Los inmigrantes haitianos "invaden" Brasil
Brasil declara el "estado de emergencia" en dos ciudades debido al arribo masivo de haitianos que buscan refugio.
Representantes de cinco Ministerios brasileños y de la policía federal se reunieron hoy en Brasilia para analizar el problema de "invasión" de inmigrantes haitianos, que llevó la gobernación del amazónico estado de Acre a dictar ayer estado de emergencia social en dos ciudades.
El gobernador Tiao Viana justificó la medida alegando que Acre necesita ayuda federal para absorber al creciente flujo de haitianos que ingresan en el estado cruzando la frontera con Bolivia y con el Perú y se alojan mayoritariamente en las ciudades de Brasileia y Epitaciolandia, que están ahora bajo estado de emergencia.
"Hemos recibido un apoyo muy tímido del Ministerio de Justicia y enfrentamos una insensibilidad por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores", afirmó Viana, quien es correligionario de la presidenta Dilma Rousseff en el Partido de los Trabajadores (PT).
Según el gobernador, muchos de los inmigrantes ilegales llegan a Brasil a través de una ruta que se inicia en Ecuador y pasa por Perú, antes de llegar a Acre. Por esta razón, el político defiende gestiones para que las autoridades de Lima pase a exigir un visado a los inmigrantes que llegan de Ecuador.
"He indicado el camino hacia una solución, pero hasta ahora no he visto ningún movimiento (de la Cancillería brasileña). El Ministerio se ha mostrado insensible a esa cuestión", expresó.
Voceros de la Cancillería brasileña aseguraron hoy a la agencia oficial ABR que el gobierno brasileño sí busca la cooperación de las autoridades de los países vecinos, al tiempo que instruyó los agentes federales a aumentar la vigilancia para frenar la acción de traficantes ilegales de personas a través de la frontera con Brasil.
La adopción de medidas para ayudar la gobernación de Acre a hacer frente al flujo inmigratorio fue demandada también por el senador Jorge Viana: "Es fundamental la presencia de la Fuerza Nacional de Seguridad y del Estado brasileño en Acre, para que podamos poner fin a una cosa que es gravísima", dijo, en un discurso este martes.
Según el legislador del PT, tan solo en Brasileia hay actualmente 1.300 inmigrantes ilegales -que corresponden a alrededor del diez por ciento de la población de la ciudad-, que sobreviven en condiciones precarias de alojamiento y alimentación, lo que genera temores a episodios de violencia.
"Ojalá podamos poner fin a esta situación, sin sacrificar a esta pobre gente que busca mejor suerte en nuestro país", expresó Viana.
"Hemos recibido un apoyo muy tímido del Ministerio de Justicia y enfrentamos una insensibilidad por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores", afirmó Viana, quien es correligionario de la presidenta Dilma Rousseff en el Partido de los Trabajadores (PT).
Según el gobernador, muchos de los inmigrantes ilegales llegan a Brasil a través de una ruta que se inicia en Ecuador y pasa por Perú, antes de llegar a Acre. Por esta razón, el político defiende gestiones para que las autoridades de Lima pase a exigir un visado a los inmigrantes que llegan de Ecuador.
"He indicado el camino hacia una solución, pero hasta ahora no he visto ningún movimiento (de la Cancillería brasileña). El Ministerio se ha mostrado insensible a esa cuestión", expresó.
Voceros de la Cancillería brasileña aseguraron hoy a la agencia oficial ABR que el gobierno brasileño sí busca la cooperación de las autoridades de los países vecinos, al tiempo que instruyó los agentes federales a aumentar la vigilancia para frenar la acción de traficantes ilegales de personas a través de la frontera con Brasil.
La adopción de medidas para ayudar la gobernación de Acre a hacer frente al flujo inmigratorio fue demandada también por el senador Jorge Viana: "Es fundamental la presencia de la Fuerza Nacional de Seguridad y del Estado brasileño en Acre, para que podamos poner fin a una cosa que es gravísima", dijo, en un discurso este martes.
Según el legislador del PT, tan solo en Brasileia hay actualmente 1.300 inmigrantes ilegales -que corresponden a alrededor del diez por ciento de la población de la ciudad-, que sobreviven en condiciones precarias de alojamiento y alimentación, lo que genera temores a episodios de violencia.
"Ojalá podamos poner fin a esta situación, sin sacrificar a esta pobre gente que busca mejor suerte en nuestro país", expresó Viana.