Tensión entre EE.UU. y China, disyuntiva latinoamericana y amenaza desde Oriente Medio
El mundo sigue viendo cómo se reorganiza el orden global al calor de la disputa entre las dos grandes potencias y la región define su futuro entre modelos contrapuestos.
Con el correr de los días queda cada vez más claro que la ofensiva arancelaria lanzada por Donald Trump hace 15 días fue el comienzo de una guerra comercial que tiene sólo dos contendientes: Estados Unidos y China. Los demás países se sumarán a uno u otro bando, pero ninguno será verdaderamente decisivo en este enfrentamiento, que empezó como una guerra fría en el primer mandato de Trump, pero que ya se convirtió en un conflicto a gran escala que modificará para siempre el orden económico global.
Es una guerra complicada, no hay dudas. Porque se da entre dos economías que están muy entrelazadas, razón por la cual cada ataque al enemigo es al mismo tiempo una herida autoinfligida. Eso explica muchas de las marchas y contramarchas de Trump en estos 15 días. La última fue el anuncio de que smartphones, computadoras y microchips quedarían exceptuados por 90 días del arancel del 145% impuesto por Estados Unidos a China. Pagarán el 20% que tenían desde el mes pasado todos los bienes importados de ese país. Un alivio momentáneo. Porque el secretario de Comercio aclaró luego que esos productos entrarían a una nueva canasta de aranceles a determinar en las próximas semanas.
Trump sigue convencido de que China va a pedir la escupidera. “Vamos a firmar un muy buen acuerdo”, dijo el jueves durante su encuentro con Giorgia Meloni en la Casa Blanca. La primera ministra italiana es la única líder europea de peso que se entiende con el presidente estadounidense. Aspira a ser un puente que permita mantener viva una alianza que está en terapia intensiva. “Mi objetivo es hacer a Occidente grande de nuevo, y creo que podemos hacerlo juntos”, le dijo Meloni, haciendo una adaptación de su eslogan. Pero es una incógnita si a Trump le interesa Occidente.
Xi Jinping dio muestras de que le interesa su región. El líder chino hizo una inusual gira por Vietnam, Malasia y Camboya en la que habló de fortalecer “la gran familia asiática”. Son tres de los países más afectados por la suba de aranceles anunciada por Trump, porque muchas empresas estadounidenses mudaron sus fábricas de China hacia ellos, que tienen costos de producción aún más bajos. Ahora están aprovechando la pausa de 90 días para negociar con Washington, pero Beijing trata de convencerlos de que es un socio más confiable.
Las gestiones chinas van más allá de Asia. Brasil es el mejor ejemplo. Celso Amorim, asesor especial de Lula para asuntos internacionales, dijo en una entrevista a O Globo que “China hoy ofrece más oportunidades y menos riesgos” que Estados Unidos. Tiene lógica. Es uno de los países más afectados por la suba al 25% de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio que entró en vigor el mes pasado. Y desde hace más de una década encontró en el gigante asiático a su principal socio comercial.
Brasil es clave en la estrategia de desacople económico que el Partido Comunista Chino adoptó desde 2018, cuando Trump comenzaba con sus medidas arancelarias. El proceso está muy avanzado en la cadena agroindustrial. En 2010 China importaba soja por más de USD 10.000 millones de Estados Unidos y por USD 5.000 millones de Brasil. En los 15 años que pasaron, las ventas de los sojeros brasileños treparon hasta más de USD 40.000 millones, pero las de sus competidores estadounidenses se mantuvieron estables. Tendencias similares se ven en maíz, carne y aves de corral.
Argentina está en una encrucijada en este punto. Su principal socio comercial sigue siendo Brasil, el segundo es China y Estados Unidos es el tercero. El Gobierno se alineó con Washington por cercanía cultural y por valores compartidos. Si el criterio fuera puramente económico, la decisión sería más difícil.
El swap chino, renovado la semana pasada por otro año, es un testimonio muy interesante de lo complejo que es el equilibrio que tiene que hacer el país. La cercanía con la administración Trump, y el interés que hay por el plan económico de Milei en todo el mundo, explican la visita de Scott Bessent este lunes. El secretario del Tesoro dio una muestra muy importante de respaldo al programa, pero demostró que no está dispuesto a habilitar una línea de crédito directo como algunos fantaseaban y dejó muchas dudas sobre si daría de baja el arancel del 10% que se le aplicó a las importaciones argentinas.
Al mismo tiempo, dijo que el país debería dejar en el mediano plazo el swap con China para evitar que le pase lo mismo que a muchas naciones africanas que terminaron ahogadas financieramente tras recibir muchos fondos para obras de infraestructura. Ese comentario fue respondido por la Embajada China con un durísimo comunicado, en el que acusó a Washington de un “proceder inmoral” que "sacrifica el bienestar de los pueblos de otras naciones para servir a sus egoístas intereses geopolíticos".
