España podría convertirse en el séptimo país en avalar la eutanasia

El Tribunal Constitucional (TC) español avalará previsiblemente de manera íntegra la ley de eutanasia, después de que el magistrado ponente, Ramón Sáez Valcárcel, defendiera este jueves que se rechace el recurso de inconstitucionalidad presentado por el partido derechista Vox.

Con el objetivo de analizar un recurso contra una ley de 2021, el pleno del TC comenzó una discusión con la ponencia presentada por Sáez Valcárcel, y fuentes del tribunal de garantías indicaron que la propuesta era respaldar la ley de forma completa.

Durante la reunión de los magistrados, el ponente ofreció una completa explicación del tema, pero la deliberación tendrá que esperar, y será en la próxima sesión cuando se conozca el veredicto total.

Los magistrados están a punto de abordar el tema en la próxima reunión, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Se espera que cada uno de los miembros de la mesa presente su postura para llegar a un consenso. Según fuentes autorizadas, los magistrados estudiarán la ponencia para así poder discutir el tema en el pleno.

Según la ley española, la eutanasia pueden solicitarla las personas que sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".

El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles, y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso. Además, el paciente puede desistir en cualquier momento.

Una comisión de garantía y evaluación, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, supervisa cada caso y es responsable en última instancia de autorizarlo. Los profesionales sanitarios pueden acogerse a la objeción de conciencia.

España fue el séptimo país del mundo en despenalizar la eutanasia y regularla por una ley apoyada en el Parlamento por la mayoría de izquierdas, entre otras fuerzas políticas.

El opositor Vox impugnó la norma por considerar que infringe el derecho a la vida al manifestar que se trata de un principio fundamental que el Estado debe proteger, como lo es también su deber de ofrecer cuidados paliativos a los que sufren a causa de la enfermedad.

El Partido Popular (conservadores, en la oposición) también recurrió la ley porque estima que vulnera el derecho a la vida y genera indefensión jurídica porque no dispone de un régimen jurídico que garantice que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión.