Reino Unido deportará inmigrantes sin derecho a apelar
El gobierno británico reveló hoy que planea cambiar las leyes migratorias y endurecerlas para poder deportar personas sin que tengan la posibilidad de apelar la decisión hasta que se encuentren fuera del país, en una medida que desafía a la Convención Europea de Derechos Humanos.
La ministra del Interior, Theresa May, adelantó el plan al diario Daily Mail y comentó que también buscarán reducir de 17 a 4 las razones legales por las que los extranjeros pueden presentar un recurso para frenar su extradición.
La iniciativa responde a la batalla judicial de 12 años que tuvo el gobierno británico para deportar al clérigo musulmán Abu Qatada, acusado en Jordania de participar de varios ataques con explosivos. La justicia del Reino Unido falló en numerosas oportunidades contra la extradición, argumentando que el país asiático podría usar pruebas conseguidas mediante la tortura a otros dos hombres.
Finalmente, el clérigo fue trasladado en julio de este año tras la firma de un tratado bilateral en el que se explicitó que no se utilizará evidencia obtenida de forma ilegal en un futuro juicio.
“Tengo en claro que la ley tiene que estar del lado de las personas que la respetan, no de aquellos que la quiebran”, comentó May.
“Vamos a extender los casos en los que vamos a deportar primero y escuchar luego la apelación”, agregó.
La ministra precisó que los cambios en la normativa podrían resolver la mitad de los 68.000 casos presentados contra el gobierno cada año y ahorrarse unos 219 millones de libras en una década.
Sin embargo, la medida atentaría contra la Convención Europea de los Derechos Humanos, de la cual el Reino Unido es signatario, que establece la presunción de la inocencia y la obligación de tener un juicio equitativo.
El texto, en su artículo 8, también defiende el derecho a una vida familiar, que distintos fallos determinaron estaría en riesgo al deportar a una persona a otro país.
Según informó Telam, el gobierno británico planea avanzar con el proyecto, que presentaría al Parlamento antes que termine el año, aunque implique ir contra la jurisprudencia de la ley comunitaria.