Intendente de Araucania busca fin al conflicto mapuche
El intendente (Gobernador) de la región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, se reunió con representantes del oficialismo y de la oposición en busca de un acuerdo y un diagnóstico común sobre los temas pendientes que tiene el Gobierno en la región mapuche, además de impulsar y viabilizar las medidas necesarias en caso de nuevos conflictos.
La cita fue en el gubernamental palacio La Moneda, donde asistieron los senadores de Renovación Nacional (RN) Alberto Espina y José García Ruminot, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y los senadores oficialistas del Partido Por la Democracia (PPD) que representan a esa región, Jaime Quintana y Eugenio Tuma.
En el encuentro se abordaron las demandas del pueblo mapuche, los inconvenientes de acceso a servicios básicos en las zonas rurales, los hechos de violencia ocurridos en la región y se delinearon algunos métodos para cumplir pronto con la entrega de tierras a las comunidades.
Este último tema fue el que concentró gran parte de la conversación, cómo acelerar y cómo concretar ese proceso, sobre el cual aún no existe una definición exacta por parte de La Moneda.
El traspaso de terrenos está pendiente desde 1993, cuando se creó la Ley Indígena y posteriormente se comprometió la cesión de terrenos en base a los títulos de merced con los que cuentan los mapuches, que fueron entregados por el Estado a partir del año 1884, tras la ocupación militar de La Araucanía.
En la cita el Gobierno planteó la alternativa de "acotar" la cesión de los terrenos, esto no implica disminuir las cantidades ya acordadas con las comunidades mapuches, sino que simplemente realizar un catastro exacto y una "delimitación".
El objetivo de delimitar la entrega de tierras es evitar que el número de hectáreas que se debe traspasar aumente debido a divisiones que se produzcan en algunas comunidades, ya que el tamaño se calcula por familia.
Los senadores opositores y oficialistas se mostraron partidarios de realizar ese trabajo, sin embargo, estos últimos manifestaron ciertas dudas sobre las consecuencias que implica esta medida, según se informó.
Uno de los inconvenientes analizados en el encuentro en La Moneda fue cómo llevar a cabo esa delimitación, si concretarla de forma unilateral o si se requiere aplicar una consulta indígena con las comunidades involucradas, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Otro de los temas que acaparó la atención de los asistentes a la reunión fue la necesidad de "aislar" a quienes han cometido ataques y provocado incendios en la región, algo que concitó un relativo consenso entre los senadores de RN y del PPD.
En este punto, las autoridades del Gobierno recalcaron que se aplicará "mano dura" a quienes sean detenidos, pero reiteraron la decisión del Ejecutivo de no aplicar la Ley Antiterrorista, esto, por tratarse de un "conflicto social".
Ese criterio fue anunciado públicamente por el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en los inicios de la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet, posteriormente, fue comunicado el 19 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, finalmente, fue reafirmado por el jefe de gabinete durante la interpelación que enfrentó en la Cámara de Diputados a mediados de julio.
(TELAM)