La delicada fragilidad de las palabras y las cosas en Colombia
Cuando de generar expectativas en la seguridad pública se trata, no hay límites para un gobernante en campaña. Así parece resumirlo la situación planteada en Colombia, en estos días, y que tiene como protagonista a la idea del presidente Álvaro Uribe de incorporar a estudiantes universitarios como “informantes” de la policía, para reducir, sostiene, la criminalidad en la ciudad de Medellín.
Esta ciudad, conocida como “la de la eterna primavera”, vivió durante el año pasado momentos de fragor violento, al recrudecer la cantidad de muertes luego de un período de bonhomía en la seguridad que catapultó a su ex alcalde, Sergio Fajardo, a los primeros planos de la política nacional.
"Va en contravía de una apuesta por la transformación del país. Las consecuencias de esta propuesta son nefastas", fue la primera reacción de Fajardo.
Tal vez por esto mismo, por el nacimiento de un rival de peso en su propia tierra (ya que Uribe es nacido en Antioquia, la “provincia” o departamento colombiano en donde está ubicada Medellín), es que Uribe se empeña en “embarrar” a la ciudad en el debate político.
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Sin embargo, cuando la propuesta hizo eco en la prensa, el mandatario salió a formular aclaraciones que no hicieron más que potenciar la diatriba. "La eficacia de la fuerza pública es imposible sin la ayuda ciudadana. El Gobierno reitera su convocatoria a la ciudadanía en general para que se vuelque a informarle a la fuerza pública y colabore con la administración de justicia. En esta tarea, la patria necesita de todos sus ciudadanos", dijo un comunicado del Gobierno colombiano que, estratégicamente, evitó mencionar la palabra “estudiantes”.
Con la polémica en su cúspide por la insólita propuesta presidencial, la oposición salió a marcar terreno.
Apelo, sobre todo, a la buena voluntad de la ciudadanía para que colabore. Creo que esto es mucho más efectivo el pago de recompensas sobre resultados", dijo el actual alcalde de Medellín y sucesor de Fajardo, Alonso Salazar, un ex periodista que lidera la gestión comunal con una fuerte apuesta a la planificación estratégica y social de la seguridad.
No es fácil hablar en Colombia de cómo enfrentar la criminalidad. A la violencia guerrillera de las FARC hay que sumarle todo el andamiaje anti FARC, del que no escapa, lógicamente el Estado, pero que ya cuenta en su historia con toda una lista de intervenciones paraestatales que hacen temer por el equilibrio de las instituciones y los derechos en aquel país.
Por ello, que el propio Presidente empuje a los jóvenes a transformarse en “espías” de los agentes de seguridad vuelve a poner bajo sospecha a un sector siempre vulnerado de la población: los jóvenes.
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Son ellos los que mueren (según informó El Tiempo, 60 por ciento de los muertos son jóvenes), son ellos quienes se suponen que matan, son ellos quienes son usados para traficar armas y drogas. Son muchachos los que aparecen contabilizados como “falsos positivos”, al ser secuestrados por fuerzas de seguridad, disfrazados con uniformes guerrilleros y luego, ultimados y contados como bajas de la insurgencia. Y, si la propuesta de Uribe cunde, serán ellos, los jóvenes estudiantes, quienes se transformen en “sospechadores” sino detractores de sus propios compañeros y amigos.
"Me recuerda La noche de los lápices. La actividad de la dictadura argentina, por perseguir toda expresión de rebeldía juvenil, llevó a la muerte a muchos inocentes", le dijo a la prensa colombiana el candidato presidencial del Polo Democrático, Gustavo Petro.
Ahora, resta esperar la reacción de los jóvenes que, por hambre o por moda; por hartazgo o bien porque han nacido y crecido en la violencia, se suman con relativa facilidad a las “oportunidades” que los adultos les dan para romper su rutina de anonimato y miseria.