El denunciante de Dilma a MDZ: "Luego enfrentará un juicio penal"
El contralor general de la Unión en Brasil, la persona que controla las cuentas de la presidenta Dilma Rousseff, Julio Marcelo de Oliveira sostuvo que "lo que pasa, es que los actos para que haya un combate efectivo contra la corrupción o contra el mal manejo de los fondos públicos, esos actos tienen que tener consecuencias".
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Agregó al respecto que "si algo grave fue hecho y si la legislación prevé una sanción, esa sanción debe ser aplicada. Porque si no es aplicada, queda sin credibilidad tanto la legislación como las personas que son responsables de aplicar esa legislación".
Finalmente, subrayó que "si no se aplica, algún otro gobernante en el futuro podrá hacer lo mismo: no respetar la legislación". Comparó lo que sucede allí con el "Mani pulite" de Italia, la megacausa antimafia.
"Nosotros trabajamos desde el Tribunal de Cuentas en la revisión de los fondos de la Presidenta y las de 2014 ya fueron reprobadas por el Tribunal y ya fue emitida nuestra opinión al Congreso Nacional", dijo.
En tanto, especificó que mientras trabaja en la revisión de las cuentas de 2015 "estamos detectando las mismas irregularidades e ilegalidades que en 2014". En su opinión, "no podrá haber un resultado diferente al del año anterior".
- ¿Como remedio institucional, hay algún procedimiento distinto al impeachment o destitución de la Presidenta?
- Lo que pasa es que la Presidenta no logra obtener más apoyo ni de la población, porque 80 por ciento de la población considera a su gobierno mal o pésimo, ni de los empresarios que no tienen más confianza en su capacidad de conducir la economía de una manera sustentable y saludable. Entonces no hay inversiones ahora en Brasil. Están todas paralizadas. La tasa de desempleo está creciendo y va a pasar del 10%, para llegar a 12 o 13% al final del año. Esta falta de capacidad de lograr apoyo político, puso a Brasil en una parálisis total. Nosotros estamos pensando cómo debería hacer la Presidenta para cambiar este estado de cosas. Pero lo más probable es que el proceso de de impeachment llegue al final con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
- ¿Allí terminaría todo o debería que enfrentar una condena penal?
- Pienso que pueden enfrentar una investigación penal porque Lava Jato está encontrando indicios que pueden resultar en una condena penal. En este momento, sobre todo el expresidente Lula, pero la delación premiada está siendo un instrumento fundamental que es posible que permita llegar hasta la presidenta Rousseff.
- ¿Cómo han logrado continuar con esta independencia para investigar al poder, en algo que en Latinoamérica se ve como algo casi imposible?
- Las investigaciones de Brasil se volvieron posibles gracias a una serie de leyes muy recientes, incluso aprobadas durante el gobierno de la presidenta Rousseff. La Ley de las Organizaciones Criminales que instrumentó las delaciones premiadas ha sido fundamental para avanzar y fue aprobada en 2013. No es que hay un cambio de actitud de las instituciones contra la corrupción, sino que ahora tenemos instrumentos más efectivos para investigar y descubrir la verdad. Nuestra preocupación es que pueda producirse un cambio de legislación como reacción de los políticos a las investigaciones que están alcanzando a un número importante de ellos. Así como pasó en Italia con la "Mano pulite", hubo un cambio de legislación para modificar la situación de los investigados. Eso no puede pasar en Brasil.

