Estados Unidos cuestionó la prisión domiciliaria a Bolsonaro y acusó al juez de "amenazar la democracia"
El Departamento de Estado de EE.UU. cuestionó la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de imponer prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro.
Estados Unidos insiste en que Brasil está violando los derechos humanos: "Imponer aún más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro de defenderse públicamente no es un servicio público".
ArchivoEl gobierno de Donald Trump criticó duramente la decisión del juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, tras imponer prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro. A través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, calificó la medida como una amenaza para la democracia brasileña.
El mensaje fue difundido este lunes en redes sociales, tanto en inglés como en portugués: "El ministro Alexandre de Moraes, ya sancionado por los Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, continúa usando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia".
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Sobre las acusaciones, desde los Estados Unidos insisten en que Brasil está violando los derechos humanos: "Imponer aún más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro de defenderse públicamente no es un servicio público. ¡Dejen a Bolsonaro hablar!"
Esta declaración se enmarca dentro de la Ley Global Magnitsky, una normativa estadounidense que permite sancionar a funcionarios extranjeros acusados de violaciones graves a los derechos humanos o actos significativos de corrupción. Desde Washington advirtieron además que se sancionará a quienes colaboren o incentiven este tipo de conductas represivas.
Por qué la Justicia de Brasil le dictó prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro
La decisión del juez De Moraes se produjo luego de que Jair Bolsonaro participara por videollamada en una manifestación política, violando las restricciones impuestas por la Justicia, que le prohíben utilizar redes sociales o expresarse públicamente, en el marco de la investigación sobre su presunto papel en los intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.
De acuerdo con la Justicia brasileña, esa participación constituye una violación de las medidas cautelares que el expresidente debía cumplir mientras se desarrolla la causa en su contra por supuesta incitación a un intento de golpe institucional.