Cierre del Congreso en Perú: Pedro Castillo imita a Alberto Fujimori, 30 años después

La decisión del presidente de Perú, Pedro Castillo, de cerrar temporalmente el Congreso, llamar a elecciones y mientras tanto gobernar vía decretos, remite al llamado “fujimorazo” de abril de 1992, cuando el entonces mandatario Alberto Fujimori también dispuso clausurar el parlamento e inició una gestión que llamó de Emergencia y Reconstrucción Nacional.

“He decidido tomar las siguientes trascendentales medidas: primero, disolver temporalmente el Congreso de la República”, abrió su discurso Fujimori en la noche del domingo 5 de abril de hace poco más de 30 años.

El mandatario intervino sobre otros varios organismos de la República –la Contraloría General, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público- y dejó en suspenso los artículos de la Constitución de 1979 que chocaran contra la instauración de su Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.

Fujimori contó entonces con el respaldo pleno de las Fuerzas Armadas, que de inmediato llenaron las calles de Lima y las principales ciudades de tanques y militares para inhibir cualquier atisbo de protestas.

Las palabras de Castillo y su antecesor coincidieron en considerar al legislativo un obstáculo para las leyes que, argumentaron ambos, eran necesarias para recuperar la economía del país, pero hace 30 años Fujimori tenía otra cuestión para la queja: ese Congreso, afirmó, obstruía “la lucha contra la subversión” que representaban Sendero Luminoso y el MRTA.

Las medidas del Ejecutivo ahora concentrado en Fujimori fueron acompañadas de las detenciones domiciliarias de varios legisladores, entre ellos los jefes de las dos cámaras, el senador Felipe Osterling Parodi y el diputado Roberto Ramírez del Villar Beaumont.

Hubo, además, secuestros y persecuciones a otros dirigentes, cierre de medios y control estricto sobre lo publicado en los que permanecieron abiertos.

El Congreso, o lo que quedaba de él, votó dos veces la vacancia presidencial por incapacidad moral de Fujimori: una el 6, apenas un día después del discurso del mandatario, y otra el 9, en una inédita sesión realizada en la casa de una legisladora.

Más aún, el martes 21 de abril, el diputado Máximo San Román llegó a asumir la presidencia en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima, aunque se trató de un hecho casi simbólico, igual que su gestión en las sombras.

Para entonces, Perú ya había sido expulsado del grupo Río y EE.UU. suspendido los acuerdos comerciales y militares con el país, mientras presidentes de la región (el argentino Raúl Alfonsín, el colombiano Belisario Betancur, el brasileño José Sarney y el uruguayo Julio Sanguinetti) condenaban el golpe en un comunicado conjunto.

La OEA, en cambio, demoró sus decisiones, organizó varios encuentros y una visita al país y terminó, por omisión, casi avalando al Ejecutivo.

Fujimori llamó a elecciones para noviembre para un Congreso Constituyente Democrático, en el que el oficialismo tuvo amplia mayoría.

Ese Congreso, en enero de 1993, declaró a Fujimori presidente constitucional. Después, claro, ese congreso sancionó una nueva Constitución, todavía vigente. Y un par de años más tarde, el jefe de Estado conseguía la reelección.

En el 2000 llegaría su renuncia, enviada desde el exterior y por fax, cuando la prensa difundió que el Gobierno compraba votos de legisladores.

De aquel autogolpe de 1992 Fujimori nunca se arrepentiría. En 2017, ya condenado en Perú por varias causas –entre ellas dos por crímenes de lesa humanidad-, el expresidente usó el aniversario de su discurso de abril para compartir este mensaje en su cuenta de la red Twitter: “Para hacer tortillas hay que romper huevos. Alguien tenía que hacerlo. Desde la cárcel les digo: Valió la pena”.