El absolutismo judicial que domina Brasil: "El Estado es su Señoría"
El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha logrado concentrar un poder incomparable. Su juez más influyente y su inédita ofensiva contra Jair Bolsonaro.
El juez Moraes interrogó al ex presidente de Brasi, Jair Bolsonaro en junio como parte del proceso que le lleva a cabo por presunto intento de golpe de Estado.
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Estados Unidos insiste en que Brasil está violando los derechos humanos: "Imponer aún más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro de defenderse públicamente no es un servicio público".
ArchivoNunca antes las decisiones de un juez habían tenido la capacidad de provocar, al mismo tiempo, consecuencias judiciales, políticas, económicas y diplomáticas de la escala de las que se están viendo en Brasil por Alexandre de Moraes. Este abogado paulista protagoniza una disputa de poder con Jair Bolsonaro que hace rato dejó el campo de lo jurídico.
Desde que De Moraes, que integra desde 2017 el Supremo Tribunal Federal —máxima corte del país y, habría que agregar, de América Latina—, decidió mandar a prisión domiciliaria al expresidente, dejó también de ser un asunto doméstico para convertirse en una crisis internacional por la intervención directa de Donald Trump.
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Como en Estados Unidos, el Supremo dicta en Brasil fallos de alcance masivo, prácticamente con rango de norma constitucional. El aborto es un caso paradigmático: no fueron leyes, sino sentencias de la corte estadounidense las que lo habilitaron a nivel nacional durante 50 años, para luego dejarlo al arbitrio de cada estado.
Pero, a diferencia de sus pares americanos, que históricamente adoptaron una perspectiva de autolimitación ante el poder político, en Brasil la tendencia reciente ha sido deslizarse hacia una acumulación creciente de poder frente a la política.
Lo sufrió Lula en 2018 y lo sufre ahora Bolsonaro. Aunque a favor del ex capitán del Ejército juega ahora el hombre más poderoso del mundo, que, citando la persecución judicial contra su aliado, decidió imponer aranceles del 50% sobre el 60% de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos. Dado que Lula rechazó hablar en los términos que propone Trump, considerados humillantes, las severas medidas comerciales entraron en vigor este jueves y su impacto no tardará en sentirse en distintos rubros de la economía nacional.
Pero el castigo de Trump no se limitó a los aranceles. También retiró el visado a los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) y a De Moraes le aplicó la Ley Magnitsky, que le permite al presidente sancionar a funcionarios extranjeros que violen los derechos humanos. Entre otras cosas, esta norma, pensada para dictadores y genocidas, congela los activos que los sancionados pudieran tener en Estados Unidos y prohíbe transacciones entre estos y personas o empresas estadounidenses.
El origen de la guerra judicial en Brasil
Una de las particularidades del sistema brasileño es que los jueces de la Corte tienen un inmenso poder a título individual porque cada investigación recae sobre un ministro, que se convierte en el relator del caso y puede avanzar con medidas unilaterales sin consultar con sus colegas. De tanto en tanto, las medidas deben ser refrendadas por la sala a la que pertenece y eventualmente por el pleno, pero la regla no escrita es que se respalde lo resuelto por el relator.
De Moraes se convirtió en el juez de Bolsonaro en 2020, durante la pandemia. Fue quien lideró las medidas tomadas para contener los intentos del entonces presidente de desafiar las cuarentenas dictadas por los gobernadores en sus respectivos estados y de difundir teorías médicas no probadas, que contradecían el consenso científico.
Fue De Moraes quien luego se puso a la cabeza de las causas abiertas contra Bolsonaro por sembrar dudas sobre la fiabilidad del sistema de votación brasileño —de los pocos a nivel mundial que es 100% electrónico—.
Eso lo convirtió en blanco permanente de los ataques del mandatario y de sus seguidores, que intentaron promover sin éxito su destitución en 2021. Desde ese momento, el magistrado se tomó la disputa como algo personal y empezó a tomar medidas cada vez más duras contra todo el bolsonarismo, muchas de ellas crecientemente arbitrarias y discutidas incluso por juristas sin simpatías hacia el expresidente.
Así se llegó a las elecciones de 2022, en las que Lula se impuso por poco más de un punto en la segunda vuelta. Tras pasar días sin reconocer el resultado, con gente de su entorno clamando fraude y movilizaciones que empezaban a pedir una intervención de las Fuerzas Armadas, Bolsonaro terminó admitiendo la derrota y dejó la presidencia sin asistir al traspaso de mando. Pero sus seguidores, muchos de ellos convencidos de que les habían robado la elección, siguieron en las calles. El momento más crítico llegó el 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas tomaron por la fuerza la Explanada de los Ministerios en Brasilia, vandalizando los edificios del Ejecutivo, el Congreso y la propia Corte.
La indignación generalizada ante esa barbarie habilitó a Moraes a liderar una megacausa. Más de 2.100 personas fueron arrestadas, 1.400 procesadas y unas 370 ya están condenadas. El problema es que solo de una parte de los enjuiciados se pudo probar fehacientemente que estuvieron cometiendo actos vandálicos el 8 de enero. Muchos de los otros denuncian abusos procesales, como prisiones preventivas sin justificación e imputaciones sin pruebas. Bajo el mando de Moraes, el STF optó por la lógica del castigo ejemplar, sin distinción clara entre unos y otros.
