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Cómo funciona la red trasnacional de espionaje y acoso a opositores del gobierno de Ortega y Murillo en Nicaragua, según la ONU

Reed Brody, integrante del Grupo de Expertos de la ONU, dice que "Nicaragua padece de un olvido, y ese olvido ayuda a una dictadura".

Las protestas de 2018 fueron reprimidas por las autoridades y hubo unos 320 muertos.
Las protestas de 2018 fueron reprimidas por las autoridades y hubo unos 320 muertos. AFP vía Getty Images

El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo está en la mira de la ONU, que recientemente ha denunciado la existencia de una red que opera fuera de las fronteras de Nicaragua para perseguir a opositores en el exilio.

En un nuevo informe publicado el pasado 10 de marzo, el Grupo de Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua menciona, por ejemplo, el caso de Kevin Solís, un exlíder estudiantil que fue amenazado con un arma de fuego el 1 de noviembre de 2025 cerca de su casa en España.

También revela un entramado del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para el financiamiento de la represión.

BBC Mundo se puso en contacto por correo electrónico con la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, para obtener su versión de los hechos. La mandataria se limitó a responder: "Gracias por su interés".

El abogado Reed Brody, uno de los integrantes del Grupo de Expertos, afirmó en entrevista con BBC Mundo que en Nicaragua "continúan las desapariciones forzadas, continúan las detenciones arbitrarias y continúa la persecución política".

"Solamente va cambiando de forma, y desde hace unos años sobrepasa las fronteras para intentar también silenciar las voces de los nicaragüenses en el exterior", dijo.

Esta fue la conversación que mantuvimos con Brody.

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La policía antidisturbios impide que simpatizantes del FSLN se enfrenten a manifestantes contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, durante una marcha en Managua, el 9 de septiembre de 2018.
AFP vía Getty Images
La represión a la oposición en Nicaragua se recrudeció en 2018 dentro de fronteras y luego se expandió fuera del país.

¿Cómo opera la red trasnacional para la represión que ustedes denuncian del gobierno de Nicaragua?

Es toda una arquitectura de vigilancia e inteligencia que incluye al ejército, la policía, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), las misiones diplomáticas y el partido.

Tiene un componente político que es dirigido por la jefatura de la Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar (DICIM), que determina la estrategia y los objetivos.

Pero hay un componente operacional también que sale de la Dirección de Información para la Defensa (DID), que ejecuta acciones de vigilancia.

Hay vigilancia en el terreno, vigilancia digital, hackeo de cuentas, spyware, monitoreo de redes sociales, interceptación de comunicaciones, campañas de difamación, sobre todo digitales, con granjas de trolls y redes de bots vinculadas a la Juventud Sandinista y al partido que difunden acusaciones falsas, de terrorismo pero sobre todo de narcotráfico.

Existe la vigilancia física y tenemos varios casos de agentes encubiertos que siguen y fotografían a exiliados, principalmente en Costa Rica y Honduras, pero también en Bélgica, España y Estados Unidos.

También vimos el uso de mecanismos internacionales como, por ejemplo, las alertas rojas de Interpol, donde acusan a las personas de crímenes que no cometieron.

O más sutiles y sencillos: se reportan a Interpol pasaportes como robados para que tengan problemas al viajar.

Además, difunden falsas acusaciones de lavado de dinero para activar advertencias en instituciones financieras.

¿Usted dice que utilizan el sistema mundial integrado de cooperación y facilitación de información para fines represivos?

Exactamente, eso digo.

En su informe, el Grupo de Expertos señala que "en la más alta instancia, las decisiones las han tomado la Sra. Murillo, el asesor presidencial para asuntos de seguridad e inteligencia (que ocupó el cargo hasta agosto de 2025), el viceministro del Interior y altos dirigentes del FSLN".

"Ellos son quienes determinan qué nicaragüenses exiliados deben ser objeto de persecución, definen 'categorías de amenaza' y deciden las medidas que deben adoptarse", agrega.

El informe documenta una campaña sistemática para borrar identidades, eliminación de actas de nacimiento, negación de pasaportes, privación de entrada. ¿Qué busca el gobierno?

El objetivo es silenciar. Daniel Ortega y Rosario Murillo han conseguido consolidar su control total dentro de Nicaragua, pero como hay tantos nicaragüenses en el exterior, casi un 12% de la población, allí está el principal reservorio de potenciales disidentes.

No pueden renovar sus pasaportes o sus documentos, y se les niega el regreso a Nicaragua. Es una desnacionalización de facto, una muerte civil.

