El expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años de cárcel

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue condenado hoy a ocho años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el cual perderá además sus derechos políticos por el plazo de 25 años. Así lo dictaminó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El exmandatario ecuatoriano, quien actualmente vive en Bélgica, ha sido sentenciado por la justicia de su país en un caso de corrupción durante su gobierno (2007-2017), ha anunciado la Fiscalía.

Una cámara de la CNJ emitió la misma sentencia para otras 17 personas, incluidos el exvicepresidente Jorge Glas, ya detenido por haber recibido sobornos en el escándalo de Odebrecht, y excolaboradores del propio Correa.

"La sentencia como tal debe ratificarse o no en segunda instancia. Todavía ninguna pena esta ejecutoriada. Esto debe llegar hasta casación y resolverse para estar en firme", explicó una fuente judicial sobre el alcance de la condena.

El exmandatario enfrenta asimismo el pago de una suma por daños y perjuicios, además de una reparación integral con la colocación de una placa en el Edificio de la Presidencia de la República, pidiendo disculpas públicas.

La sentencia acusa a Correa de haber liderado una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual recibió "aportes indebidos" en el palacio presidencial de Carondelet, para la financiación irregular de su movimiento político, el izquierdista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht.

El expresidente, que reside en Bélgica y se encuentra prófugo de la justicia por esta y otra causa, ha calificado "de payasada" el juicio y su defensa cuestionado la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.

En las audiencias previas a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al exmandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: "Todo estaba organizado desde arriba", dijo.

Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica de 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se colocaron dentro de esta trama de corrupción.