Nuevas revelaciones de irregularidades
Esta semana se conocieron nuevos elementos que arrojan más cuestionamientos sobre la actuación de Moraes. Una investigación publicada por el medio estadounidense Public, firmada por los periodistas David Agape y Eli Vieira, reveló que el juez ordenó la creación de un grupo de tareas dentro del STF para hurgar en redes sociales y examinar el comportamiento digital de todos los sospechosos de haber participado en los hechos del 8 de enero.
Según esa investigación, muchas de las personas arrestadas fueron identificadas no por haber cometido actos concretos de violencia o sedición, sino por haber publicado mensajes a favor de Bolsonaro, con cuestionamientos a los jueces supremos o al resultado electoral. Y lo más grave: esa información obtenida en redes no fue presentada formalmente como evidencia en los procesos penales. Fue usada, según denuncian los periodistas, para sostener las imputaciones sin haber sido puesta a disposición de la defensa. El resultado: cientos de personas procesadas como copartícipes de un intento de golpe de Estado, a pesar de no haber cometido actos concretos que lo sustenten.
No son episodios aislados, son parte de un método. Con la declarada misión de depurar el espacio público brasileño de sediciosos, su señoría lanzó una cacería en redes sociales, cerrando miles de cuentas acusadas de difundir noticias falsas. En 2023 dio un paso más y, ante la negativa de Elon Musk de seguir censurando cuentas de X (ex Twitter) en Brasil, dejó a la red social fuera de servicio en todo el país durante varias semanas. No hay que olvidar que Maximilien Robespierre impuso el terror durante la Revolución Francesa liderando el Comité de Salvación Pública. Siempre es en nombre de la salvación de la patria que se terminan cortando cabezas de quienes piensan distinto.
El plan golpista
La ofensiva final contra Bolsonaro empezó con la decisión de la Corte de imputarlo por el delito de intento de golpe de Estado. El exmandatario está acusado de ser el cerebro de un plan para desconocer el resultado de las elecciones de 2022, impedir el triunfo de Lula y hasta matarlos a él y al propio De Moraes.
El problema es que todo se basa en reuniones mantenidas entre él, sus funcionarios de confianza y altos mandos militares en los días posteriores a los comicios, así como en la redacción de una “minuta golpista”: un borrador de decreto que proponía desconocer el resultado electoral. Ese decreto nunca fue publicado ni tuvo efectos concretos. Y muchos de los militares que declararon en la causa estuvieron lejos de ser categóricos en cuanto a las supuestas intenciones golpistas de Bolsonaro en los encuentros bajo análisis. Todo indica que hubo conversaciones y que efectivamente se consideró hacer algo… que finalmente se descartó.
A pesar de eso, el 18 de julio pasado Moraes le impuso a Bolsonaro el uso de una tobillera electrónica y un régimen de arresto domiciliario parcial. Tenía permitido salir de su casa de 7 a 19 horas, pero con prohibiciones estrictas: no podía participar en actos públicos, comunicarse con su hijo Eduardo —diputado en uso de licencia por estar exiliado en EE. UU.— ni con embajadas extranjeras, ni usar redes sociales. La justificación fue que esas interacciones podían entorpecer la investigación porque la decisión de Trump de sancionar a Brasil habría sido resultado del lobby de la familia Bolsonaro.
Pero la situación se agravó cuando Bolsonaro se presentó en el Congreso en un acto permitido por su régimen de salidas, sin publicar nada en redes, pero con filmaciones difundidas por terceros. Entonces Moraes advirtió que eso violaba las condiciones impuestas, a pesar de que no estaba estipulado en la sentencia original. Finalmente, esta semana amplió las restricciones a un arresto domiciliario total, sin salidas, sin teléfono, sin apariciones de ningún tipo. Todo por un breve mensaje de saludo transmitido por videollamada a través de su hijo Flavio en una manifestación en Copacabana.
Cristina Kirchner, con condena firme, goza de más libertades en Argentina de las que tiene Bolsonaro en Brasil, a pesar de no estar condenado. Medidas tan desproporcionadas empiezan a generar incomodidad incluso dentro del propio STF. Pero es difícil imaginar un cambio brusco y todo hace pensar que será condenado por el pleno del tribunal. De los 11 jueces que lo componen, siete fueron nombrados por Lula o Dilma Rousseff. Los dos más recientes: Cristiano Zanin, exabogado personal de Lula, y Flavio Dino, exministro de Justicia del actual gobierno.
Las tensiones que hoy atraviesan la democracia brasileña no son un caso aislado. Son parte de una tendencia global donde los límites institucionales se desdibujan. A veces ocurre con presidentes populares que erosionan las reglas, como Nayib Bukele en El Salvador. Otras, con regímenes abiertamente autoritarios que roban elecciones, como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Y, a veces, como en Brasil, con jueces que actúan como si fueran Luis XIV.