COVID-19

Pese al aumento de muertes, Ecuador inicia una tímida reactivación

Aunque la cifra de fallecidos constatados por COVID-19 ascendió este lunes a 2.145 y el de contagiados a 29.509, Ecuador comienza a avanzar hacia la reactivación de algunos sectores económicos bajo la aprobación del gobierno nacional, pese a la reticencias de los alcaldes.

Redacción MDZ
Redacción MDZ lunes, 11 de mayo de 2020 · 18:34 hs
Pese al aumento de muertes, Ecuador inicia una tímida reactivación

Aunque la cifra de fallecidos y pacientes constatados por COVID-19 sigue en aumento, Ecuador comienza a avanzar hacia la reactivación de algunos sectores económicos bajo la aprobación del gobierno, pese a que los alcaldes aún muestran reticencias a permitir mayor actividad en las calles.

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, en ese país andino se han registrado 2.145 muertes relacionadas con el coronavirus, y otras 1.486 tipificadas como casos "probables" del virus pero que aún deben verificarse como tales. Hasta ahora, se han tomado en Ecuador 84.287 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las que 29.509 han dado positivo y 32.859 son casos descartados.

Si bien existe aún un desfase de resultados debido al tiempo que tardan en procesarse muchas de las pruebas, basándose únicamente en resultados de las PCR (41.938 en total), la provincia del Guayas tiene 11.876 contagiados, lo que supone un 57,7% del total nacional. Le siguen las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, (2.071), Manabí (1.226), Los Ríos (1.002), El Oro (664), Azuay (577) y Santa Elena (514), mientras el resto de provincias tienen menos de 300 casos cada una.

Del total de contagiados, 13.555 están estables en aislamiento domiciliario, 388 están hospitalizados en condiciones estables y 187 con pronóstico reservado. Además, el 55 % de los contagiados son varones y, por grupo etario, el 57,5 % está en el rango de 20 a 49 años, seguido por el de 50 a 64 años con 24,6 %, y el de más de 65 con 15,3 %.

Desde el pasado 16 de marzo, la población de Ecuador se encuentra en aislamiento domiciliario como consecuencia de un decreto presidencial destinado a evitar la propagación del COVID-19. No obstante, el Gobierno nacional ha aplicado desde el pasado 4 de mayo un sistema de "semaforización" para el levantamiento paulatino y coordinado de las restricciones a la movilidad y la vuelta progresiva a las actividades laborales.

Un semáforo que pocos se atreven por ahora a cambiar, a juzgar por las declaraciones hoy del presidente nacional de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Raúl Delgado. "Debemos mantener un diálogo fluido. No es momento de dar disposiciones a través de una Cadena Nacional, es momento de trabajar por la seguridad y por la vida de la ciudadanía", dijo el funcionario sobre una declaración la semana pasada del presidente Lenín Moreno en la que urgía a ir reabriendo actividades.

El mandatario dejó en manos de los regidores la decisión de reactivar la economía, y cree que la excesiva prudencia de estos es una amenaza a la economía. "Hasta el momento no ha hablado con nosotros el Presidente de los Ecuatorianos, los contactos que hemos tenido han sido a través de ministros de Estado. Le pedimos que nos sentemos a conversar", le instó Delgado.

La casi totalidad de los 221 municipios del país mantiene el "rojo" para seguir el confinamiento, y sólo dos, Daule (Guayas) y Palora (Morona Santiago), han notificado su paso a amarillo, según la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Si bien la capital ecuatoriana se mantiene en semáforo "rojo", hoy se observó mayor actividad comercial y más locales abiertos, algunos con sus entradas cubiertas con plásticos y otros bajo la exigencia de guantes y mascarillas. También Guayaquil, la ciudad más castigada por la pandemia, donde sin embargo ha aumentado la presencia de comerciantes informales en las calles.

La semana pasada, Moreno insistió en que, transcurrida la cuarentena y con la curva aplanada, se debe enfrentar también "otro gran desafío: cuidar el empleo y la productividad", y les solicitó que "tomen decisiones (pues) no pueden permitir que la economía funcione clandestina e informalmente" porque es "irresponsable con respecto al futuro del país".

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