmar -desde su perspectiva- que existía algún arreglo entre los cueveros y el juez para garantizar protección a los miembros de la gavilla.

Contraataque

En sus declaraciones Bento negó todo y afirmó que en aquella época se ajustó a Derecho siguiendo a rajatabla los requerimientos de la fiscalía. Sanguedolce, por otro lado, desmintió haber pagado sobornos para obtener cualquier tipo de trato preferencial. 

Aún así, Puigdéngoles consideró "acreditado con fuerza suficiente para esta etapa procesal" que lo que hizo Bento a lo largo del caso de las cuevas tiene visos de haber estado bajo las condiciones de algún tipo de negociado. Por ende, procesó al juez como "autor presunto responsable" de cohecho pasivo -recibir coimas- en dos oportunidades, en concurso real con el delito de prevaricato. Y pidió la prisión preventiva, algo que ya había solicitado antes pero que no se concretó ni se concretará por ahora porque Bento no ha perdido sus fueros.

En cuanto a Sanguedolce y De la Cruz, también los procesó por cohecho activo (pagar coimas); y les dictó la prisión, aunque los dos ya estaban detenidos desde antes bajo la modalidad domiciliaria.

Hay más: para Bento se dictó un embargo de $10.080.000 -que se sumará a los más de trescientos millones que tanto él como su pareja tienen comprometidos en la causa-; al tiempo que para De la Cruz el importe fue de $5.040.000 y para Sanguedolce de $5.040.000.

Una buena para Bento

Otro de los asuntos sobre los que resolvió hoy Puigdéngolas tiene que ver con un préstamo para vivienda única que había solicitado Bento junto a su esposa Marta Boiza (56). El fiscal Dante Vega cuestionó que accedieran a esos fondos, ya que al momento de pedir el préstamo en el Banco Nación la pareja contaba con al menos tres propiedades. Lejos estaban de su primera casita.

Empero, la defensa de Bento logró demostrar que el juez federal pidió -y consiguió- que las autoridades bancarias hicieran una excepción y le otorgaran el crédito, que tenía condiciones muy favorables. Con esa plata, el magistrado adquirió un departamento en el barrio privado Palmares.

La Ley consideró que no existía delito en ese acto, ni tampoco en la reciente venta de un inmueble en la que la escribana de Bento olvidó declarar que se trataba de una persona expuesta políticamente, lo que hizo que, durante un tiempo, la operación estuviera fuera del radar de las entidades anticorrupción. 

Tanto por el tema del crédito como por este último contrato Walter Bento y su esposa fueron sobreseídos. Su defensa preparó, como ya es costumbre, algunas encendidas respuestas frente a este panorama y hasta exigió la nulidad de todo lo actuado en la causa de las coimas. Pero esa es otra historia que será revelada muy pronto por este mismo diario.

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