Imputaron a militares bolivianos por participar de la investidura de Áñez

La Fiscalía de Bolivia imputó hoy a los exmiembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de 2019 por el golpe de Estado perpetrado ese año en el país, basándose en que sin su "participación y cooperación" no se podría haber llevado a cabo la "ilegal concreción de la investidura" de Jeanine Áñez.

En paralelo, el gobierno y representantes de las víctimas de masacres ocurridas en 2019 acordaron acelerar los juicios a Áñez y miembros de su administración, incluidos exjefes militares y policiales.

"La principal demanda es que se debe hacer justicia ya a los responsables de las masacres y otras terribles violaciones de derechos humanos, y como Gobierno nacional estamos en el camino de la justicia por esas masacres", aseguró la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, según la agencia de noticias Sputnik.

Asimismo, el Gobierno aceptó aprobar un plan integral de reparación de daños a las víctimas, cuyos detalles serán definidos en un nuevo encuentro pactado para dentro de dos semanas.

Más temprano, la Fiscalía señaló que los imputados "no permitieron la continuidad legítima" del titular de la Presidencia del país, que debería haber sido Evo Morales como vencedor de las elecciones de aquel momento, por lo que perpetraron "hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular", recoge el portal de noticias boliviano Erbol.

El Ministerio Fiscal apunta que los mandos militares violentaron la "legitimidad de las instituciones del Estado y la sucesión constitucional" todo ello "conjuntamente" con Áñez, que precisó de la colaboración militar para concretar "el hecho antijurídico" de su investidura.

De este modo, el exjefe de Estado Mayor Flavio Gustavo Arce, el excomandante del Ejército Pastor Mendieta, el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros y el excomandante de la Armada Palmiro Jarjury, pasan ahora a estar imputados en la causa conocida como "golpe de Estado II", aunque ya están en prisión por el caso "golpe de Estado I".

Por su parte, el abogado defensor de los militares, Eusebio Vera, señaló que el proceso del que se los acusa se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lugar en el que "en ningún momento se han constituido (los comandantes)", informó el diario boliviano La Razón.

Los acusados también son señalados por presuntamente haber ordenado retirar la medalla y la banda presidencial del Banco Central de Bolivia para entregárselo a Áñez en noviembre de 2019, algo que Vera también rechazó.

La imputación, sin embargo, apunta que los militares avalaron la "ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta del Estado Plurinacional Bolivia", todo ello "sin competencia para hacerlo y fuera de la Asamblea Legislativa".

Finalmente, la Fiscalía define la toma de posesión como una "investidura irregular" de una "supuesta presidenta" y habla de "puesta en escena", y "premeditado plan", informó Europa Press.

Según las conclusiones expuestas en el auto, los exmandos militares tuvieron una "participación dolosa" en "el acto final de investidura presidencial irregular".

En noviembre de 2019, Morales tuvo que abandonar el país acosado por la oposición, la OEA (que emitió una denuncia de fraude electoral luego desautorizada por auditorías académicas extranjeras) y una parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron su victoria en las elecciones del 20 de octubre.

Dos días después de su salida de Bolivia, Áñez se autoproclamó presidenta. Un año después, con el Movimiento al Socialismo (MAS) nuevamente en el poder tras el triunfo del actual presidente, Luis Arce, en las presidenciales de octubre, Áñez se encuentra encarcelada de manera preventiva por diversos delitos de terrorismo y sedición por el caso Golpe de Estado.