La ONU cuestionó el nuevo decreto del régimen cubano

La ONU cuestionó el nuevo decreto del régimen cubano

L a nueva normativa castiga con penas de hasta 4 años de prisión a quienes realicen "incidentes de ciberseguridad".

MDZ Mundo

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La relatoría de libertad de expresión de las Naciones Unidas (ONU), junto con las relatorías de reunión y asociación y la de los defensores de los derechos humanos, publicaron una carta dirigida al gobierno cubano que fue redactada el 20 de octubre.

En la carta los organismos expresaron su preocupación por la nueva legislación en materia de libertad de expresión, reunión y asociación.

El Decreto Ley 35 regula exhaustivamente las telecomunicaciones y el uso de las tecnologías de información y comunicación.

Con la nueva normativa, impulsada producto de las multitudinarias y pacíficas marchas realizadas en la isla el 11 de julio, se vuelve ilegal realizar "incidentes de ciberseguridad", que es una amplia categoría que incluye tanto ataques de virus y fallas en las corrientes eléctricas como la utilización de las redes sociales para critica al régimen, convocar a marchas o abogar por un cambio de sistema político y/o económico. 

De la misma forma, se consideran como incidentes de ciberseguridad la “divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país”, la difusión de “contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público o pretendan alterar el orden público o promover la indisciplina social”.

Gracias a los términos tan amplios y subjetivos, el gobierno cubano puede utilizar esta ley para perseguir a sus detractores utilizando cualquier pretexto.

La ONU calificó el decreto como algo contrario a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que limita la libertad de expresión, reunión y de asociación de manera subjetiva y con claras intenciones políticas.

La limitación de internet “amenaza con destruir el espacio en el que la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos pueden promover o defender colectivamente un asunto de interés común”.

En Cuba, no existen los medios de comunicación privados, y los que hay están regulados o manejados por el Estado, lo que convierte al internet el único lugar donde los ciudadanos pueden expresarse o informarse sin propaganda política. 

“Las prohibiciones mencionadas podrían tener graves consecuencias para el público en general, para los periodistas de investigación y para los defensores de derechos humanos que informan sobre las violaciones de los Derechos Humanos y contribuyen a que el gobierno rinda cuentas”, indica la carta de las relatorías de la ONU.

La legislación cubana prevé penas de 4 años de privación de libertad por “difundir noticias falsas o predicciones maliciosas” que causen “descontento en la población o pongan en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano o sus buenas relaciones con otro Estado”.

“El decreto faculta al gobierno a realizar un monitoreo constante de los contenidos que los cubanos comparten en redes sociales e Internet”, y el monitoreo y la interrupción arbitraria de los servicios “pueden impedir que los periodistas y personas defensoras de derechos humanos informen libremente sobre los sucesos y violaciones a derechos humanos que ocurren en Cuba”, cierra la carta.

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