En esa disyuntiva entre las dos grandes potencias está toda América Latina. Panamá, que estaba estrechando sus lazos comerciales con los chinos, dio un vuelco ante las presiones de Trump. El gobierno de José Raúl Mulino se comprometió a “reducir la problemática presencia china” en el país y a liberar el paso de los buques de guerra estadounidenses. Esa dicotomía entre caminos opuestos estuvo el domingo en las urnas de Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa obtuvo una reelección inesperadamente holgada. Aliado de Estados Unidos y cercano a Trump, le sacó más de 11 puntos de ventaja a Luisa González, la candidata de Rafael Correa, que sigue dirigiendo a la izquierda desde Bélgica, donde elude una condena a 8 años de prisión por corrupción.
González, que dijo en campaña que iba a reconocer como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, no reconoce como legítimo el triunfo de Noboa. Afirma que hubo fraude y presentó como evidencia encuestas que anticipaban mucha más paridad. Nunca nadie mostró tanta fe en un instrumento que en todo el mundo parece cada vez menos eficaz para predecir resultados electorales. Maduro apoyó a su aliada y dijo que en Ecuador hay una dictadura. Sería una muy curiosa, porque la oposición pudo hacer campaña sin problemas, el Consejo Nacional Electoral difundió las actas con los resultados de todos los centros y hubo varios observadores internacionales, que coincidieron en que el proceso fue transparente más allá de algunas fallas. Es decir, todo lo contrario a lo que sucedió en Venezuela en las presidenciales del año pasado.
Estas alianzas entre los líderes de la izquierda populista latinoamericana pueden parecer una consecuencia de afinidades ideológicas. Pero se entienden mucho mejor cuando se ven los negocios comunes que aceitaron esas relaciones durante años. La justicia peruana presentó esta semana pruebas de esos vínculos espurios al condenar a 15 de años de cárcel al ex presidente Ollanta Humala. Los jueces dieron por hecho que financió dos campañas con dinero negro que luego lavó a través de una estructura no muy sofisticada. La primera campaña fue la de 2006 y el dinero vino directamente desde la entonces millonaria Venezuela de Hugo Chávez. Un año después, Guido Antonini Wilson, uno de los enviados del comandante, era detenido en el Aeroparque Jorge Newbery con una valija que contenía USD 790.550. Según su declaración ante la justicia estadounidense, el objetivo era financiar la campaña de Cristina Kirchner.
Humala fue condenado también por haber recibido dinero de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS en la carrera que lo llevó a la presidencia en 2011. El caso es parte del capítulo peruano del Lava Jato, la causa judicial que comenzó en Brasil pero tuvo ramificaciones por toda América Latina. En ningún país avanzó tanto como en Perú, donde a los jueces no les cuesta demasiado enviar a un ex presidente a la cárcel: cinco de los 7 que gobernaron desde 1990 pasaron por los calabozos. De los dos restantes hay uno —Alan García— que se suicidó antes de ser arrestado y otro —Martín Vizcarra— que está cerca de ir a juicio por la misma causa. En otra muestra de fraternidad socialista, el gobierno de Lula da Silva —que pasó 580 en la cárcel por el Lava Jato original— le concedió asilo a Nadine Heredia, esposa de Humala y condenada por su papel clave como recaudadora del ex presidente peruano.
Esta colaboración entre líderes latinoamericanos basada en ideología y en negociados es la contracara de la escasa cooperación entre los estados para abordar cuestiones más sensibles, como la amenaza del terrorismo. En estas horas llegan desde Oriente Medio noticias preocupantes. Hezbollah estaría enviando a cientos de terroristas a América Latina para escapar del Líbano, donde el presidente Joseph Khalil Aoun anunció que avanzará con la desmilitarización de esta milicia que hasta hace poco era más fuerte que el Ejército. Es una consecuencia del calamitoso estado en el que quedó la organización tras más de un año de guerra con Israel, que eliminó a la totalidad de su cúpula y abatió o dejó incapacitados a miles de sus combatientes.
Hezbollah es el principal brazo terrorista de Irán, el que ejecutó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Sus miembros están siendo recibidos por los países donde gobiernan los aliados locales de la República Islámica, como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Pero también se reporta la llegada de terroristas a Brasil y Paraguay, donde hay importantes comunidades chiitas, rama del islam a la que pertenecen los simpatizantes de Hezbollah.
En el fondo, son movimientos que demuestran la debilidad en la que quedó Irán tras el fallido intento de destruir a Israel el 7 de octubre de 2023. Un país que promociona el terrorismo como política de Estado y que esta semana volvió a amenazar a Argentina, luego de que el fiscal Sebastián Basso, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre el atentado a la AMIA, solicitara la captura del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Amenazas que preocupan por la fragilidad que sigue evidenciando el sistema de inteligencia argentino, que acaba de permitir que se le conceda la visa a Shahram Dabiri, el ex vicepresidente de asuntos parlamentarios de Irán. Sólo se enteraron de que estuvo dos semanas de visita en el país para hacer un crucero por la Antártida cuando lo echó el gobierno de Masoud Pezeshkian, indignado por sus lujosas vacaciones en medio de la crisis que atraviesa la economía persa. Había mentido para sacar la visa, ocultando su condición de funcionario. No hacía falta demasiada inteligencia para darse cuenta. Con Google era suficiente.

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