El caballo de Troya del “bachillerato humanista moderno”

En su primer documento, Aportes al proyecto de ley provincial de educación, que circuló en diversos colegios privados de confesión católica, la Mesa de Encuentro por la Educación de Mendoza (en adelante, MEPEM) abogó por la eliminación lisa y llana de la laicidad en la enseñanza estatal, es decir, por la inclusión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas (véase la nota Debate educativo: Proponen quitar la palabra «laica», www.mdzol.com/nota/568898). El pasado 11 de noviembre, en una extensa columna de opinión, formulé una serie de críticas a dicha propuesta y a sus fundamentos argumentativos, explicando desde distintos ángulos por qué resulta absolutamente legítimo e imprescindible que la educación estatal mendocina siga siendo aconfesional o neutral en materia religiosa. Procuré poner de manifiesto las implicancias autoritarias, discriminatorias, inconstitucionales, antidemocráticas, impolíticas y antipedagógicas que tendría la enseñanza dogmática del catolicismo en la escolaridad pública (véase mi artículo La última cruzada contra la escuela pública laica, www.mdzol.com/nota/569452).

El 13 de noviembre, MEPEM publicó en este mismo medio un segundo documento, que, de modo bastante confuso y llamativo, lleva exactamente el mismo título que el primer documento, como si ese primer documento trabajado en varios colegios privados católicos nunca hubiese existido, o como si se quisiera «reemplazarlo» a raíz de las repercusiones negativas que ha tenido en la esfera pública (véase Aportes al proyecto de ley provincial de educación, www.mdzol.com/nota/569857). Modificar el discurso es válido, siempre y cuando haya un sinceramiento al respecto. Si se difunde un documento, y en menos de una semana se lanza otro de contenido totalmente diferente pero idéntica denominación, se debería ofrecer algún tipo de explicación. Lamentablemente, no la hubo.

Sin embargo, el segundo documento contiene al final una «Nota de responsabilidad» muy curiosa: “La sola mención de una institución como miembro de la Mesa de Encuentro por la Educación de Mendoza, no implica su aval a este texto. El aval al mismo sólo se materializará con la firma por parte de su representante legal, aclarando en cada caso si el aval es total o parcial, debiéndose aclarar, en este último caso, el alcance explícito del aval”. Esta muestra de cautela tan puntillosa y enfática con respecto a la representatividad real de los nuevos Aportes, la desprolijidad y el contrasentido que supone difundir un documento colectivo con la advertencia de que las adhesiones institucionales al mismo aún no existen o no están confirmadas, deja entrever, a mi parecer (es una especulación, no una información), que el revuelo desatado por el primer documento podría haber causado algunas fricciones o malestares al interior de MEPEM. Los nuevos Aportes son, a primera vista, tan políticamente correctos que no se justificaría tanta precaución a la hora de publicarlos. Probablemente, esa precaución no tenga que ver con lo que se dice ahora, sino con lo que se dijo antes. ¿Todas las cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales que integran MEPEM participaron efectivamente en la elaboración del documento anterior y dieron su aval formal a la controvertida propuesta de eliminar la laicidad en la enseñanza estatal? La «Nota de responsabilidad» del nuevo documento pareciera sugerir que no.

Comenté antes que los nuevos Aportes de MEPEM son a primera vista políticamente correctos. ¿Por qué a primera vista? Porque si bien parecen haber dejado de lado la discutidísima propuesta anterior de introducir la enseñanza religiosa en la escolaridad estatal, en realidad la han vuelto a plantear, sólo que de modo muy subrepticio. Proponen que se siga el ejemplo salteño del “bachillerato humanista moderno”, sin dar ninguna precisión sobre el mismo. Esta omisión no es nada casual ni ingenua. Responde claramente a una estrategia de gatopardismo, de cambiar algo en apariencia para que nada cambie en el fondo. Se sigue insistiendo con el objetivo oscurantista y retrógrado de recatolizar la educación pública mendocina, pero esta vez al lobo se lo disfraza hábilmente con piel de cordero para evitar una nueva ola de repudio y objeciones, para no pagar costos políticos.

¿Quién podría estar en contra de una educación humanista y moderna? Nadie, por supuesto. Pero el rótulo en este caso es engañoso. Dentro del paquete hay muchas cosas que no son nada modernas, sino premodernas, por no decir medievales. Y el humanismo del que se habla no es el humanismo secular que puede y debe cultivarse en las escuelas públicas, sino un humanismo católico «integral» con fuertes resabios dogmáticos preconciliares, hostil al pluralismo democrático y a la cultura secular que lo cimenta.

Conocía de antemano el «bachillerato humanista moderno» de Salta. Lo conocía porque precisamente mi interés por el laicismo escolar me llevó hace tiempo a interiorizarme en la enseñanza pública salteña, el ejemplo más siniestro que ofrece nuestro país en lo que respecta a la conculcación de la laicidad educativa, el caso más flagrante de violación de los derechos humanos de las minorías no católicas en el ámbito de la escolaridad pública argentina (caso que –es oportuno recordar– está bajo la lupa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de una demanda de la ADC o Asociación por los Derechos Civiles). Desde diciembre de 2008, por influjo nefasto del gobernador kirchnerista Juan Manuel Urtubey –brazo secular del catolicismo ultramontano–, todas las escuelas públicas de Salta inculcan la religión católica a sus estudiantes. Es la única provincia donde –por ahora– un atropello de tamaña magnitud a la laicidad educativa tiene lugar (aunque hay grandes riesgos de que Catamarca –también gobernada por el FPV– siga pronto ese aciago camino cuando reforme su constitución).

