¿Narcodemocracia en Ecuador? Los crímenes políticos marcan las elecciones

El lunes, Ecuador experimentó otra embestida de los grupos criminales: fue asesinado un político del partido del exmandatario Rafael Correa en las inmediaciones de una parroquia. Tan solo cinco días antes era acribillado a balazos el candidato presidencial Fernando Villavicencio -paradójicamente una de las voces más críticas de Correa-. En el medio, una candidata a la Asamblea también sufrió un atentado que casi acaba con su vida.

Todo esto a pocos días de que se celebren las elecciones anticipadas convocadas por el alicaído presidente Guillermo Lasso en un contexto de estado de excepción a nivel nacional. La pregunta es: ¿estamos ante una narcodemocracia?

La última víctima de los grupos criminales que operan cada vez con mayor impunidad en el país sudamericano se llamaba Pedro Briones, dirigente político del partido izquierdista Revolución Ciudadana. Su trágica muerte ocurrió en la provincia de Esmeraldas, en el noroeste del país.

Para graficar la situación basta un ejemplo reciente, ocurrido en abril de este año: un comando de sicarios atacó por mar y tierra el puerto de Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia: ¿el resultado? Nueve muertos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad (ver video debajo).

El caso, por supuesto, no está aislado. Los narcos toman los puertos ubicados en el océano Pacífico, desde donde trafican drogas hacia Estados Unidos y Europa, sin importar las consecuencias.

De hecho, tres semanas antes de lo de Villavicencio, asesinaron a Agustín Intriago, alcalde de Manta, una importante ciudad del país. Pertenecía al movimiento cantonal Mejor Ciudad. El mismo trágico final tuvo, pocos días antes, el candidato a asambleísta por Esmeraldas, Ryder Sánchez, de la alianza Actuemos, que lidera el actual candidato presidencial Otto Sonnenholzner. Otro asesinato que tuvo mucha repercusión este año fue el de Omar Menéndez, candidato a alcalde de Puerto López por el correísmo.

Como puede inferirse, este avance de los grupos criminales en los últimos años ha provocado una ola de homicidios sin precedentes en el país, que viene en ascenso: según cifras oficiales, en el primer semestre de 2023 se registraron 3.326 homicidios. Esto representa un 56% más que el mismo periodo del año pasado (2.128 homicidios).

En efecto, en 2022 se registró la cifra de muertes violentas más alta en la historia de Ecuador (4.603). De hecho, terminó el año con un promedio de 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. De acuerdo a la mirada de las fuerzas del orden, el 90% de esas muertes ocurrió por violencia criminal (en su mayoría ligada al narcotráfico).

El accionar de las bandas criminales simplemente no tiene límites: van desde atar explosivos a las personas para extorsionarlas hasta el asesinato a plena luz del día de dirigentes políticos -inclusive de nivel presidencial- (como hemos visto recientemente). El Gobierno responsabiliza a Los Lobos, Los Choneros, Los Chone Killers y Los Tiguerones, quienes a su vez se pelean entre sí por las conquistas de territorios para el narcotráfico. 

Las bandas criminales parecen imparables y utilizan armas de largo alcance equiparables a las que usan las fuerzas de seguridad. De hecho, son armas estadounidenses que entran ilegalmente al país. Algo análogo a lo que ocurre en México. De hecho, a Los Lobos -al igual que a Los Chone Killers y Los Tiguerones- se los relaciona con el cartel mexicano de Jalisco-Nueva Generación. En tanto que se cree que el cártel de Sinaloa trabajaría con Los Choneros.

Y aquí viene la pregunta que muchos se hacen pero pocos se animan a responder: ¿hasta qué punto ha penetrado el narcotráfico en el poder político ecuatoriano? En otras palabras, ¿cuántos políticos son cómplices, directa o indirectamente, del crimen organizado y el narcotráfico que parecen haber ganado las calles de un país que hasta hace un puñado de años era meramente testigo de lo que ocurría en sus vecinos Colombia y Perú?

Desde hace años, Fernando Villavicencio venía denunciando al expresidente Rafael Correa por corrupción y actividades ilícitas, además de su relación con el grupo terrorista colombiano FARC.

Como periodista de investigación, Villavicencio reveló diversos hechos de corrupción del Gobierno de Correa que derivaron en una causa judicial que en 2020 concluyó con una condena de ocho años de cárcel contra el exmandatario izquierdista, que ahora vive refugiado en Bélgica.

Fue tal el enfrentamiento entre ambos que, durante la gestión del líder izquierdista en el Palacio de Carondelet, el periodista tuvo que refugiarse en medio de la selva amazónica para no ser encontrado.

En el último tiempo, Villavicencio denunció la complicidad de Correa y dirigentes de su partido con la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, la cual mantuvo (o mantiene) fuertes vínculos con la narcoguerrilla de su país, FARC. Asimismo, en su denuncia involucró a la narcodictadura de Nicolás Maduro (puntualmente a Álex Saab, presunto testaferro del dictador).

De hecho, los informes, de diversas fuentes, coinciden en que los grupos criminales ecuatorianos se abastecen a través de las fronteras porosas de su país. No ha sido casual que luego de la trágica muerte de Villavicencio (quien se ubicaba segundo en las encuestas), muchos apuntaran sus miradas contra Rafael Correa.

Es más, la viuda de Villavicencio, al ser consultada sobre los posibles responsables del asesinato, señaló que el correísmo tenía vínculos con bandas narcodelictivas. Asimismo, Verónica Sarauz apuntó que Piedad Córdoba también había amenazado a su esposo afirmando que lo haría “desaparecer”.

En tanto, el correísmo tiene otra interpretación de los hechos (que hay que decirlo, todavía no han sido esclarecidos). Para ellos, el atentado fatal contra el candidato derechista forma parte de una serie de crímenes orquestados para desprestigiar al movimiento izquierdista liderado por Correa, para que no vuelva al poder. Una de las pruebas, en este sentido, sería la falla del protocolo de seguridad a la salida del mitin que derivó en la muerte de Villavicencio el miércoles pasado.

Es más, hace unos meses también se denunciaron vínculos entre el gobierno de Lasso y algunas de estas bandas criminales. A la luz de estos hechos todo parece indicar que hay intereses cruzados, y que el crimen organizado -al igual que sucede en México y en otros países- mantiene relaciones con vastos sectores políticos, de diversas ideologías.

En tanto, la debilidad institucional de Ecuador es tal que Lasso ha tenido que recurrir en las últimas horas a agencias extranjeras para que ayuden a esclarecer, al menos, el caso de Villavicencio: el FBI ya está trabajando con la fiscalía y la policía locales.

En todo este lío, las elecciones presidenciales extraordinarias se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto. El último debate presidencial tuvo lugar el pasado domingo, donde los diferentes candidatos hicieron hincapié, precisamente, en cómo combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Pocas horas después, fue asesinado Briones.

Entonces, ¿quién se beneficia de esta ola creciente de violencia contra los políticos ecuatorianos? Es difícil de precisar, pero lo que es evidente es que estas bandas criminales ya se han inmiscuido hasta las esferas más altas del poder político ecuatoriano.