La idea del gobierno nicaragüense es fastidiar a los que pueden oponerse desde afuera.

Esto se suma a los 452 casos de privación formal de nacionalidad, como pasa con Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

Todos los opositores importantes en el país han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad por órdenes judiciales, cosa que es única en el mundo en la escala que lo hace Nicaragua.

Nicaragüenses residentes en Costa Rica se manifiestan contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega frente a la embajada de Nicaragua en San José el 21 de junio de 2018.
AFP vía Getty Images
Buena parte de los exiliados nicaragüenses están viviendo en Costa Rica, su vecino al sur.

¿Qué papel juegan las embajadas y los consulados?

Un papel muy importante. Por lo menos cinco misiones diplomáticas albergan personal de inteligencia militar, y la mayoría de los embajadores nicaragüenses se desempeñan como secretarios políticos del Frente, o sea que reportan directamente a Rosario Murillo.

¿Cómo se exporta un aparato policial y de inteligencia al extranjero sin dejar huellas?

Muchos países lo hacen, desgraciadamente. Se llama espionaje.

El informe apunta a Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, quien fue asesor presidencial y ministro consejero o embajador en Guatemala, Honduras y Costa Rica.

"La rápida sucesión de sus nombramientos en países vecinos coincidió con un período en el que se disparó el exilio de opositores nicaragüenses reales o percibidos como tales", dice.

"La proximidad del Sr. Jaentschke a la Presidencia, a la que informaba directamente, le permitió desempeñar un papel importante en la dirección de la estrategia de represión trasnacional del país y en la coordinación de las actividades de inteligencia, por encima de los componentes político y operacional de la arquitectura de vigilancia e inteligencia", añade el reporte.

¿Cuál es el hallazgo del grupo de expertos respecto al financiamiento de la represión?

En 2018, frente a las protestas masivas, la entonces vicepresidenta Rosario Murillo y el secretario político del Frente Sandinista, Fidel Moreno, crearon una estructura paralela dentro del partido para desviar fondos.

Moreno convocó a las autoridades públicas nacionales y a las alcaldías para redirigir partidas presupuestarias destinadas a la asistencia social o a gastos operativos hacia la represión.

La llamada "Operación Limpieza", que fue una serie de operaciones violentas para aplastar las protestas, fue financiada con partidas municipales, rotuladas como asistencia humanitaria, relaciones públicas o limpieza, irónicamente. Hemos identificado 13 proyectos de ese tipo.

Tenemos más de 1.700 documentos y 73 entrevistas que lo respaldan. Tenemos los certificados de pago, los emails, y tenemos fuentes dentro.

¿Qué cantidad de dinero documentaron?

Solamente en los primeros meses calculamos que fueron US$5 millones. No tenemos una cifra total a hoy, pero es multimillonaria.

En el informe refieren a pagos a paramilitares.

Los grupos paramilitares tuvieron un rol muy importante en la "Operación Limpieza" y continúan hasta hoy. Es lo que ahora llaman la "policía voluntaria".

También el gobierno financió grupos de la Juventud Sandinista, que es el brazo violento del Frente.

Daniel Ortega junto a Reed Brody en 1984.
Reed Brody
Reed Brody junto a Daniel Ortega en 1984, pocos años después de que el FSLN derrotara a la dictadura de los Somoza.

¿Qué efectos reales pueden tener las denuncias del Grupo de Expertos en el gobierno de Ortega y Murillo?

El gobierno nos desoye, nos ignora. Pero en el informe del año pasado nombramos a 54 personas, y varias de ellas fueron agregadas a las sanciones de EE.UU.

Nosotros hacemos la documentación buscando vías de justicia a futuro.

Ahora, es cierto que la respuesta internacional no está a la altura que nos hubiera gustado. En el mundo que conocemos hoy, Nicaragua padece de un olvido, y ese olvido ayuda a una dictadura.

¿Qué respuesta les hubiese gustado?

Lo más fácil, más directo, sería que un grupo de estados lleve a Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia, sobre todo por la violación de la Convención para reducir los casos de apatridia, que Nicaragua viola sistemáticamente.

Además, la Corte Internacional de Justicia es uno de los únicos órganos que el gobierno respeta desde su caso histórico contra EE.UU. en 1984-1986, que terminó condenando la agresión estadounidense.

¿Cuál es el futuro más probable de Ortega y Murillo?

Algún día tendrán que rendir cuentas por lo que están haciendo. Nosotros estamos haciendo lo primero, que es documentar.

BBC

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FUENTE: BBC