El establishment clerical salteño ha pretextado que la enseñanza religiosa en los colegios estatales de su provincia no necesariamente tiene que ser católica, que otros credos confesionales también pueden impartirla. Con ello revelan, ante todo, hasta qué punto llega su desprecio por aquellas personas que no profesan ninguna religión (personas agnósticas, deístas, ateas). Pero al margen de ese ninguneo, lo cierto es que la presunta diversidad confesional de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de Salta es sólo una fictio iuris o «ficción jurídica» pergeñada para ocultar el unanimismo católico que impera de facto en la realidad. Porque como en todos los colegios estatales salteños las familias católicas son amplia mayoría, y como –desde una visión simplificada y tergiversada de la democracia– la mayoría tiene el derecho de «hacer lo que se le antoja», la única religión que de hecho se enseña es el catolicismo.

La ley educativa y la carta magna de Salta pretenden legitimar una práctica supremacista y discriminatoria que vulnera gravemente la libertad de conciencia y la igualdad de trato, garantías fundamentales contempladas tanto por la Ley de Educación Nacional y la constitución federal, como por diversos tratados de derechos humanos suscritos por la República Argentina. Ojalá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando dicte finalmente su sentencia en relación al amparo de la ADC, abra una brecha en el muro de argucias jurídicas que con tanta perfidia ha levantado el integrismo católico salteño.

Hay que decir que el «bachillerato humanista moderno» de Salta no representa ninguna gran innovación pedagógica del siglo XXI. Es una de las tantas rémoras confesionalistas que nos dejó el primer peronismo. Fue creado allá por 1952, a través del decreto nacional nº 3663, en pleno apogeo de la clericalización de la vida pública argentina –al decir del historiador Loris Zanatta–, cuando la nacionalidad argentina era identificada de manera excluyente con la fe católica romana y la tradición hispanocolonial, y cuando el clerofascismo de la España franquista y el Portugal de Salazar contaba aún con muchos admiradores en nuestro país. Hacia el año 2008, los equipos pedagógicos del gobierno de Urtubey, al socaire de la reimplantación de la enseñanza religiosa en la escolaridad estatal, se limitaron a desempolvar y remozar el vetusto plan de estudios de aquella orientación, aprobado a fines de 1958 con el decreto nacional nº 9508, y publicado a comienzos de 1959 bajo el título Bachillerato humanista moderno. Plan de estudios y programas. Leer sus 114 páginas es un escabroso viaje atrás en el tiempo a una Argentina autoritaria e intolerante que no debiera volver jamás.

El nuevo «bachillerato humanista moderno» de Salta no sólo incluye expresamente en su diseño curricular la asignatura específica de Religión (en los hechos, formación dogmática católica), sino que la fundamentación teórica general de la modalidad –sus principios y fines–, y varias otras asignaturas del plan –como Filosofía, Formación Ética y Ciudadana, Ciencias Políticas, Historia y Literatura– se hallan fuertemente impregnadas –cuando no saturadas– por los presupuestos doctrinales del catolicismo de vertiente preconciliar, tanto en materia teológica como en materia antropológica, moral, política y social. Se habla –por citar apenas tres ejemplos– de revelación, trascendencia y espíritu en un sentido claramente metafísico y religioso, con una inocultable connotación fideísta y cristiana. Se plantea sin ambages como propósitos de la educación el “reconocerse a sí mismo como un ser religioso capaz de ponerse en contacto con Dios”, e “integrar la fe en el conjunto de los demás saberes del ámbito escolar”. Salta a la vista, pues, que el «bachillerato humanista moderno» de Salta conlleva la enseñanza religiosa, tanto de manera directa –a través de la asignatura de Religión– como indirecta –a través de otras asignaturas que son impartidas desde premisas dogmáticas netamente católicas y ultramontanas–.

Una provincia como Salta, que ha retrocedido más de medio siglo en su política escolar, que ha conculcado impunemente las libertades fundamentales de las minorías no católicas y la igualdad de trato al haber destruido la laicidad, lejos de ser un ejemplo a imitar, es un ejemplo a evitar y repudiar. Si MEPEM tanto admira el «bachillerato humanista moderno», tiene todo el derecho del mundo a fomentarlo en los colegios privados de confesión católica. Pero la implementación del mismo en la escolaridad estatal de Mendoza sería algo completamente inadmisible, inaceptable, un acto inconstitucional y antidemocrático de gravísimas consecuencias sociales.

Sin pelos en la lengua hay que denunciar que la última propuesta de MEPEM (¿o de una parte de MEPEM?), esto es, la propuesta de emular el «bachillerato humanista moderno» de Salta, representa una nueva ofensiva del integrismo católico –esta vez mucho más sigilosa, pero no por ello menos peligrosa– contra la laicidad de la educación pública mendocina. El propósito sigue siendo esencialmente el mismo: implantar la enseñanza religiosa católica en los colegios estatales. Sólo que ahora, dadas las actuales circunstancias, no se trata de un ataque frontal contra la laicidad escolar –como en el primer documento–, sino de un caballo de Troya. Ojalá la Bicameral de Educación no cometa la equivocación de abrir sus puertas a este funesto presente griego.

¿Una educación humanista y moderna en los colegios estatales? Por supuesto que sí, nada malo hay en ello. Pero siempre y cuando dicha educación sea auténticamente secular, es decir, sólo si está libre de presupuestos dogmáticos religiosos y de motivaciones proselitistas confesionales. El «bachillerato humanista moderno» de Salta, sépase bien, está en las antípodas de esa alternativa pedagógica.

Federico Mare