La dura decisión de la Corte Suprema de Brasil sobre Jair Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil determinó este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro declare ante la Policía en un plazo de 10 días, en el marco de un proceso que investiga el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero.

En esa fecha, miles de activistas de la derecha que apoya a Jair Bolsonaro asaltaron los tres poderes de la Nación en Brasilia, con la intención de forzar una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido el poder ocho días antes.

Ese día, Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos, hacia donde había viajado el 30 de diciembre, aún en su condición de mandatario, con la intención de no entregarle la banda presidencial a Lula, cuya victoria en las urnas en octubre pasado siempre puso bajo sospecha.

Los miles de bolsonaristas que asaltaron las sedes de la Corte Suprema, el Parlamento y la Presidencia el 8 de enero habían estado durante más de dos meses acampados a las puertas de los cuarteles del Ejército exigiendo un golpe, en una actitud antidemocrática que el líder de la ultraderecha no condenó y hasta llegó a avalar.

Por esos sucesos fueron detenidas 2.151 personas, de las cuales 294 permanecen en prisión, en tanto que el resto responderá ante los tribunales en libertad.

El Supremo ha incluido a Jair Bolsonaro entre los investigados, a fin de determinar si, aún estando ese día en Estados Unidos, de donde regresó el pasado 30 de marzo, incitó ese movimiento o si incluso tuvo algún papel en la planificación de la intentona golpista.

El exmandatario está investigado en una decena de procesos que tramitan en la Justicia ordinaria y en otros cuatro que también están en la Corte Suprema, así como responde en otras causas ante la Justicia Electoral.

Una de estas últimas, referida a sus agresivas campañas de descrédito contra el sistema de votación electrónico que se utiliza en Brasil, será juzgada en las próximas semanas y, en caso de ser hallado culpable, el líder de la derecha puede perder todos sus derechos políticos durante ocho años.